La Federación de Trabajadores de la Carne consiguió llevar su paritaria anual hasta un 36%. El Sindicato de la Sanidad lo había hecho con un 35% para la rama droguerías unos días antes. Otros gremios de peso, como Camioneros y la Unión Obrera Metalúrgica, pugnan por reabrir sus paritarias amparados en las cláusulas de revisión que plasmaron en sus acuerdos originales con el propósito de sumar algunos puntos más.

En ambos casos ya sellaron una suba de alrededor del 25% y aspiran a llevarla 15 puntos más arriba. El gobierno, para algunos casos del sector privado, ya se mostró dispuesto a tolerar y homologar subas de hasta un 35%. No así para los empleados públicos y docentes.

Los casos mencionados, en este contexto, aparecerán como privilegiados ante los ojos de otros asalariados registrados del sector privado que percibirán aumentos de entre un 15% y un 25% o de los asalariados no registrados que, en un contexto recesivo, sin organización gremial, y amenazados por los despidos, deberán conformarse con lo que sus patronales estén dispuestas a conceder en forma unilateral. Esta es la situación de alrededor del 35% de la fuerza laboral activa del país.

Pero incluso esos incrementos del 35% implicarán una pérdida del poder adquisitivo toda vez que la suba de precios, según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que difunde el Banco Central, rozará el 45% hacia diciembre de este año. En el mejor de los casos, entonces, esos salarios con mayores incrementos quedarán 10 puntos por detrás de la suba de precios.

Pero, además, para que ese pronóstico efectivamente se cumpla, entre octubre y diciembre los precios no deberían subir más de un 12%, ya que la inflación de septiembre sumó un 6,5% y acumuló un 32,4% en lo que va de 2018. Esto equivale a que se produzca una improbable y brusca desaceleración de la inflación.

Pero, según el Indec, los precios mayoristas en septiembre experimentaron un alza del 16,5% con un acumulado para los primeros nueve meses del año del 66,1%. La lógica indica que esos valores, más temprano que tarde, se trasladarán al mercado minorista. La apuesta del gobierno, sin embargo, es que el proceso recesivo y la caída del consumo y del salario operen como un ancla para impedir que ese traslado se produzca y que, por lo tanto, el diferencial de precios lo absorban los eslabones intermedios de la cadena de comercialización.

Es lo que ocurrió en 2002 cuando la inflación minorista acumuló un 40,9% mientras los precios mayoristas escalaron un 118% impulsados, como ahora, por el salto abrupto del dólar que, a partir de la salida de la convertibilidad, subió de uno a cuatro pesos. En aquel momento, la fuerte recesión económica (el PBI se contrajo un 10,9%) se convirtió en un dique de contención entre comercios y consumidores, al obligar a los primeros a absorber parte de la suba de precios y no trasladarla a los clientes. Según un informe de la consultora Invenómica, la pérdida del poder adquisitivo del salario en aquel año llegó hasta un 25,4 por ciento.

En esa orientación, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció esta semana en conferencia de prensa que «los salarios reales, lamentablemente, por la aceleración de la inflación van a perder» aunque, aclaró, «no hay un proyectado sobre cuánto será la pérdida».

Pronósticos negativos

Según los datos del Indec, a julio de este año la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados en general llegó hasta un 4,35%, pero escaló hasta un 9,28% para el caso de los asalariados del sector privado no registrado.

Invenómica pronostica para 2018 una retracción del 11% en la capacidad de compra de los salarios.

Tiempo realizó un relevamiento entre diferentes consultoras para determinar la magnitud de la pérdida. La multiplicidad de variables que están en juego (inflación hasta fin de año, reapertura de paritarias, salario de los no registrados, etc.) arrojó una dispersión en los pronósticos aunque sobre la base de un punto en común que es el de un fuerte retroceso salarial que se ubica, según la fuente, entre 6 y 20 puntos porcentuales. Lo mismo con relación a los haberes jubilatorios.

El pronóstico de Invenómica coincide con el relevamiento realizado por la consultora Willis Towers Watson sobre 114 empresas que reconocieron que, durante 2018, se producirá una pérdida salarial equivalente a 11,7 puntos porcentuales.

La consultora Ecolatina, otrora dirigida por el exministro de Economía Roberto Lavagna y ahora a cargo del economista Santiago Paz, emitió un informe en el que, más optimista, asegura que «el salario real de los trabajadores formales caerá en promedio 10% durante la segunda mitad de 2018. De esta forma, este año el salario real registrado cedería en promedio 6% respecto de 2017. Los ingresos laborales de los trabajadores informales, sector más sensible a los vaivenes económicos, sufrirán en mayor medida la recesión ya que la misma destruirá puestos de trabajo limitando sensiblemente su poder de negociación».

Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señaló a Tiempo que «sobre la base de un incremento de los salarios privados registrados que estimamos en un 20% a diciembre proyectamos una caída promedio del 17,7 por ciento».

