La interna que sacudió al gobierno tuvo un final técnico y político. La tensión que se generó por la disputa tarifaria quedó encapsulada en el Ministerio de Economía, con Martín Guzmán de gira con el presidente Alberto Fernández por Europa para llevar adelante su tarea más específica: negociar la deuda en medio de un contexto de pandemia.

La puja distributiva que subyace debajo de las diferencias tarifarias se saldó con la foto de unidad del miércoles, cuando el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández se mostraron unidos junto al resto de los integrantes de la coalición de gobierno. El fallo de la Corte Suprema en favor de Horacio Rodríguez Larreta sirvió para abroquelar el frente oficialista. No habrá más aumentos del ya establecido 9%, tal como pretendía la vicepresidenta, pero tampoco habrá funcionarios eyectados de sus sillas. “El problema lo tiene que resolver la Secretaría de Energía”, sentenció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, este sábado en declaraciones radiales.

Sin embargo, fue el propio Guzmán quien el viernes volvió a criticar el esquema de subsidios cuando afirmó: “Debemos ser autocríticos, porque tenemos subsidios pro-ricos”. “Estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y gas en una parte de la población que hoy no es prioritario que reciba esos subsidios, que tienen que ser utilizados para quienes más lo necesitan”, enfatizó el ministro.

Sí hubo acuerdo en que el descongelamiento de los aumentos de tarifas tras el primer año de pandemia se llevaría adelante de manera desdolarizada, tal como había advertido el propio presidente cuando era candidato. “El aumento de Macri previsto para esta fecha era del 120%, y termina siendo del 9%”, explicaban en la Rosada.

El próximo aumento será una vez terminado el proceso de segmentación que el propio gobierno reconoce largo y engorroso, y todavía no está cerca de tener una redacción en borrador. Por ahora, las que se quedan sin ganar de más son las empresas energéticas. “Esta discusión tiene que ver con exceso de rentabilidad durante 4 años”, reconocieron fuentes oficiales a Tiempo. Según explicaron, estos aumentos desenfrenados que exigían no sólo iban a ser una sobrecarga para las familias que no iba a tener tarifas acordes a su poder adquisitivo, sino que también iban a significar un obstáculo para que la industria cuente con energía a precios razonables.

“Hay que sacar los nombres propios, se hirió a muchos compañeros, al trabajo y la honestidad con que muchos vienen ejerciendo su tarea. Fue una discusión personal que se llevó hacia los medios. Eso hizo daño y no debió ocurrir” se quejó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en declaraciones radiales este sábado. “Hay que ir hacia una segmentación, es un proceso, no es de un día para el otro. El debate se dio en la implementación, en la lapicera fina. La Secretaría de Energía concentra el trabajo con los entes, el Enargas y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)”, definió el jefe de Gabinete.

Por lo pronto, el ENRE firmó un acuerdo de asistencia técnica con el CONICET con el objetivo de asesorar en el diseño de políticas públicas en el marco de la segmentación tarifaria que lleva adelante. Asimismo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) aportará investigadores a los equipos de trabajo. La firma del convenio se llevó a cabo entre la interventora del ENRE, Soledad Manín, y el gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET, Sergio Romano. Del encuentro de trabajo también participó la presidenta del organismo, Ana María Franchi.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada aclararon que Guzmán “es un excelente ministro de Economía” y que las tensiones por la renta energética y las diferencias por la política de subsidios a la población son cuestiones que no “están atadas al acuerdo con el FMI”. Es que el ministro cuenta en su haber con dos logros clave para el gobierno de Alberto, castigado por la pandemia: haber acordado con los acreedores privados primero y haber controlado el dólar ilegal hacia el final del año pasado. Y por delante, tiene otros dos objetivos: cerrar el complejo acuerdo con el FMI y avanzar en la negociación con el Club de París. Para eso, el gobierno argentino sumará apoyos de presidentes europeos y el Papa en el viaje que encara esta semana. Fue el propio Guzmán quien intentó allanar el camino hace tres semanas en su encuentro previo con el Sumo Pontífice. En ese viaje, los representantes de los acreedores del Club de París le dijeron que esperarían hasta que hubiera avances con el Fondo para mover alguna ficha. Ahora llegó el momento de jugar las cartas claves de su gestión como ministro.  

El proyecto que reemplaza los DNU va al Congreso 

El gobierno nacional enviará este lunes el proyecto de ley que establecerá pautas sanitarias objetivas y le dará poder al presidente Alberto Fernández, pero también a todos los gobernadores y gobernadoras, para tomar medidas restrictivas en medio de la pandemia.
Según relató el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, los criterios epidemiológicos serán similares a los establecidos en los dos DNU que firmó el primer mandatario durante este año. De esta manera, el gobierno busca evitar la discusión de datos sanitarios comparados de manera arbitraria. Es que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta había argumentado la falta de “criterios objetivos” para implementar medidas. Luego de la judicialización, y ahora abierta desobediencia del dirigente porteño, el gobierno decidió buscar apoyo en el Poder Legislativo.
Por lo pronto, el resultado de la votación del Consejo Federal de Educación funcionó como precuela que anticipa las posiciones de los gobernadores en el futuro debate en el Congreso. De los cuatro mandatarios opositores, solo dos quedaron sosteniendo la bandera de la presencialidad en las escuelas.

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