La Justicia falló en contra de la decisión unilateral del gobierno de dejar de pagar una parte de sus deudas. Fue a través de una sentencia en favor del grupo Swiss Medical, que había solicitado una medida cautelar para que se le devolviera la totalidad de sus inversiones en Letras del Tesoro.

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°9 en favor de la empresa de medicina prepaga y también de Swiss Medical ART. Ambas habían pedido que se suspendiera la aplicación del decreto 596/19. A través de esa norma, el gobierno había dispuesto que las empresas e inversores institucionales sólo recibirían el 15% del dinero invertido en Letes que vencieran después del 29 de agosto y el resto se abonaría de manera escalonada a tres y seis meses, con los intereses correspondientes.

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Según el portal I-Profesional, el reclamo de ambas firmas se originaba en que la falta de disponibilidad de ese dinero en las fechas pactadas podría generar consecuencias negativas para sus afiliados, empleados y prestadores. Entre ellos no sólo se cuentan sus sueldos, sino los servicios médicos y para el caso de la ART, las indemnizaciones laborales y el pago de salarios por incapacidad laboral temporaria.

En ese sentido, el juez Pablo Cayssials tomó en cuenta “la singular trascendencia de la función social que tiene a su cargo una empresa de medicina prepaga, que se encuentra por encima de toda cuestión comercial”. Por ello priorizó “los delicados intereses en juego concernientes a la integridad psicofísica, salud y vida de las personas”, cuenta I-Profesional. El Estado, por su parte, había alegado que hacer lugar al reclamo implicaría una intromisión del Poder Judicial en decisiones de materia política y económica que, por su naturaleza, son de incumbencia del Ejecutivo. De todas maneras, el fallo de Cayssials fue apelado y la devolución del dinero comprometido quedó en suspenso.

Esta es la primera decisión judicial en contra del default de las letras de corto plazo, dispuesto a través de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri y refrendado por todos sus ministros. En esa ocasión, para definir lo sucedido, el titular de Hacienda, Hernán Lacunza, utilizó el término “reperfilamiento”, mucho más elegante. “Es sólo una readecuación de plazo, esto implica que no se realizarán ninguna quita de capital, ni modificación de los intereses”, fue la explicación desde esa cartera. Al respecto, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la medida abarca unos U$S 9.200 millones en Letes, Lecap, Lelink y Lecer que se debían abonar antes de diciembre y que ahora pasarán al año que viene. La demora en el pago, además, originará intereses por U$S 1.472 millones.