La cercanía en el tiempo de las próximas elecciones fue utilizada por algunos medios y exponentes de la oposición para atribuir las últimas medidas de reactivación económica a un objetivo “electoralista” del Frente de Todos. Sin embargo, al analizar lo que se planteaba en la plataforma electoral de esta agrupación en 2019 y lo que se hizo hasta ahora, las políticas no son más que una ratificación de lo propuesto y lo que votó la ciudadanía en los comicios presidenciales. Los objetivos fueron siempre los mismos y se encuentran más vigentes que nunca.

Resulta pertinente no olvidar la situación que heredó el gobierno de Alberto Fernández: una dura recesión, aumento del desempleo, de la pobreza y la indigencia, y un endeudamiento externo y local imposibles de afrontar, entre otras emergencias. Para luego, a tan sólo noventa días de asumir el cargo, tener que lidiar con la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias. A pesar de ello, las políticas del gobierno nunca perdieron el rumbo, más bien, lo intensificaron, en especial con importantes medidas redistributivas.

Durante 2020, en plena pandemia, se lanzaron diversos programas para paliar la situación y proteger a los más vulnerables. Los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzaron a casi 9 millones de hogares y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) implicó la reducción de los aportes patronales a las empresas más perjudicadas por la situación y una asignación compensatoria de los salarios. Se prohibieron los despidos sin justa causa para proteger también los puestos de trabajo formales, se congelaron las tarifas de servicios tales como telefonía móvil, gas, agua corriente y energía eléctrica, se suspendieron los desalojos de inmuebles por falta de pago, se otorgaron importantes beneficios a los afiliados a la ANSES que poseían deuda pendiente con el organismo, entre otras tantas iniciativas.

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Muchas de estas medidas continúan vigentes y se tomaron además nuevas, en línea con la cambiante coyuntura pandémica que aún padecemos. Hace pocos días se amplió a nuevos productos el Programa Ahora 12, con la posibilidad de comprar en 24 y 30 cuotas fijas para gran cantidad de rubros de industria nacional, con lo cual se fomenta al consumo y a la producción doméstica, en especial de las pymes.

La mención de algunos pasajes de las propuestas electorales de 2019 ratifica lo que se está haciendo. Allí se resaltaba que “las primeras medidas a tomar por un nuevo gobierno deberán estar asociadas a las situaciones de emergencia (…) la situación de violenta inestabilidad financiera, generada por el sobreendeudamiento, deberá abordarse a través de acuerdos amplios con los acreedores, en los que se contemple la necesidad de garantizar un proceso de crecimiento inclusivo como único recurso para poder afrontar los compromisos externos e internos. Frente a este escenario, se debe hacer foco en el crecimiento económico, la recuperación del mercado interno y el cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad”.

Otra de las novedades de esta semana también se condice con lo planteado hace dos años. Se anunció el Programa de Empleo Joven “Te Sumo”, con el objetivo de promover la inserción laboral de personas de 18 a 24 años en PyMEs de todo el país. Las empresas que contraten a estos jóvenes se beneficiarán con una reducción en aportes patronales y recibirán una cobertura de hasta el 70% de sus salarios durante los primeros 12 meses. En este contexto, el Jefe de Gabinete señaló: “Estamos generando nuevas herramientas para que las juventudes tengan una oportunidad de trabajo. Después va a depender de cada uno y cada una de ustedes pero es el Estado quien tiene que hacer esto, que es brindar oportunidades. No hay que dejar que sea el mercado el que las asigne, porque sabemos que eso fracasa”.

Al plan Te Sumo deben agregarse los cerca de $ 45.000 millones que se volcarán al Progresar por lo recaudado con el Aporte Solidario. Y volviendo a lo expresado en la plataforma electoral de 2019, allí se señalaba como objetivo “integrar a 1.500.000 jóvenes expulsados del mundo educativo y laboral (…) estableciendo exenciones impositivas a las empresas que generen empleos formales para los y las jóvenes”.

Es casi imposible evitar marcar el contraste de estas medidas con lo ocurrido en 2016 cuando el gobierno de Macri lanzó un convenio con la cadena de comidas rápidas McDonald´s. El mismo pretendía incorporar a jóvenes “pobres y desocupados” bajo la forma de practicantes “con posibilidades de progreso”, quienes recibirían una remuneración inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en ese entonces y que también estaba por debajo de la línea de indigencia para una familia tipo. Programa que indicaba además una desproporción entre la remuneración y las horas trabajadas.

En definitiva, un formato que tendía sin medias tintas a incrementar fuertemente la precarización laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que el convenio violaba “el derecho internacional y la propia Constitución Nacional” en materia de derechos laborales y solicitó la anulación del mismo.

Los ejemplos abundan, no alcanzaría una columna para mencionar el marcado contraste entre las políticas de uno y otro gobierno. Lo que sí se puede resumir es el eje rector que separa a ambos proyectos. Más allá de algunas aparentes disidencias que se hicieron notar en los últimos días entre los miembros de Juntos por el Cambio, son todos y todas parte del mismo proyecto. Un proyecto que desea instalar un modelo de país con un Estado ausente, en el que prime la apertura económica, la desregulación y por lo tanto la concentración en el sector privado, dejando al mercado como principal protagonista en la asignación de recursos. Una idea que, sobrada experiencia tenemos los argentinos, sólo beneficia a unos pocos.

Este enfoque es justamente lo que vino a revertir el actual gobierno. Si bien tuvo que establecer prioridades, obligado por la inevitable situación pandémica y la herencia recibida, el Frente de Todos está construyendo una sociedad más justa. Y por más que a veces implique enfrentarse a poderes establecidos cuando se los intenta regular para proteger a las mayorías, lo importante es que en este año y medio de gestión nunca se modificaron los objetivos ni las convicciones planteadas desde un comienzo.

Estas políticas del gobierno del Frente de Todos se ven reflejadas en los datos económicos conocidos esta semana que dan cuenta de la existencia de un sendero de recuperación, luego de la importante paralización de actividades del año pasado.

El Índice de Producción Industrial publicado por el Indec en junio se ubicó en el mayor nivel desde mayo de 2018. También se encuentra un 6,4% por encima del nivel de 2019 en el acumulado del primer semestre. Esta alza fue traccionada especialmente por los sectores de la construcción, maquinaria y equipo, producción de sustancias químicas y el sector automotor. La tendencia del último mes registrado, junio, permite esbozar una proyección optimista en lo que resta del año, ya que tuvo una variación de más del 10% con respecto al mes anterior.

En síntesis, lo más importante es que, además de bregar por un crecimiento en la actividad económica y por la recuperación de los sectores más perjudicados por la pandemia, se pretende que los frutos de esa mejora lleguen a todos y todas y no se concentren en un grupo privilegiado. Los recursos son esenciales, pero más importante aún es cómo se distribuyen.