Por el lado del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA), Virginia Giordano, especialista en empleo, señaló que «a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y proyectando hasta fin de año una suba de salarios privados promedio del 1,9% mensual y una inflación del 5% en octubre, 4% en noviembre y 3% en diciembre, podemos estimar una pérdida del poder adquisitivo del 15,8% para los registrados. El caso de los no registrados es más difícil de determinar pero, según nuestros cálculos, podrían perder hasta un 36,3% de poder adquisitivo».

En este caso el retroceso podría ser aun más pronunciado si se toma en cuenta la canasta de consumo de este segmento de asalariados donde el peso de los bienes de primera necesidad es más pronunciado. De hecho, mientras que el índice de precios acumulado durante el año llegó en septiembre hasta un 32,4%, alimentos subió un 35,8% y transporte un 47,4%. La Canasta Básica Total, que mide la pobreza, creció hasta agosto un 25,6% mientras que el IPC lo hizo un 24,3 por ciento.

Matías Maito, del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo, explicó a Tiempo que «armamos una base de 17 convenios colectivos que cubren el 70% de los trabajadores privados. Es una muestra muy precisa de lo que pasa con todos los trabajadores del sector privado. Nos da una caída del 13% aunque, en algunos casos, como en la administración pública nacional, podría llegar al 18%. Trabajamos con cargos testigo y sobre el salario conformado. Esto puede cambiar si hubiera más reaperturas de paritarias, pero la política del gobierno nacional van en favor de un ciclo recesivo».

Para Santiago Fraschina, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, «en los primeros siete meses del año el índice de salarios verificó un aumento del 21,3%. Abarca casi la totalidad de los ajustes acordados en la primera ronda, pero no las reaperturas del mes de septiembre ni los adicionales no remunerativos que se pagarán al final de año. Proyectado todo esto, estamos contemplando una movilidad salarial promedio de entre 33 y 35 puntos con una inflación punta a punta del 47%. O sea, para el año 2018, una caída de salarios reales no menor a los 17 puntos porcentuales».

Los jubilados, por detrás

Cuando en diciembre de 2017 se produjo el debate que fijó la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el presidente Mauricio Macri aseguró que «en 2018 los jubilados van a cobrar más». Buscaba ocultar que el cambio en la fórmula de cálculo implicaba un ajuste de las jubilaciones de $ 100 mil millones. Pero la prometida recomposición a futuro no ocurrió.

Según las estimaciones de IDESA, por ejemplo, el haber medio perderá durante 2018 un 14,8% de poder adquisitivo y un 18,8% con relación a septiembre de 2017, fecha de la última actualización sujeta a la fórmula de movilidad anterior.

Para Fraschina, de UNDAV, «producto de la reforma jubilatoria del año pasado, la inmensa proporción de los adultos mayores tendrá un ajuste de sus haberes apenas por encima de los 28 puntos, lo cual implica un deterioro del poder adquisitivo de casi 20 puntos en un año».

Para Hernán Letcher, de CEPA, «el último aumento fue del 6,68% y llevó la mínima a $ 8636. En diciembre, en función de lo ocurrido entre marzo y junio, subirá un 7,75% hasta $ 9306 que se cobrarán en enero. Si se incluyera ese incremento la pérdida será del 12,1%. Si no se lo incluye, porque se percibe en 2019, el retroceso llega al 18,4%. Pero en realidad la pérdida debería incluir la inflación de los últimos tres meses del año pasado porque en diciembre no hubo actualización. Eso da un 23,1%  a diciembre y 17,2% a enero».

La pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de trabajadores activos y pasivos es una radiografía inapelable de quién quiere el gobierno que pague la crisis. «

Los asalariados perdieron $ 770 mil millones en seis meses

El Indec difundió esta semana su informe trimestral de la cuenta de generación del ingreso e insumo de la mano de obra.

Allí se estima el monto de los componentes del valor agregado a precios básicos y es un indicador de cuánto aporta cada componente de la producción.

En este caso, la remuneración del trabajo asalariado retrocedió en el segundo semestre de 2018 hasta un 45,2% del total de $ 12 billones (millones de millones).

Durante el primes trimestre de este año, los salarios habían explicado un 50,8% del total mientras que, en el último trimestre de 2017, los salarios explicaban un 51,6% del total del valor agregado bruto.

La caída de 6,4 puntos entre el último trimestre de 2017 y el segundo de este año equivale, según valores del segundo trimestre, a $ 770 mil millones.

En comparación con el mismo trimestre del año pasado el retroceso es de 3 puntos o el equivalente a $ 350 mil millones.

El retroceso podría explicarse a partir de, por un lado, la caída del salario real y, por el otro, por la reducción de la cantidad de asalariados que, entre el último trimestre de 2017 y el segundo trimestre de este año, se redujeron en 424 mil aunque, con relación al mismo semestre del año anterior, crecieron en 403 mil.

Con relación al excedente de explotación (las ganancias), entre el segundo semestre de 2017 y el segundo de este año subieron del 38,5% al 45,9 por ciento.