Miles de interrupciones de servicio, cartas de intimación por falta de pago, grandes demoras en la restauración de servicios e incluso cortes por facturas atrasadas. La gente salió a la calle a protestar por la falta de luz y de gas, mientras que asociaciones que representan a consumidores amenazan con una «denuncia penal». En ese contexto, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró que «la gente ya aceptó los aumentos y los paga».
En tanto, el presidente de Edenor, Ricardo Torres, apostó a una verdadera campaña del miedo: «En cuestión de días nos vamos a quedar sin dinero. Es difícil imaginar qué va a pasar; no podremos pagar los salarios y tampoco los gastos». Los problemas de muchos usuarios con las empresas distribuidoras de gas y de luz son similares. Cada vez hay más cortes por «pérdidas de gas» que tardan semanas en subsanarse. El ENRE reconoce «interrupciones por baja tensión» que no se solucionan en tiempos razonables. El resultado es el de usuarios sin servicios, en un marco de victimización de las empresas y de una puja política y judicial por los aumentos en las tarifas.
El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, contó a Tiempo que si bien no recibieron muchas denuncias por cortes por falta de pago, sí hubo muchas quejas por cartas de intimación. «Ya presentamos nota al ENRE para que exija a las empresas de energía que no emitan facturas con los nuevos valores y no intimen a los usuarios hasta que la Corte Suprema defina la situación»; en caso contrario «estarían desobedeciendo la ley», explicó, al tiempo que dijo no haber tenido respuesta del ente regulador. Pedro Busetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DeUCo), coincidió en no haber recibido muchas denuncias de cortes por falta de pago, pero para que no haya más, «con la Multisectorial hemos pedido al directorio (de los organismos reguladores) que las empresas no puedan intimar ni cortar».
En el caso de la electricidad, la situación de interrupciones reiteradas y prolongadas se da, según Bassano, «porque existe una connivencia entre el ente regulador y las empresas», al tiempo que presenta dos hipótesis: «Si no cumplen por chantajear a la gente para que pague algo que sería ilegal cobrar, es un delito penal; si no cumplen por incompetencia, deberán pagar por daños y perjuicios».Edesur, en tanto, está inmersa en una crisis gremial, con amenazas de más despidos (ya hubo 186). «El cableado es deficitario y los cortes duran semanas porque no hay cuadrillas, no tienen gente porque la despiden; cuando por fin reparan, lo hacen con materiales deficientes que vuelven a fallar. Es porque no hacen los mantenimientos correspondientes, compran materiales de baja calidad y ni el ente regulador ni el gobierno los controlan», enumeró Bassano y se preguntó: «¿Qué han hecho con todos los subsidios recibidos en estos años?»
Otro reclamo es por la refacturación ordenada por la jueza federal Martina Forns, que fue incumplida por todas las empresas de electricidad. «Es una desobediencia a la Justicia», advirtió Busetti y amplió: «Las empresas ponen como excusa que para refacturar tienen que cambiar todo el sistema El ENRE no las sancionó ni las advirtió».
