La decisión del ministro de Defensa Luis Petri de desarmar el equipo que investiga los archivos de las Fuerzas Armadas, que representa el vaciamiento de un insumo clave para los juicios por crímenes de lesa humanidad, llegó a las Naciones Unidas. La legisladora porteña Victoria Montenegro pidió la intervención del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, y reparación de Naciones Unidas, el argentino Fabian Salvioli, por los “evidentes retrocesos en lo que respecta al ejemplar proceso de Memoria, Verdad y Justicia de la Argentina”.
“Pongo en su conocimiento mi preocupación vinculada con el desmantelamiento de hecho de los Equipos de Relevamiento y Análisis de archivos de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, actualmente a cargo de Luis Petri”, señaló la presentación realizada por la legisladora, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
Allí recordó que el 27 de marzo, el director de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario del Ministerio de Defensa comunicó el despido de diez de las trece integrantes del área, todas personas con conocimiento especializado y experiencia en la temática que cuentan además con una trayectoria de muchos años.
Derechos Humanos, otra víctima del vaciamiento
“Al vaciar de técnicos y técnicas a los Equipos, básicamente se les obstruye la capacidad de aportar información y documentación clave para la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico miliar. En el mismo sentido, entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias”, añadió.
Montenegro sostuvo que las medidas adoptadas “impactan directamente en el derecho a las víctimas directas, a sus familias y a la sociedad en general de conocer la verdad sobre lo que sucedió, en el derecho a la investigación, juzgamiento y adecuada sanción de los responsables y en lo que hace a la construcción de la memoria colectiva, esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”.
Esta misma situación fue denunciada el viernes pasado en conferencia de prensa por la legisladora junto integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, CELS, Memoria Abierta, ATE del Ministerio de Defensa, CTA Autónoma, UTE, Sipreba y Metrodelegados, entre otros.
Para frenar el vaciamiento de esta área clave para los juicios, los abogados Pablo Llonto y Mariana Maurer presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 de Capital Federal, a cargo de Daniel Rafecas.
