En medio de las múltiples irregularidades y negociaciones por sacar prácticamente a como dé lugar la Ley Ómnibus, de la noche a la mañana la Defensoría del Público (que ampara la libertad de expresión y el derecho a la información) pasó a formar parte de la nómina de organismos a cerrar. “No estábamos en el DNU ni en la Ley Ómnibus, por eso no tenía sentido que le sacáramos a otras organizaciones u organismos los escasos 7 minutos que tenían para exponer”, cuenta la Defensora del Público Miriam Lewin, quien junto a su equipo se percató de la introducción del organismos en la lista de “afuera” el viernes de la semana pasada, cuando el oficialismo negociaba con parte de la oposición modificaciones a su proyecto a fin de lograr dictamen favorable. “Nos metieron el viernes a la noche -detalla- y ni siquiera nos nombran: estamos en el capítulo de la Conabip (Dirección Nacional de Bibliotecas Populares), con la que no tenemos nada que ver, y dice: ‘deróganse los artículos 19 y 20 de la ley 26,522. Cuando reformulan todo nos meten por la ventana. Y nos meten como moneda de cambio, diciéndole a la gente de la cultura, cine, teatro, música que los fondos de la Defensoría van a ir a financiar sus actividades, tratando de meter una cuña entre cultura y comunicación: de la misma manera que eliminan los fomecas (fondos concursables para los medios comunitarios) y les dicen al Incaa, al Instituto Nacional del Teatro y a todo ese paquete cultural: ‘estos fondos van a van a beneficiarlos a ustedes’. Pero cuando rascás un poquito la superficie de la ley te das cuenta de que no es así: al Instituto Nacional del teatro lo subsumen en la secretaría de Cultura, o sea que prácticamente lo eliminan.”

Eso sin contar con la delegación de facultades que implicaría la suma del poder público: “Durante ese tiempo todo lo que se escriba en el acuerdo ahora se puede borrar con el codo”. Como en el caso de otras áreas culturales y en las que el Estado vela por los derechos de sus ciudadanos, «la Defensoría del Público no se financia con fondos del Ejecutivo: lo hacemos con bastante menos del 5% de los gravámenes que pagan los propietarios de medios de comunicación”. Eso sin contar que el organismo no tiene déficit y que sus servicios cubren todo el territorio nacional. Pero, como sucede con otros organismos, por las características de sus tareas, el bajo perfil hace a la eficacia de sus resultados: “Damos capacitación en los territorios, acompañamos a medios comunitarios, resolvemos conflictos entre determinadas comunidades y medios de comunicación de cada provincia, estamos apoyados por nuestras alianzas con UNESCO y Unicef, la Defensoría es integrante de organizaciones de defensores y defensoras a nivel mundial, nos ha apoyado la Organization of News Ombudsmen and Standards Editors (ONO) -de la que Lewin es integrante del Comité Directivo- con una declaración demoledora: le piden a Milei que no atente contra la democracia”. Todo esto consta en la página de la Defensoría (defensadelpublico.gob.ar), que incluye  un puntilloso detalle desde el nombre y el currículum de cada uno de los miembros hasta los presupuestos, los gastos y cada una de las audiencias públicas (“llegamos a tener picos de 1600 reclamos en un día por determinadas temáticas, como cuando fue lo del móvil de la pareja indígena en el subte”) en las que participó el organismo, con sus respectivos resultados. “Las audiencias se apropiaron de la Defensoría, la Defensoría volvió a ser efectiva. No entiendo por qué la quieren cerrar.”

La Defensoría del Público no sanciona

 Ya que, además, se trata de un organismo sin capacidad para sancionar (“eso está en manos del Enacon”), y está dedicado a mejorar la libertad de expresión y el derecho de las personas a estar informadas. “La Defensoría lo que hace es ir por el lado del diálogo y la pedagogía. A tal punto no miramos la realidad con un solo ojo que durante la pandemia cuando se atacaba a Milei por presuntos problemas de salud mental y a Patricia Bullrich por presuntos problemas de consumos problemáticos, nosotros llamamos la atención a los medios sobre que esto era inconveniente y vulneratorio de derechos.”

La Defensoría del Público orienta y asesora para mejorar las prácticas informativas.

«Esto afecta principalmente a los medios comunitarios, que se les ha hecho otro golpe con la eliminación de los Fomeca que les permitían equiparse, capacitarse y producir -destaca Lewin-. En este contexto de crisis, la publicidad que las pymes locales puedan sostener para los medios comunitarios es ínfima. Y además se trataba de fondos concursables, las rendiciones eran recontra rigurosas y difíciles de hacer. Y en muchos casos se trata de radios donde no hay internet o con muy mala conectividad. La actividad de las radios comunitarias fue destacada por el Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres como una garantía de comunicación democrática. Directamente les asestan un golpe mortal.”

Lewin, como muchos dirigentes y representantes de los sectores populares están en los inicios del diagnóstico de la nueva situación a la que se enfrenta el país: “Creo que esto no tiene antecedentes -dice en una comparativa con la dictadura cívico militar y los ’90 de Menem-. Por la cantidad de cambios que se pretenden hacer, sin discusión previa, por la violencia del discurso político en general que es muy preocupante y nos preocupa desde la Defensoría -por ejemplo que se ataque a periodistas mujeres por presuntos errores-, por la cantidad de reformas en un solo instrumento legal que es inabarcable. Creo que hay desconcierto, de hecho muchos diputados y diputadas con los que me he contactado me dijeron: ‘No los encuentro, ¿dónde están? Creo que llegamos acá por qué no escuchamos a quienes querían ir contra el sistema ‘porque el sistema no me está ayudando a vivir mejor y la estoy pasando mal’. Es lo que no se supo interpretar. Hay chicas que salieron a pedir por el aborto y votaron a Milei, gente que hizo toda su trayectoria en la universidad pública y votó Milei, investigadores del Conicet que votaron a Milei. Uno se pregunta ¿cómo puede ser?” «