En su acto de despedida en la Plaza de Mayo el pasado 7 de diciembre, Mauricio Macri había planteado que Juntos por el Cambio sería “una oposición constructiva”. “No vamos a poner obstáculos”, remarcó, en uno de los tramos de su corto discurso de nueve minutos el ahora ex mandatario. Unos pocos días después esa frase comienza a ser puesta a prueba. El presidente Alberto Fernández envió al Parlamento Nacional los proyectos para declarar las emergencias económica, sanitaria y social. Las primeras señales de la nueva oposición indican que a la frase dicha por Macri se la llevó el viento que soplaba esa misma tarde frente a la Casas Rosada.

Los primeros en plantear una posición contraria fueron los lilitos. El bloque de 15 diputados conducido ahora por el diputado nacional Maximiliano Ferraro emitió un comunicado en el que anticipó que no acompañarán “proyectos de ley de emergencia que otorguen al Poder Ejecutivo Nacional atribuciones excepcionales que vulneren la Constitución Nacional”. “No hemos votado poderes especiales para ningún gobierno en el pasado ni lo haremos tampoco ahora. La CC-ARI tiene una posición histórica sobre este tema y no la va a modificar”, agregaron los lilitos.

En rigor, la emergencia económica fue utilizada por el gobierno de Macri durante los primeros dos años de gestión. Cambiemos la dejó sin efecto, al no pedir su prórroga, recién a finales de 2017, después de que ganara las elecciones de medio término y fortaleciera su posición en el Congreso Nacional.

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Las otras fuerzas de Juntos por el Cambio, la UCR y el PRO, aún no tienen una posición tan definida sobre la iniciativa de AF. Sin embargo es evidente el tironeo que las recorre entre dos necesidades políticas contrapuestas. La primera: mostrarse colaborativos al menos en el arranque de la nueva gestión. La segunda y opuesta: la dificultad de aceptar una declaración de “emergencia” en aspectos tan centrales, ya que eso implicaría avalar el diagnóstico que realizó el nuevo mandatario sobre la herencia que dejó el macrismo.

“Primero tenemos que leer bien el proyecto. Analizar qué es lo que se pretende”, le dijo Tiempo el diputado nacional del radicalismo Miguel Bazze, secretario general del bloque. “La Argentina tiene problemas y puede ser que alguno amerite una norma de este tipo. Pero por ahora estamos discutiendo títulos. Tenemos que estudiar bien lo que se enviará”.

“A lo que no nos vamos a prestar-agregó Bazze-es a una utilización política para instalar la idea de que el país está en emergencia. No decimos que no haya problemas, pero hay muchos que no necesitan esta normativa para encarar la solución”.

Una fuente del bloque PRO que habló con este diario, en reserva, reconoció que para la fuerza amarilla es aún más complejo que para el radicalismo acompañar las medidas porque traen consigo un reconocimiento explícito de que es cierta la caracterización de la situación del país que hizo el flamante gobierno peronista.