Este miércoles 1 de febrero, una semana después del anuncio, entra en vigencia la resolución de la secretaría de Comercio que elimina el sistema de cuotas sin interés.

El gobierno sostiene que las cuotas sin interés no existen en la práctica, ya que se eleva el precio del contado para encubrir el interés de las cuotas. La medida prohíbe, entonces, cualquier tipo de publicidad de pago en cuotas sin interés.

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El gobierno presenta esta medida como una defensa a quien paga en efectivo y afirma que bajará el precio de contado «entre un 10 y un 15%». Sin embargo, también es probable que el precio de contado se sostenga y se eleve el precio de pago con tarjeta, lo cual opera en contra del propio espíritu de la iniciativa. De hecho, según estimaciones bancarias, una compra en 12 cuotas tendrá un aumento del 40%; en 6 cuotas, del 20%, y en 3, del 10%.

«Vamos a aumentar la transparencia de los precios», expresó el martes 24 de enero el secretario Braun. La idea es «evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado». La medida, además, incluye la obligación para los comercios de mostrar cómo se conforma el precio final de contado y en cuotas «con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información».

Con respecto a los planes Ahora 12 y Ahora 18, el gobierno dice que «esta medida no modifica en nada los programas Ahora 12 y Ahora 18. Lo que va a suceder es que a partir del primero de febrero estos programas también deberán explicitar el interés implícito, que son del 10 y del 15 % respectivamente, ya que cuentan con un subsidio del Gobierno y son costos financieros menores a los del financiamiento que puede tener un producto directamente», explicó Braun. Lo cierto, es que si bien no tendrán el mismo interés que los pagos con tarjetas de crédito, tampoco será lo mismo que pagar al contado. Será un punto medio entre uno y otro medio de pago.

La resolución es consecuencia de una larga e irresoluta discusión sobre los impuestos que pagan los comercios a los bancos por operaciones con tarjetas de débito y de crédito. De esta manera, el gobierno intenta calmar un poco los ánimos de los bancos, que criticaron con dureza esa transferencia de fondos.