María Eugenia Vidal sentenció que “hay que derogar la Ley de Alquileres”. Ricardo López Murphy dijo que “no la hubiera votado”. Los libertarios Javier Milei y José Luis Espert también la condenaron. Los precandidatos que van del centro a la derecha se pronunciaron en los últimos días de manera clara y contundente contra la ley 27.551, sancionada por el Congreso a mediados del año pasado, cuando fue celebrada por el oficialismo y consensuada con la oposición.

La Fundación Apolo, que tienen entre sus filas al exministro de Cultura de Rodríguez Larreta, Darío Lopérfido, y al diputado macrista José Luis Patiño, lanzó los “Premios Lipovetzky” a “la incompetencia legislativa” como una burla al diputado Daniel Lipovetzky, principal impulsor de la Ley dentro del Congreso.

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Se trata de ataques a la ley que básicamente apuntan a entorpecer su aplicación al crear un ambiente de rechazo que, a su vez, derive en la posibilidad de derogarla o modificarla hasta desnaturalizarla.

Desde la Federación de Inquilinos Nacional, principal promotora de la norma, denuncian una campaña económica, política y mediática en contra de una ley “que otorgó derechos al eslabón más débil, que es el inquilino”.

Pese a que alrededor de nueve millones de argentinos viven en hogares alquilados, no existen aún relevamientos estatales sobre la evolución de precios de los alquileres ni ningún otro tipo de indicador específico. Todo lo que hay es el índice de incremento mensual del valor del alquiler que elabora el Banco Central. Pero el Estado no sabe cuántos contratos evaden la ley y ese índice. La subsistencia de los índices de precios privados es un indicador de que hay todo un “mercado” que los consume. A la cabeza de las referencias privadas se ubican sitios web como Zona Prop, Argen Prop y Reporte Inmobiliario, puestos en debate por la Federación de Inquilinos.

“El lobby del mercado inmobiliario en contra de la ley es muy poderoso y tiene cuatro patas centrales: portales, medios de comunicación, relato inmobiliario y campaña electoral”, apuntó a Tiempo el presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz.

“Los portales empiezan a generar estadísticas de bajo nivel de fiabilidad, que tienen como fin instalar que los alquileres aumentan de forma permanente, a partir de la vigencia de la Ley de Alquileres. Los grandes medios de comunicación todo el tiempo plantean que la causa de esos aumentos es la Ley de Alquileres. Las inmobiliarias plantean que la ley fue peor para los inquilinos y que la renta del propietario es la más baja de la historia. Finalmente, está el inicio de la campaña electoral, donde el empresariado y los grandes medios de la derecha exigen a sus propios candidatos que se pronuncien sobre la ley”, detalló Muñoz.

Para Muñoz, todo este engranaje está orquestado vía inyección de dinero por los grandes jugadores del mercado inmobiliario, principal perjudicado por la Ley. En ese marco, “el Frente de Todos no hace cumplir la ley y no sale a defenderla en los medios”, afirmó.

En ese sentido, subrayó: “El ataque a la Ley se sostiene sobre la incapacidad o falta de decisión del gobierno para hacerla cumplir. Y para regular lo que aún falta, que es el precio inicial del alquiler. Ley de Alquileres, de Góndolas, de Teletrabajo. La derecha tiene una agenda muy clara y, con tantas contradicciones internas, se hace difícil que el oficialismo pueda tener una posición clara sobre el tema”.

Convenio con el Indec y expectativa con el Censo 2022

El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, reconoció en diálogo con Tiempo las limitaciones para el cumplimiento pleno de la ley y adelantó que la cartera avanza en la generación de estadísticas oficiales que permitan desarrollar políticas públicas concretas. Al mismo tiempo, advirtió que el problema “es mucho más profundo”.

“La ley es una conquista de los sectores populares. Es moderna y tuvo un amplio consenso legislativo pero, como todo instrumento, no resuelve por sí misma las inequidades y desigualdades que genera la lógica del mercado inmobiliario”, apuntó y detalló: “El problema no es de una ley, sino del lineamiento de las políticas urbanas. Mientras a las ciudades las gobierne el mercado inmobiliario, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, no habrá más equidad territorial porque hay un orden superior a lo normativo que tiene como fin la concentración especulativa de la renta urbana”.

En el mismo sentido, profundizó: “Se trata de algo sistémico. Si no se lo aborda de esa forma, los instrumentos no funcionan. Tenemos que discutir modelos de ciudad y regulaciones urbanísticas”.

Sobre el vacío estadístico, adelantó: “Estamos haciendo un relevamiento propio, con un convenio con el Indec, para relevar el mercado de alquileres en las áreas metropolitanas de los grandes aglomerados. Este gobierno creó por primera vez un ministerio para abordar el tema integralmente. Estamos intentando también que la cuestión ingrese en el Censo 2022 porque es parte de la forma de habitar de un porcentaje altísimo de la población”.

“Hay responsabilidades urbanísticas que son las que regulan de fondo al mercado inmobiliario y las tienen los gobiernos locales. Si no se regula el suelo, se generan mercados chicos, con alto grado de segregación socioespacial”, concluyó.