Esta es una de esas notas que me debo hace un tiempo. A ningún periodista le gusta hacer periodismo de periodistas, pero la historia de Manuela Calvo me cuenta a mí misma cómo hacemos las mujeres del llamado “interior” del país para encontrar un lugarcito, un oficio y una voz para hacernos escuchar. Con suerte será mi última nota del 2025, en ella se resumen estos dos años de enfrentar las políticas del gobierno nefasto de Javier Milei.
En una entrevista por streaming, el reconocido periodista Hugo Alconada Mon dijo que no sentía miedo frente a las amenazas. No porque no existieran, sino porque -además de las medidas de seguridad preventivas- contaba con algo que muy pocas periodistas mujeres y de las provincias tenemos asegurado. Él enumeraba con alivio: el respaldo del medio donde trabaja y las asociaciones nacionales e internacionales que lo apoyaron cuando intentaron hackear su celular. El relato de Manuela Calvo periodista feminista de La Rioja es completamente distinto. Hoy está exiliada en otro país por las persecuciones, amenazas e intento de secuestro de su hijo para frenar su trabajo. No hubo mucho revuelo mediático por ello. Sí hubo pronunciamientos de la Federación Argentina de Trabajadorxs de Prensa.
“Sufrí por mi trabajo como periodista en La Rioja. Mi transgresión fue investigar una estructura de Poder Judicial y mediático que garantiza la impunidad de los agresores porque ha convertido esa protección en un negocio lucrativo. Mi única arma, en todo este tiempo, ha sido la palabra” explica Calvo. Ella estudia un entramado de corrupción que protege a los agresores, incluyendo la figura del senador nacional Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) y otros miembros de su familia.
Manuela es trabajadora de prensa y audiovisualista. Ha documentado la sistematicidad de la violencia institucional y mediática en La Rioja, enfocándose en casos de abuso sexual en la infancia y violencia basada en el género. Ha enfrentado múltiples censuras, el allanamiento de su casa, amenazas a sus familiares, y hasta se vio obligada a buscar seguridad en otro país. Calvo sabe por su propia experiencia que la vulnerabilidad de las periodistas feministas que viven lejos del puerto de Buenos Aires y está convencida de la importancia de no silenciar estos casos.
“Estoy en el exilio» con esta declaración a través de videollamada no busca dramatismo, sino que es el punto de partida de una historia que necesita ser contada. No se trata de un solo evento, sino de la anatomía de una persecución sistemática y organizada para que su investigación la cual expone un “lobby pedófilo” se detenga.
Este testimonio es, por tanto, un acto de defensa. “Es la premisa de mi lucha y la única forma que tengo de confrontar a quienes buscan silenciarme y, a través de mí, a las sobrevivientes cuyas voces intentó amplificar. Quieren quitarnos la palabra porque es el único recurso que no pueden comprar y la única defensa que las víctimas tienen. Donde se guarda la verdad que no quieren escuchar. No lo van a lograr” apuesta Manuela sentada en un departamento que no es propio, en una calle donde no conoce a nadie y en un país vecino.
El hilo de la madeja del que tiró
Se remonta a unos cuatro años atrás y recuerda mirando a la pantalla de su computadora. “Todo comenzó cuando empecé a conectar puntos. Al principio eran casos que parecían aislados, pero pronto revelaron una estructura de poder organizada para proteger a los agresores y castigar a quienes se atrevían a denunciarlos, no solo por complicidad, sino por lucro” cuenta Calvo.
“En 2021, realicé un documental sobre el caso de Patricio Pioli, un hombre condenado por difundir material íntimo de su expareja, Paula Sánchez Frega, como castigo por no querer volver con él” cuenta Manuela. Su objetivo parecía simple, si el contexto no fuera profundamente machista. Sólo se propone ofrecer la perspectiva de la sobreviviente y explicar pedagógicamente la violencia digital que estaba sufriendo.
“La narrativa mediática y social de La Rioja se había centrado en culparla, en construirla como una ‘mala víctima’. El costo humano de esa campaña de revictimización fue brutal. Paula tuvo seis intentos de suicidio”, cuenta Calvo. Su documental ayudó a cambiar la opinión pública y el caso llegó a juicio con una sociedad que entendía mejor la situación sobre los delitos de violencia sexual a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado.
