El programa económico que guió la movilización de la patronal agraria ayer fue el de la reducción de los impuestos; de máxima, plantea la eliminación total de las retenciones a las exportaciones de granos. Según Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria, la presión impositiva «está llevando a la quiebra a los productores». Por ello reclama una reducción de los tributos que cargan la actividad, no su sostenimiento en el actual nivel. «Queremos una reducción de los impuestos», dijo con claridad en la señal TN el líder de una entidad que agrupa a muchas cooperativas agropecuarias y a pequeños productores que trabajan sus campos y que, se supone, deberían tener un planteo propio y diferenciado de la gran actividad rural.

Contactada por Reperfilar, María Soledad Aramendi, presidenta de La Sociedad Rural de Rosario, apuntó: «Que se baje la presión fiscal, la presión impositiva confiscatoria que es trasversal a todos los ciudadanos». Y agregó: «Se necesita que se baje el gasto público y una buena administración».

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La renta inesperada

Es sintomático el hecho de que el Fondo Monetario avale a los gobiernos que quieran meter mano en las ganancias inesperadas. Para el FMI, lo más importante es lograr equilibrar las cuentas públicas para evitar una crisis presupuestaria o de deuda a escala planetaria. Los recursos extraordinarios servirían así para equilibrar los déficits fiscales en momentos en que el FMI supone que la suba de los precios obligará a mayores subsidios estatales dirigidos a paliar la crisis social que se acentuó con la pandemia y se aceleró con la guerra de Rusia en Ucrania.

En el caso de la Argentina, esa renta inesperada tras la cual se encuentra el ministro de Economía, Martín Guzmán, podría sumar más de $ 350 mil millones en este año, según un cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en el que hacía proyecciones sobre cuánto más valen ahora las exportaciones de un puñado de productos agrícolas respecto del valor que tuvieron en todo 2021.

Pero la cifra podría ser mayor si se contabilizan las ventas de granos de los productores tanto a los exportadores como a la industria local, que en los seis meses que van desde principios de octubre –cuando comenzó el rally internacional de precios– a inicios de abril, sumó 56,5 millones de toneladas. Esa sería una renta inesperada ya realizada.

Los ministros Guzmán y Julián Domínguez, de Agricultura, han prometido que no habrá suba de retenciones, una expresión de deseos que no se condice con la realidad: los precios internacionales de los granos podrían subir más, pero aun así el gobierno ya limita sus herramientas fiscales para despegarlos de los precios internos.

Pero el gobierno sabe que si no se logra esa diferenciación de precios, la escalada provocada por el impulso económico pospandemia, y ahora por la guerra, terminará siendo pagada por los bolsillos populares en el precio de los alimentos que consume. La posición extrema de negar el impacto de la suba de los precios internacionales solo sirve para acentuar la mejora de la rentabilidad de los emprendimientos agropecuarios.

El gobierno, necesitado de los dólares de la actividad agraria, busca evitar un choque. Tampoco está claro que tenga las condiciones para llevarlo a cabo. Y eso parecen saberlo en el llamado «campo». «