La decisión de la firma japonesa Nissan de cerrar su planta de Barcelona puso de relieve, nuevamente, el debate sobre el pertinencia o no del ingreso del Estado al capital accionario de una empresa privada que recibe asistencia estatal. Si bien en el caso catalán las cosas parecen estar definidas, en el sentido de que la automotriz no cambiará su decisión y bajará las persianas de la fábrica de autos en seis meses, funcionarios de alto nivel del gobierno local comenzaron a plantear la posibilidad de que a futuro el Estado tenga ingerencia en las decisiones de las empresas a las que haya prestado asistencia o entregado subvenciones.
Detrás de la propuesta se encuentra la dicotomía que surge de intereses contrapuestos: el de una empresa que busca maximizar sus beneficios para lo cual considera positivo cerrar una planta, y el de una sociedad que requiere de inversiones, tecnología y puestos de trabajo para su desarrollo social, razón por la que en su momento financió la existencia de esa firma.
Algo parecido se debate en la Argentina por estos días. Desde que la diputada por el Frente de Todos Fernanda Vallejos esbozó apenas un pensamiento sobre la posibilidad de la presencia del Estado en las empresas que reciben subsidio estatal, se presentó un amplio abanico de argumentos a favor y en contra. En el ida y vuelta, el presidente Alberto Fernández prefirió despegarse de esa idea, a la que calificó de “loca”.
Para Jorge Bragulat, director del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, “es muy bueno que pensemos sobre estos temas, incluso más allá de los marcos legales vigentes”. En ese sentido, destacó que “existe un plano reflexivo y académico que tiene que tomar nota de estos debates para pensar nuevos escenarios”.
Fondo perdido
En una entrevista con Tiempo el domingo pasado, la diputada Vallejos señaló que “La idea que expuse está inspirada en lo que ya están haciendo los Estados europeos. La capitalización de las empresas es un mecanismo habitual por el cual las empresas entregan acciones y obtienen, a cambio, capitales que, en este caso, serían aportados por el Estado”.
Bragulat agrega a esta visión el hecho de que “en su existencia, la empresa asume compromisos contractuales diversos, con sus trabajadores, con el Estado, y esos compromisos están marcados por la ley”. De todas formas, la propia ley permite cierta ambigüedad a fin de acotar el riesgo empresario, por caso, cuando se dan situaciones excepcionales, como un fenómeno climático extremo o una pandemia.
En esas circunstancias, como las actuales, con su consecuencia de recesión económica profunda, la empresa pierde capacidad de generar valor y, por consiguiente, pierde valor. La inyección de capital que genera el Estado viene a compensar esa pérdida de valor, sin importar que el aporte de esos fondos se instrumente a través de las cuentas sueldo de sus empleados.
En el caso argentino, la inyección de capital estatal es equívoca. “Es una ayuda que no está del todo definida”, observa Bragulat. “¿Es a fondo perdido para el Estado? Los requisitos para acceder a los fondos de la Asistencia al Trabajo y la Producción y los condicionanates para permanecer fueron variando. ¿Podría suceder eso en el futuro?”, se preguntó.
Es que el gobierno estableció que para acceder al ATP las empresas debían demostrar el impacto económico de la pandemia y las decisiones oficiales para combatirla, para empezar la cuarentena obligatoria. No incluyó en esos requisitos el sostenimiento de la plantilla de personal o la prohibnición de participar del mercado de cambios o de recomprar sus acciones. La prohibición de despidos se plasmó en otro decreto y una cosa no está atada a la otra. Es decir, una empresa puede recibir la ATP por una puerta y por la otra expulsar trabajadores. Si esto último es reversible o no lo dictarán las relaciones de fuerza o la justicia laboral.
El gobierno tampoco definió el carácter de la ATP. Si en ninguna parte dice que las empresas deberán devolver el dinero, debe asumirse que es una aportación por la cual no hay obligaciones.
“Al no estar definida la naturaleza de la asistencia estatal, queda en principio como una defensa del statu quo, de lo dado, es decir de la propiedad total de los accionistas actuales sobre su capital”, continuó Bragulat.
En el caso de la alemana Lufthansa, la canciller Angela Merkel aseguró que la presencia del Estado en el 20% del capital, a cambio de 9 mil millones de euros, obedecía a la necesidad de “controlar” lo que hiciera la empresa con esos recursos, ara lo cual inmpuso algunos límites. El acuerdo, sin embargo, podría naufragar porque los accionistas no querrían verse “atados” a esas obligaciones justamente. Para el capital, sólo cuentan sus propias reglas a la hora de su salvataje.
