En el documento final del denominado Consejo de Mayo, el Gobierno nacional oficializó una propuesta que representa, en los hechos, un giro regresivo en la regulación de la tierra rural: plantea liberar la compra de tierras por parte de privados extranjeros y eliminar restricciones actuales que condicionan el uso productivo de los campos tras incendios, además de reducir mecanismos de control diseñados para evitar la extranjerización indiscriminada y la concentración de la propiedad.
Presentadas como “incentivos para inversiones” estas propuestas que el Poder Ejecutivo va a enviar al Congreso, algunos para tratarse en sesiones extraordinarias y otras en el período legislativo de este año, son criticadas por organizaciones rurales, investigadores y sectores sociales porque consolidan la transferencia de recursos estratégicos a capitales foráneos y degradan las condiciones de vida de los productores locales.
La reforma impulsada por el Ejecutivo no solo apunta a la flexibilización del mercado de tierras sino a desarmar las protecciones normativas que rigieron durante más de una década. Un ejemplo central es la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), sancionada en 2011 para limitar la extranjerización y establecer topes claros a la propiedad extranjera. La derogación de esta ley mediante el DNU 70/2023 fue frenada por la justicia y aún espera definición en la Corte Suprema, pero el paquete de reformas busca eliminar límites que hoy impiden a personas físicas y jurídicas extranjeras adquirir tierras sin restricciones, dejando solo barreras para estados extranjeros y sus organismos. Este enfoque desconoce las advertencias de especialistas sobre la pérdida de soberanía territorial y de control sobre recursos esenciales como el agua, minerales y zonas logísticas estratégicas.
El Observatorio de Tierras, un proyecto conjunto entre investigadoras e investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentó un mapa interactivo que revela la gravedad del alcance de la extranjerización de tierras en Argentina. Según ese estudio, cerca del 5 % del territorio nacional —más de 13 millones de hectáreas— está en manos de firmas o estados extranjeros, una extensión equivalente a la superficie de Inglaterra.
Aunque el porcentaje global puede parecer limitado a primera vista, el análisis por escala espacial muestra una realidad mucho más preocupante: 36 departamentos ya exceden el límite legal del 15% de tierras en manos extranjeras, con casos extremos donde la extranjerización supera el 50%, especialmente en zonas de valor estratégico como recursos hídricos, minerales o nodos logísticos. Lugares como Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja y San Carlos en Salta están entre los más afectados. Otras regiones fronterizas y a lo largo del río Paraná también muestran altos niveles de tierra controlada por capitales extranjeros.
El discurso del Gobierno nacional argumenta que ninguna provincia supera el tope del 15%. Esta afirmación que agrupa la propiedad a nivel provincial, ocultando múltiples casos críticos a nivel departamental donde, en realidad, se superan esos límites.
Los datos más recientes del Censo Nacional Agropecuario 2022 muestran que, si bien la cantidad de explotaciones rurales sigue siendo alta, la superficie está concentrada en un número cada vez más reducido de grandes superficies, mientras los pequeños y medianos productores enfrentan serias dificultades para acceder y mantener la tenencia de la tierra. Estos desequilibrios se profundizan cuando los marcos legales tienden a favorecer la atracción de capitales externos sin mecanismos de protección social, ambiental y productiva.
En sintonía con la flexibilización del régimen de tierras, el proyecto del Consejo de Mayo también retoma el debate sobre las regalías de la industria semillera y la posible adhesión de Argentina al convenio UPOV-91, que fortalece los derechos de las empresas obtentoras de semillas. Presentada como una “modernización” necesaria para “alinearse con estándares internacionales”, esta iniciativa refuerza la dependencia tecnológica de los productores y concentra aún más el control del sistema agroalimentario en manos de grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras. La combinación de tierra sin límites claros y semillas con mayores derechos de propiedad intelectual configura, para diversos sectores rurales, un mismo proceso de pérdida de soberanía productiva, donde el acceso a los recursos básicos para producir alimentos queda cada vez más condicionado por intereses externos.
En un país donde la ruralidad alimenta tanto a las grandes ciudades como a las economías regionales, las decisiones en torno a la regulación de la tierra repercuten en las condiciones de vida, trabajo y futuro de miles de familias rurales que sostienen el tejido productivo.
