En CABA hay una ley desde el 2009, la 3.330, que dice que se debe garantizar a los habitantes de la Ciudad la existencia de “un mínimo de ocho talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 –que representan cuerpos europeos, porque en general las normas IRAM tienen estándares europeos para cualquier tipo de parámetro- y sus actualizaciones, en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria”.

Y la realidad es que vemos que no se cumple. Muchas veces vas a comprar ropa y te dicen que sólo hay talle único, cuando la reglamentación vigente establece que tiene que haber un mínimo de ocho talles. Además, tiene que haber una tabla de medidas corporales normalizadas para ser consultadas por el público, cosa que tampoco se cumple.

Por otra parte, es una ley que quedó vieja comparada con la nacional que ahora está siendo reglamentada. El INTI está llevando adelante un estudio antropométrico, del cual participé como voluntaria, a partir del cual se va a elaborar una tabla de talles adaptada a los cuerpos argentinos; y no a estándares europeos como plantea la ley de la Ciudad.

Hoy cualquier persona que entra a un local de ropa debería tener una tabla de medidas estandarizadas a la vista para poder consultar los talles. En el caso de no contar con todos los talles, el consumidor debería pedir el libro de quejas y dejar asentado que no se respeta la ley de talles, además de realizar la denuncia correspondiente.

Pero si una busca dónde hacerla, te encontrás con que no hay ningún número publicado en ninguna página oficial del Gobierno de la Ciudad para tal fin. Una persona que quiere comprar ropa y no encuentra su talle, está totalmente desamparada.

Entonces, hoy, a pesar de contar en la Ciudad con una ley de talles, no se está cumpliendo nuestro derecho a vestirnos y a poder disfrutar de la moda sin importar cómo sean nuestros cuerpos.

Por eso, junto a mi compañera de bloque Victoria Montenegro y la activista y modelo XL Brenda Mato nos pusimos a trabajar durante este año en el cumplimiento de esta ley en CABA, que ya la tenemos reglamentada desde el año 2012.

A partir de esto surgió la idea de realizar un pedido de informes, que presentamos con Victoria en la Legislatura porteña, para saber si se habían recibido denuncias, si la ley se estaba cumpliendo, si se había realizado desde el GCBA algún tipo de inspección. Y la respuesta del Ejecutivo fue contundente: básicamente no se hizo nada.

No hay denuncias, no se está llevando a cabo ningún tipo de control, tampoco hay casos de fabricantes e importadores de indumentaria que hayan recibido denuncias o que hayan sido auditados por el gobierno porteño. Así que podemos decir que por ahora es una ley que está sólo en el papel; no se cumple porque no se controla ni tampoco es conocida por la ciudadanía.