Quien defendía a Pioli era el entonces Juan Carlos Pagotto, quien llegó al Senado de la Nación, en 2023, de la mano de La Libertad Avanza. “En su alegato final, frustrado por la pronta condena, señaló directamente mi trabajo y lanzó una amenaza que resonaría en todo lo que vino después. Dijo que quienes comunicamos el caso íbamos a pagar las consecuencias” recuerda Manuela, resaltando que esas no fueron palabras dichas en un pasillo; quedaron registradas en un proceso judicial.
“Una amenaza formal hecha con la autoridad de la corte como telón de fondo. Fue el primer indicio de que mi periodismo generaría una represalia directa” sentencia Calvo sobre ese primer episodio.
Las revinculaciones forzadas como patrón oculto
A partir de otro proyecto audiovisual, “Mala Madre”, Manuela comenzó a observar un modus operandi judicial alarmante en casos de abuso sexual intrafamiliar. No parecían sólo coincidencias, se desarrollaba como una táctica, según describe la periodista riojana.
“Mis hallazgos clave fueron dos. Por un lado, una caída drástica en las denuncias. Al revisar las estadísticas de La Rioja, noté que en 2021 hubo una caída abrupta en las denuncias por violencia sexual. Era como si, de repente, hubieran dejado de violar. Esto me pareció profundamente sospechoso y me hizo enfocar mi atención en el propio sistema judicial. Por otro lado, aparecieron las revinculaciones forzosas como método. Descubrí una táctica sistemática y perversa. En casos de incesto paterno-filial, el sistema judicial ordenaba la revinculación de los niños con sus presuntos abusadores antes de realizar las pericias psicológicas clave, como la Cámara Gesell” cuenta Calvo el desarrollo de Mala Madre.
Este tipo de maniobras suelen usarse para contaminar deliberadamente la investigación, pero también tienen como objetivo atemorizar a las denunciantes, tanto a las infancias como a sus madres y así garantizar la impunidad del agresor.
“En ese momento comprendí que no estaba investigando casos aislados de violencia, sino una estrategia institucionalizada. Me di cuenta de que había un negocio entre estudios jurídicos y cómplices dentro del sistema judicial, donde las víctimas no son tan lucrativas como los victimarios” relata Manuela el momento en el que sintió que el sistema judicial de su provincia “dejó de ser un observador” y “actuó” directamente en su contra.
La censura a un dibujo animado
El primer ataque a la libertad de expresión que cuenta Manuela no fue una amenaza velada, sino un acto de “censura explícita y absurda”. Tan difícil de explicar, que en el norte diríamos que fue “tirada de los pelos”. En 2021, el acto de censura previa de su cortometraje Sin voz reveló los vínculos de poder que había comenzado a desentrañar.
“Para relatar el dolor y el sentir de las niñas víctimas de estas revinculaciones forzadas sin exponer a ninguna en particular, decidí usar la ficción. Escribí el guión para un cortometraje de dibujos animados. El corto no contaba la historia de una niña, sino que buscaba representar el universo psicológico de todas las víctimas en situaciones análogas, protegiendo sus identidades” señala Manuela con detalle cómo fue avanzando con su trabajo paralelamente mientras.
Sin Voz fue seleccionado en el marco del Plan de Fomento a la Creación Audiovisual “Tu Historia Late”, impulsado por la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja; pero, a diferencia de los otros doce cortos que sí se estrenaron en la pantalla grande los primeros días de febrero, éste no se proyectó por decisión judicial. Ante una denuncia del progenitor acusado de uno de los casos más polémicos de La Rioja, el caso Arcoíris, el poder judicial provincial resolvió censurar la pieza audiovisual.
“Aquí es donde el hilo se conectó de forma definitiva. El abogado que impulsó la medida cautelar de esta censura, que se metió en el caso específicamente para detenerme, era el sobrino del senador Pagotto. La amenaza del juicio de Pioli y la censura a mi trabajo ya no eran eventos separados. Eran parte de la misma operación” describe la comunicadora utilizando uno de los casos que servía como ejemplo de este patrón que investiga.
