El gobierno nacional modificó el jueves pasado las restricciones a la compra de campos argentinos por parte de capitales extranjeros en el  marco de la Ley de Tierras que se aprobó en 2011. El decreto alborotó el panorama político desde donde dirigieron críticas y apoyos a la decisión. En tanto, el gobierno impulsa en el Senado un proyecto de modificación de la ley.

El ex coordinador del proyecto que se convirtió en ley durante el kirchnerismo, Ley de Tierras cuestionó la decisión oficial porque «no va a traer ningún beneficio para la Argentina».
En diálogo con Tiempo, Vitale aseguró que «la tierra es un recurso estratégico no renovable y que es propiedad de los argentinos», y agregó: «Sabemos que en el país existe una demanda enorme de compra de tierras por parte de extranjeros pero también que esas inversiones tienen fines especulativos. Esta apertura no va a traer ningún beneficio a la Argentina», finalizó.

El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe, también apuntó contra la decisión del presidente Mauricio Macri: «No le tiembla la mano para firmar un decreto a favor de intereses extranjeros. Los pequeños y medianos productores seguimos esperando respuestas», dijo el dirigente ruralista.

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El decreto 820/2016 modifica el nivel para que un titular sea consideradio extranjero, al pasar del 25% al 51% del capital social del adquiriente. También dispone que las provincias definan en los próximos 30 días las equivalencias específicas a ese límite según las necesidades de cada distrito.

El sector privado recibió la novedad con satisfacción. El titular de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) aseguró que la flexibilización del régimen «era necesaria» y vaticinó que es el paso previo para la llegada de inversiones extranjeras. «