Según un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, se registraron 81 mil denuncias de empleados privados que se contagiaron de coronavirus en sus lugares de trabajo desde el comienzo de la pandemia.  

Tiempo publicó el domingo un informe elaborado por la cámara de ART que da cuenta de que, además de los trabajadores de salud y el personal de seguridad, uno de los focos de contagio son los lugares de trabajo registrados cuya actividad se ha flexibilizado.

Hasta el viernes esos datos no estaban disponibles a través de los organismos oficiales. Este diario pudo dar con la información a partir de las aseguradoras de riesgos del trabajo que, según el decreto 367/20, están obligadas a dar cobertura a sus afiliados que pudieran haberse infectado de Covid-19 que se incorporó en el listado de enfermedades profesionales afectadas por un Fondo Fiduciario especial para afecciones “no listadas”.

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(Foto: Pedro Pérez)

La información publicada en la edición dominical de este diario no resulta testimonial en la medida en que da cuenta de que gran parte de los contagios _alrededor de un 20% de los contabilizados oficialmente_ fueron contraídos en los lugares de trabajo registrados toda vez que así debe ser acreditado ante la aseguradora para acceder al beneficio. Si se proyectara la misma incidencia del virus en los sectores en blanco y, por lo tanto bajo el amparo de los protocolos oficiales, sobre el conjunto de los trabajadores en actividad, los contagios en los lugares de trabajo podrían superar el 35% de los infectados totales. El dato por sí mismo pone en discusión que el principal riesgo resulta de las reuniones sociales y de la responsabilidad individual y, en definitiva, pone un signo de pregunta sobre lo acertado de la política de flexibilización de determinadas actividades no esenciales.

Con todo, el informe detalla que el 27% de los casos corresponden a personal de la salud y el 13% a las fuerzas de seguridad, bomberos y fuerzas armadas. El 8% son empleados de comercio que realizan venta minorista de bienes y servicios y el 6% trabajadores de mantenimiento y limpieza. El transporte aporta un 5% del total de casos denunciados. El resto, un 38%, se encuentran entre las más de 200 actividades que forman parte del registro de la SRT y que incluyen actividades vinculadas a la industria manufacturera y los servicios.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo cuantifica el monto de las coberturas de los casos ya confirmados en algo más de $5.300 millones. De los 81 mil contagiados bajo cobertura de ART, 42.207 corresponden a la Provincia de Buenos Aires mientras que 33.676 a la Ciudad de Buenos Aires.

Según la información oficial, las muertes entre los trabajadores cubiertos por ART llegan a 220. Se trata de un índice de mortalidad del 0,2%, muy inferior al de la media de los casos generales que ya rozan las 10 mil muertes sobre un total de casi 500 mil casos confirmados, que representan un 2% de mortalidad. Es que el mayor número de contagios se concentra en el rango etario que va desde los 30 a los 39 años con algo más de 11 mil casos. Del total de casos fueron 7.580 los que precisaron atención hospitalaria.

Con todo, más allá de los índices de mortalidad, la alta exposición en los lugares de trabajo implica un riesgo adicional porque los infectados se constituyen como un potencial vector de contagios entre sus familias y en sus barrios.

La responsabilidad de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en este punto, es regular la actividad de las ART y garantizar las coberturas a la vez que la de elaborar y supervisar la aplicación de los protocolos para prevenir los contagios.

El Ministerio de Trabajo de la Nación, por su parte, es el que cuenta con el poder de policía junto con los organismos de trabajo provinciales. Desde la cartera laboral, por eso, habilitaron una vía de denuncias telefónicas y por correo electrónico de violaciones en lo que se refiere a las disposiciones sanitarias así como aquellas normas oficiales dispuestas durante el período del ASPO en materia de cobertura laboral sobre la base de la cual presentaron un último informe público el pasado 21 de agosto.

En ese informe se da cuenta de un total de 9.750 denuncias consideradas de las cuales un 62% resultan de actividades no esenciales. Un 57% de los denunciantes asegura no contar con los elementos y medidas de protección básicas para prevenir el Covid-19.

A la hora de analizar las denuncias por rubros resulta que el 25% se concentra contra empresas de servicios de salud, sociales y comunitarios y el 23% entre las empresas de comercio al por mayor y menor; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; actividades de agencia de viaje. Algo más atrás pero con porcentajes importantes se destacan la actividad alimenticia, de bebidas y de tabaco con un 7% de las denuncias y la actividad financiera con un 6%.

Por su parte, la empresa Mc Donald’s resulta la mayor destinataria de denuncias seguida apenas de atrás por Farmacity.

A la hora de determinar el tipo de denuncia que recibió el ministerio de trabajo se destacan por orden de cantidad las violaciones al decreto anti despidos (34%), seguidas por la violación de medidas de seguridad en actividades esenciales (18%) y por la obligatoriedad de concurrir a trabajar en actividades no esenciales (16%).