Aunque el corto no trataba el caso Arcoíris ni incluía referencias directas, la justicia riojana ordenó esta medida sin ver la película y sin evaluar su contenido, convirtiéndose en un acto de censura previa prohibido por la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Se sumó un bozal legal que impide a Calvo hablar, publicar o incluso comentar sobre la causa, la obligó a borrar contenidos ya difundidos y la expone a multas económicas desproporcionadas. Mientras otros medios riojanos publicaron datos sensibles de la niña sin recibir restricciones, la justicia actuó solo sobre la comunicadora, instalando un precedente alarmante sobre la posibilidad de silenciar investigaciones, relatos artísticos y coberturas sobre violencia y abuso mediante decisiones judiciales.
De hecho, esta semana la justicia riojana volvió a forzar a la nena que está a punto de cumplir 10 años a revincularse con su progenitor en La Ríoja. En un procedimiento totalmente irregular la sacaron de la casa de su mamá en la Ciudad de Buenos Aires y la llevaron a La Rioja, a pesar de que la nena pedía que no lleven.
Resulta muy simbólico, para Manuela, que ataque a su trabajo sea por un dibujo animado de ficción que no hablaba particularmente de un caso, sino a las acciones del mismo sistema judicial. “Me censuraron para encubrir sus propios delitos. Esto fue solo el preludio de una escalada de ataques sistemáticos que buscarían destruirme profesional y personalmente” reconoce.
La persecución se intensificó
Lo que siguió fue, según Calvo, una mecánica de hostigamiento de parte del Poder Judicial riojano. Después cinco censuras previas, tres denuncias falsas en su contra, múltiples presiones mediáticas y un allanamiento con secuestro de sus herramientas de trabajo. “Ya no eran solo los agresores y sus abogados. Lo que siguió fue una campaña de violencia institucional diseñada para agotarme, silenciarme y criminalizarme”.
“Órdenes judiciales sistemáticas para silenciar mi trabajo, que continuaron incluso cuando empecé a publicar en un medio nacional como Página 12. La criminalización como estrategia. Una de estas denuncias fue iniciada por una jueza para intentar encubrir sus propios delitos, que yo había expuesto. En 2022, allanaron mi casa y secuestraron mis herramientas de trabajo. Se llevaron computadoras, discos duros y teléfonos. Querían impedirme trabajar” enumera Manuela como pudo sobreponerse con su familia y junto a compañeras a todos estos embates.
El engranaje final
El caso que terminó de revelar, para ella, la dimensión de la red de encubrimiento fue el de Alfredo Chade, funcionario condenado por explotación sexual infantil y primo hermano del senador Juan Carlos Pagotto. La relación familiar expuso los intereses que, sospechaba, estaban detrás de la persecución.
“Fue el caso de Chade el que me hizo comprender la magnitud y la motivación profunda de esta red de encubrimiento. Chade era un funcionario público en Chilecito, en 2025, fue condenado a 35 años de prisión. En sus dispositivos se encontraron más de 1300 archivos de explotación sexual infantil, la mayoría de ellos protagonizados por una niña de su entorno. A pesar de la evidencia abrumadora, la víctima fue sometida a una revictimización brutal, la Cámara Gesell se perdió, y el proceso se dilató durante años para buscar la nulidad” describe minuciosamente Manuela Calvo.
La trama mostraría que la familia Pagotto tendría un interés directo en sostener un esquema de impunidad en La Rioja. La estructura de poder funcionaría como un engranaje perfectamente alineado: un hermano del senador había presidido el Tribunal Superior de Justicia provincial, otro sería juez de cámara y el propio Pagotto operaría desde su estudio jurídico privado. Así, de acuerdo a la periodista exiliada, presencia en la Corte provincial, en la primera instancia y en el ámbito legal, los Pagotto podrían controlar cada tramo del sistema judicial. En ese escenario, su trabajo periodístico que daba voz a las víctimas y exponía el funcionamiento de ese entramado se convertiría, para ellos, en una amenaza capaz de poner en riesgo sus negocios y la protección que habrían construido durante años.
“Fue entonces cuando la persecución a mí como profesional se transformó en amenazas directas contra mi familia y mi vida” sentenció la periodista desde Montevideo, la capital del país vecino Uruguay. Desde ese refugio continúa su labor de forma tenaz y expone la situación de retroceso en la libertad de expresión en Argentina, sentencia Calvo.
