La decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de avanzar con la identificación electrónica obligatoria del ganado abrió un nuevo foco de conflicto con productores de cría.

Desde el sudeste de Córdoba, Carlos Baravalle, vicepresidente de Bases Federadas –organización integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA)– encabeza una ofensiva administrativa para frenar la medida y advierte que, lejos de fortalecer la competitividad, puede generar más costos, distorsiones y menor eficiencia productiva.

En diálogo con Tiempo Rural, Baravalle cuestionó “la obligatoriedad y la manera en que se está aplicando” pero aclaró que no es una crítica a la implementación de nuevas tecnologías en el agro. 

El nuevo sistema exige colocar un dispositivo electrónico, un chip incorporado en la caravana que va en la oreja del animal, junto a una tarjeta visual complementaria. Con la normativa anterior para vender los terneros “había que poner solamente el botón que no tenía chip y costaba 250 pesos, ahora está en el orden de los 3.000 pesos el binomio”.

En establecimientos de cría, donde el margen depende en gran medida de los índices reproductivos y del manejo sanitario, ese aumento no es menor. Además, explicó que el impacto no termina en la caravana: para aprovechar plenamente el sistema se requieren lectores electrónicos, cuyo costo puede alcanzar cifras millonarias.

Si se le suma la aplicación informática anual que tiene un costo aproximado de 56.000 pesos y el bastón lector electrónico de unos 3.500.000 pesos “pasamos de gastar millones por cada 100 vacas, cuando antes con caravanas convencionales solamente gastábamos unos miles pesos.

“Si la trazabilidad beneficia a toda la cadena, ¿por qué el costo lo absorbe únicamente el productor de cría?”, planteó Baravalle y criticó la promesa de un eventual “derrame” exportador ya que no compensa una inversión que, en muchos casos, compite con tecnologías consideradas prioritarias para mejorar la productividad.

El productor cordobés detalló que en la cría bovina existen herramientas claves para elevar los índices de preñez y destete: controles reproductivos, revisación de toros, diagnósticos de gestación y programas de inseminación artificial, entre otras prácticas.

“Si los números se ajustan, el productor va a elegir dónde invertir. Y probablemente priorice aquello que efectivamente le permita tener más terneros”, advirtió. En ese sentido, sostuvo que imponer un gasto adicional podría derivar en la postergación de mejoras estructurales o sanitarias.

Baravalle recordó que los rodeos comerciales tienen potencial para alcanzar altos porcentajes de preñez y destete, pero consideró que la identificación individual obligatoria no es la herramienta determinante para lograrlo.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo la “irregularidad entre lo que dice la norma y lo que se está aplicando. Según Baravalle, la resolución establece que la obligatoriedad rige para animales nacidos en 2026. Sin embargo, la fabricación de caravanas convencionales se interrumpió antes, lo que dejó a productores sin alternativa para identificar terneros nacidos en 2025 que serán comercializados este año.

Otro eje de la denuncia es la supuesta competitividad externa ya que el Senasa fundamentó la medida en razones sanitarias y en la necesidad de alinearse con estándares internacionales. Sin embargo, Baravalle relativizó la magnitud de esa demanda. “Hoy ya tenemos trazabilidad por lote, que permite cumplir con los mercados. No hay claridad sobre una exigencia masiva de identificación individual”, sostuvo. Recordó que una porción mayoritaria de la producción se destina al consumo interno, por lo que el costo total del sistema de identificación electrónica no se justifica frente a un eventual beneficio.

Como antecedente regional, el dirigente mencionó el caso de Uruguay, que implementó la identificación electrónica hace dos décadas pero “no aumentaron su índice de preñez y de destete”.

Ante la falta de respuestas a un petitorio previo, cientos de productores de distintas provincias comenzaron a presentar recursos administrativos ante el Senasa para solicitar que la caravana electrónica sea voluntaria y no obligatoria, o que se restituya el sistema convencional. Desde la MAA también manifestaron respaldo a la iniciativa y sostuvieron que si no hay una respuesta satisfactoria, el paso siguiente podría ser la vía judicial mediante un amparo.

“El malestar no es solo económico. Es por la imposición y por la falta de diálogo”, remarcó Baravalle, quien cuestionó además la escasa participación de las entidades tradicionales del sector en este debate.

La discusión trasciende la cuestión técnica. En el fondo, se debate quién define las prioridades de inversión en la ganadería argentina y cómo se distribuyen los costos de modernización. Para los impulsores de la medida, la identificación individual fortalece el control sanitario y la transparencia comercial. Pero para cientos de productores, se trata de una carga adicional que no distingue escalas y que puede golpear con más fuerza a medianos y pequeños.