Las audiencias públicas por los aumentos en las tarifas energéticas que se celebraron el miércoles y viernes últimos resolvieron diversos incrementos en los precios de los servicios públicos, la primera en relación con el precio del gas mayorista (o en boca de pozo o PIST); la segunda, respecto del precio de la electricidad en el mercado mayorista y de las subas propuestas por las distribuidoras de luz.

Hubo muy poca participación. Salones casi vacíos y apenas un puñado de oradores. La mayoría, representantes de distintas Defensorías del Pueblo y de organismos de defensa al consumidor. Muy pocos representantes de la política dijeron presente.

Una de las exposiciones más fervientes en la audiencia pública sobre la tarifa eléctrica fue la de Osvaldo Bassano, titular de la Asociación por la Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), quien pidió la nulidad de la audiencia. Bassano explicó a Tiempo: «La pedimos porque la audiencia no cumple con ninguno de los parámetros del debido proceso para poder alcanzar el tópico de una audiencia. No hay elementos jurídicos para poder defenderse. No hay estructuras de costo, no hay información, no hay propuesta de las empresas que, en el caso de la luz, ni siquiera fueron a la audiencia. Pareciera que el gobierno actuó en representación de las empresas».

Bassano entiende que «los aumentos que pretende el gobierno son brutales. El precio del megavatio será el doble que en Francia, por ejemplo. Vamos a pagar la energía más cara del mundo. Con el gas pasa lo mismo. Además, el aumento del gas va a incidir en el costo de la generación de luz».

José Luis Ramón, diputado electo por Mendoza, se sumó al pedido de nulidad: «Estamos en presencia de un sistema sin convocatoria ciudadana. En Mendoza, hay que ser mago para enterarse que hay una audiencia. Las presentaciones que hacemos deben también estar publicadas en las páginas oficiales».

La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, a través de Jorge Ruesga, apuntó: «Consideramos que este tipo de audiencias no respeta el fallo de los jueces de la Corte Suprema en el caso Cepis. No hay discusión ni se fomenta la participación ciudadana».

Por su parte, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, advirtió: «Esta audiencia es una mera comunicación de los precios. No estamos debatiendo. Se ponen los precios en conocimiento».

El abogado César Daer, del instituto Ideal para Quilmes, calificó a la audiencia de «decorativa». «Es un mero cumplimiento de un formalismo. Transformaron una herramienta de consenso y deliberación en un requisito vacío; un formulario a completar en beneficio de las empresas.»

En tanto, Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, expresó: «Tiene motivos de nulidad. Es informativa y no deliberativa. Significa que debemos tener la información cuando se inicia el expediente administrativa, cosa que no se hace. Uno se entera en el día mismo de cierta información y no hay tiempo de análisis. De hecho, tener que anotarse para estar es una contradicción, ya que debe ser para todo el público. Sólo podemos venir a denunciar esta situación. Ya tienen todo resuelto». En ese sentido, detalló: «El expediente administrativo no tenía foliaturas. Se le puede agregar o sacar cualquier cosa. No tiene ningún valor jurídico».

Por su parte, Héctor Polino, de Consumidores Libres, dijo a Tiempo que «fue igual que todas las anteriores. Ni mejor ni peor, igual. Habrá que esperar al resultado, con tarifazos que seguramente serán muy importantes».

Fuertes aumentos

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad detalló que los aumentos de Edenor y Edesur para el 90% de los usuarios será del 39% en diciembre y del 18% en febrero. En total, las subas para este segmento de los usuarios serán del 64 por ciento.

Para el 10% restante, serán del 47 y 28%, respectivamente. En total, la suba para este grupo minoritario será del 88 por ciento. A esto, hay que agregar la parte impositiva.

Para el gas, según propuso el gobierno en la primera audiencia, la suba rondará el 45%, promedio. Los aumentos más bajos serán del 38% y los más altos, del 58 por ciento. «