El 29 de enero de este año, mientras esta periodista feminista cubría una causa judicial, la periodista Nadia Araya – vinculada laboralmente al sobrino de Pagotto- la amenazó frente a testigos. “Ya vas a ver lo que le va a pasar a tu hijo”, le habría dicho. Días después, el hijo de Calvo fue detenido irregularmente por policías sin identificación y sin orden judicial. Ella y su esposo llegaron cuando estaban por subirlo a un patrullero. “El punto de quiebre, el evento que me forzó a abandonar mi país, no fue una orden judicial ni una campaña de difamación. Fue el día en que intentaron secuestrar a mi hijo” recuerdo con mucho dolor la desesperación que sintió como madre de un adolescente.
A plena luz del día, Calvo comenzó a transmitir en vivo para generar testigos en tiempo real. La exposición frenó la maniobra. “La vida de mi hijo se salva porque nosotros subimos a ese patrullero. La transmisión por las redes sociales fue la herramienta, pero el acto de interponernos físicamente fue lo que impidió que desapareciera en un vehículo sin identificación. Después de ese día, supe que ya no había garantías para mi seguridad ni la de mi familia en Argentina” relata Manuela ese último episodio que la empujó a dejar el país por seguridad. En la dependencia policial, la familia fue liberada porque según le dijeron “no había motivo para demorarlos”.
“Ese fue el momento en que entendí que la única opción que me quedaba para proteger a mi familia era la más dolorosa de todas, el exilio” se siente la voz quebrada de Manuela desde Montevideo, capital de Uruguay. Ese es refugio desde el que sigue atenta a los acontecimientos de su provincia, continúa su labor y expone la situación de retroceso de la libertad de expresión en Argentina.
No estamos solas, pero estamos en riesgo
“Mi exilio no es un hecho aislado. Es un síntoma de un problema mucho más profundo que afecta a las periodistas feministas en Argentina, una violencia que se ha intensificado y envalentonado con el cambio de gobierno nacional”.
Al final, toda esta persecución se reduce a la batalla por la palabra. Es una batalla cultural, es una batalla de sentido, es una batalla de políticas públicas. “La ‘doctrina de las falsas denuncias’ que impulsan personajes como Pagotto no es una cruzada por la verdad; es una campaña de propaganda para encubrir crímenes de lesa humanidad cometidos por el propio Estado, como la tortura que significa obligar a una niña a vivir con su abusador” denuncia con fuerza Manuela Calvo.
El objetivo parece ser quitar el poder de la palabra porque ha sido nuestra única forma de defender a mujeres y disidencias de las violencias. Es la única herramienta que tienen las víctimas, el único poder que poseemos como sobrevivientes para nombrar la injusticia y exigir un cambio.
“Lo que viví en La Rioja fue una especie de laboratorio de persecución. El silencio en torno al exilio de Luciana Peker y la poca cobertura y complicidad mediática en ese silenciamiento sentaron un precedente. Porque si hubiera sido Jorge Rial, todos nos enteramos. Esa impunidad permitió que la violencia escalara contra aquellas con menos visibilidad, las que trabajamos en ‘el interior del interior’. Sí podían hacerlo con ella y no pasaba nada, ¿qué nos quedaba a nosotras?” recuerda Manuela sobre la periodista y escritora feminista exiliada desde el 2023 en España tras denunciar haber sido víctima de un engranaje de inteligencia, hostigamiento y violencia institucional que incluyó la sustracción de datos personales, la apertura de líneas telefónicas a su nombre y amenazas vinculadas al caso judicial de Thelma Fardin, en el que tuvo una participación activa.
“Por terrible que suene, hoy entiendo que poder exiliarme es casi un privilegio. No todas mis colegas tienen esa posibilidad. El espectro de vulnerabilidad en el que trabajamos es amplio y mortal. Tenemos el extremo de la periodista víctima de persecución policial y amenazas directas, Griselda Blanco asesinada.” Manuela trae a la memoria a una periodista radial, precarizada y perseguida de Corrientes, cuyo crimen, de mayo de 2023, aún no obtuvo justicia.
“Me han quitado mi casa, mi tierra y mi seguridad, pero no me quitarán la voz. Aunque sea desde el exilio, seguiré contando estas historias, porque el silencio es cómplice, y yo me niego a serlo” concluye Calvo.
