Los argentinos están familiarizados con la promesa de la apertura comercial: un camino sin mayor costo hacia el crecimiento, que empuja la recuperación y el desarrollo económico sin requerir mayor gasto por parte del gobierno.

En el contexto en que el país sale de una recesión devastadora y enfrenta un presupuesto público acotado, esta promesa resulta más tentadora que nunca. En un momento en el que se suceden las reuniones de funcionarios de los países que integran el Mercosur para debatir este tema, es importante revisar la llamada “evidencia” actual a favor de la liberalización comercial y qué implica para la Argentina.

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La mayor propuesta de liberalización comercial actualmente bajo discusión es el Acuerdo Comercial Unión Europea-Mercosur, el cual implica la eliminación de aranceles al 92 por ciento de las importaciones de la Unión Europea originarias del Mercosur y al 91 por ciento de las importaciones del Mercosur originarias de la Unión Europea. Las proyecciones estándar han indicado que el acuerdo beneficiará a la Argentina y a las otras economías participantes (aunque marginalmente); sin embargo, nuestro estudio sugiere que estas proyecciones son incorrectas y que un resultado distinto es plausible: la liberalización comercial podría conllevar a un crecimiento más lento, a una desindustrialización y a una mayor desigualdad, a menos que este proceso sea apuntalado con una política macroeconómica expansiva y una política industrial activa.

En un nuevo documento de trabajo publicado por el Global Development Policy Center de la Universidad de Boston, mostramos que la evidencia a favor del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no toma en cuenta desafíos críticos para el bloque sudamericano, como la desaceleración económica, así como el creciente desempleo y desigualdad. Cuando estos hechos son tomados en cuenta, las conclusiones podrían volverse adversas.

De acuerdo con las últimas proyecciones, el acuerdo daría a las economías de la Unión Europea y el Mercosur un impulso único menor al 1 por ciento del PBI real después de 15 años –hasta ahora, un resultado poco impresionante. Una mirada más cuidadosa a los estudios utilizados como base revela, sin embargo, que estas ganancias marginales dependen de varios supuestos poco realistas que sesgan el resultado a favor del acuerdo, como lo son el pleno empleo, un nivel consistente de desigualdad y niveles de productividad dados.

En otras palabras, estos estudios presentan supuestos alejados de algunos de los problemas más críticos que enfrentan las economías de la Unión Europea y el Mercosur; y, a pesar de ello, aun proyectan ganancias insignificantes. Estos estudios pasan por alto desbalances críticos a nivel sectorial que se han venido desarrollando en las dos regiones y que afectan la productividad, los salarios, el empleo y, últimamente, el crecimiento económico.

Después de los años 2000, la mayoría de los puestos de trabajo en la Argentina han sido creados en sectores “estancados” con una productividad y salarios bajos, mientras que su contribución al valor agregado no cambió. Sin embargo, el crecimiento de la producción y la productividad ocurrió predominantemente en sectores “dinámicos”, como la manufactura. En Alemania, la potencia industrial de esta nueva área comercial, el porcentaje del empleo asociado con la manufactura fue 20 por ciento en 2018, mientras que en la Argentina esta participación fue 9,8 por ciento. La evidencia existente a favor del acuerdo no reconoce o toma en cuenta esta diferencia, y mucho menos cómo este acuerdo puede, en efecto, incrementarla.

La liberalización comercial ha contribuido a la “prematura desindustrialización” de la Argentina a través de la promoción de la especialización en sectores poco dinámicos, como la agricultura o la minería. El acuerdo propuesto exacerbará esta tendencia; la cual, una vez más, ha sido completamente pasada por alto por las proyecciones estándares. Algún crecimiento podría ocurrir en los sectores agrícola y minero si es que sus exportaciones se incrementan; no obstante, no existe evidencia que esto generará el empuje de demanda suficiente como para detener la desindustrialización y la polarización en el mercado de trabajo argentino. Sin políticas compensatorias orientadas a dinamizar la demanda y la seguridad económica, es posible un deterioro en los desbalances distributivos, empujando a la economía, aún más, a una nivelación a la baja.

La desigualdad ha mejorado recientemente en la Argentina, pero dentro de una tendencia insostenible. El relativo desplazamiento del empleo hacia sectores poco dinámicos ha sido una causa mayor en la reducción del crecimiento del PBI y la productividad en la Argentina. En un contexto de crecimientos moderados de los salarios, un menor crecimiento de la productividad ha permitido la distribución de ingresos a favor de los empleados. No obstante, hacer el empleo menos productivo no es una estrategia de desarrollo viable en el mediano y largo plazo. La Argentina necesita de un cambio estructural que pueda conllevar a un fuerte crecimiento de la producción, la productividad y el empleo, y que a su vez reduzca la desigualdad.

Una expansión comercial adecuadamente manejada puede ser un vehículo poderoso de desarrollo económico y mejora tecnológica, a través de reducir la restricciones de tipo de cambio y permitir las economías de escala necesarias; pero esta expansión debe estar acompañada con políticas macroeconómicas que aseguren la industrialización, la expansión de la demanda y el rebalanceo de la distribución de ingresos, así como con inversiones que son críticas para aliviar (en lugar de ignorar) las restricciones ambientales. Una discusión verdaderamente informada acerca de política comercial – y del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur – solo puede suceder cuando estos elementos críticos descriptos previamente son tomados en cuenta. Hasta entonces, no existe sustento para esperar que la liberalización comercial genere mejores resultados de los que la Argentina ha experimentado ya en el pasado.

*Ambos autores son Non-Resident Senior Research Scholar de la Iniciativa de Gobernanza Económica Global en el Global Development Policy Center de la Universidad de Boston.