El gobierno encara la Audiencia Pública (AP) por la tarifa de luz con mucha tranquilidad. Luego de haberse sacado de encima esta semana los útimos condicionamientos judiciales, el Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren, tiene la pista libre en una audiencia que se prevé mucho menos intensa que la del gas.

En el terreno judicial, el macrismo se las arregló para sortear todos los amparos a los que dio lugar la justicia. El fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata suspendió el tarifazo a la provincia de Buenos Aires, pero solo por 90 días, que vencieron hace poco. Por otro lado, la Corte Suprema rechazó el fallo federal de Martina Forns, de San Martín. Y en la última semana, el gobierno obtuvo la aceptación de una apelación, con efecto suspensivo sobre el fallo del Tribunal en lo Civil y Comercial Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín. Así, quedó el camino allanado.

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El economista Hernán Letcher, director del CEPA y concejal del FpV del distrito de San Martín, no fue muy optimista con poder revertir la situación en la AP: «No creo que cambie absolutamente nada. Van a legitimar los límites máximos que ya impusieron antes. Es preocupante, sobre todo por la realidad de las pymes», opinó. Y explicó: «Lo único que se podría llegar a lograr es que el aumento se empiece a cobrar a partir de la AP y no desde el origen. Tal vez cedan en eso, pero los topes van a ser lo que plantearon».

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), tampoco fue muy optimista, aunque contó cuáles serán los reclamos que llevarán a la AP: «Primero, tienen que poner el paquete accionario a disposición, para saber quiénes son los dueños de las empresas y así evitar monopolios. Luego, explicar que los subsidios no son un castigo para los seres humanos.Sobre todo, cuando sabemos que el RTI está planteando el aumento sobre el aumento que ya pasó. Cuando comiencen a acercarse las facturas, va a haber situaciones muy complicadas. Tercero, reclamar que no existe una concientización sobre si Edenor y Edesur están capacitadas para brindar el servicio», enumeró. Sobre este último punto también hizo hincapié Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), quien detalló: «La calidad del servicio es pésima. En zonas críticas, hay reiterados cortes de luz que duran muchos días. Por ejemplo, en Villa Crespo, Almagro, Caballito, Flores, Lanús y Lomas, donde los cortes llegaron a durar diez o 12 días. Tampoco se hacen obras necesarias para que los usuarios paguen por la calidad que corresponde. ¿Cómo hicieron para recibir subsidios sin cubrir inversión? ¿Qué hicieron con ese dinero?», se preguntó.

Francisco dos Reis, presidente de la Central de Entidades Empresarias (CEEN), habló sobre las dificultades de las pymes en ese contexto: «En el sector, es difícil medir si el aumento es del 300 o 400%, por la caída que hubo en la actividad. Un informe del mes pasado dice que bajó el consumo de energía, pero fue porque cayó la actividad. En los ’90, cuando cerraron 61 mil empresas, sobraba la energía y se exportaba», comparó. «En los últimos diez años, la economía creció un 110%. Eso genera inevitablemente un desfasaje, habría que tener paciencia y tomar medidas para generar la energía suficiente. Pero no hacer esto».

Boada reconoció que es positivo que ahora «la tarifa social abarque a los electrodependientes, a los clubes y organizaciones sociales. Pero preocupan las pymes y recuperadas, que deberían tener tarifa diferenciada». «

FECHAS

La audiencia pública tendrá lugar en el Teatro de La Ribera, el 28 de octubre.

Será relativa a los valores de distribución de la energía eléctrica, que afectan a la tarifa. En diciembre se hará otra audiencia para determinar los valores de generación y transporte.