El caso fue muy resonante. El 9 de septiembre de 2016 un mecánico de la línea 60 moría aplastado por una formación al derrumbarse sobre su cuerpo un autoelevador que la sostenía. Se trata de David Ramallo que entonces tenía 35 años y falleció en el Hospital Penna luego de ser trasladado con heridas de gravedad desde los talleres de la empresa. Ese día Diego Soraire trabajador del INTA y Richard Alcaraz, obrero de la construcción también morían como resultado de falencias en la seguridad en sus lugares de trabajo.

A casi cinco años de la muerte de Ramallo, sin embargo, el fiscal Marcelo Retes elevó al juez Gorostiaga que lleva la causa un pedido de sobreseimiento a los responsables. Para los trabajadores, la decisión del fiscal intenta “culpar a David como causante de su propia muerte”.

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Por eso, los delegados de la combativa Línea 60 movilizarán este viernes a la sede de los Tribunales para que el juzgado a cargo del juez Gorostiaga desestime esa recomendación de la fiscalía y avance con el enjuiciamiento a quienes ellos consideran que son los responsables: la empresa y el supervisor del turno que obligaron a David a operar con un autoelevador que, a pesar de ser nueva, él mismo, al igual que otros mecánicos, habían alertado que no estaba en condiciones de soportar el peso del colectivo que debía reparar.

Desde el colectivo de Basta de Asesinatos Laborales (BAL) en el que participan activamente los propios choferes de la 60 la decisión del fiscal se tomó “sin tener en cuenta la información aportada por las pericias de la PFA, CNRT y el perito Ingeniero Castro. Tampoco solicitó la declaración testimonial de los trabajadores que habían denunciado la unidad en cuestión, y no tuvo en cuenta los requerimientos de la querella”.

Por eso, señalaron, “Reta se comporta más como abogado defensor de la patronal que como alguien encargado de esclarecer los hechos y llevar a la justicia a los culpables”.

En un comunicado aseguraron que “la patronal eligió ignorar” las denuncias de los trabajadores que operaban el autoelevador y que las “sigue ignorando: hace unos días se desplazó nuevamente un colectivo, y de casualidad no hubo otra víctima fatal”.

Uno de los delegados de la Línea, Nestor Marcolín, señaló que “el fiscal pidió el cierre de la causa diciendo que David practicamente se había suicidado agarrándose de una pericia del INTI donde dice que David arranca el colectivo, saca el freno de mano, pone directa y se pone abajo del colectivo. Este fiscal omite las pericias de la Policía Federal y la CNRT que se hicieron el mismo día y de nuestro perito de parte y se agarra de una pericia que se hizo meses después con el colectivo abandonado en un galpón sin batería y sin ponerlo en marcha. Tampoco llamó a los trabajadores que habían denunciado que el colectivo se ponían en marcha solo y que habían alertado que la rampa que era nueva y muy moderna no correspondía con las especificaciones técnicas para hacer ese trabajo. No le daba para sostener ese peso y el encargado lo mandó a reparar el coche igual”.

Marcolín señaló que “si la causa se mantuvo abierta hasta ahora es por la movilización y la fuerza de los trabajadores. Ahora quieren cerrarla para dejar libre de culpa y cargo al presidente de la empresa y el encargado. Este viernes nos movilizamos para eso”.

Los trabajadores movilizarán el viernes a las 9 de la mañana a los Tribunales.