La interrupción del embarazo en la clandestinidad no se aguanta más y es cada vez más necesaria la presencia del Estado en pos de la salud de las personas gestantes.

Durante la pandemia, la situación se agravó y aumentaron las dificultades tanto en las interrupciones legales como en las voluntarias del embarazo, a un punto en que Socorristas en Red (https://socorristasenred.org/sistematizacion-2019/) registra haber recibido 5844 consultas de personas gestantes sólo de marzo a junio.

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Según el último protocolo actualizado y presentado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para acceder a la ILE, las personas gestantes sólo deben pedirla y cumplir con dos requisitos: dar su consentimiento y firmar una declaración jurada que afirme que su situación está dentro del marco de casos comprendidos por la ley para la interrupción. Esta interrupción “es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”.

Se debe acceder a la ILE cuando está en peligro la salud de la persona gestante o cuando el embarazo es producto de una violación. Y hay dos maneras de practicarse: de manera medicamentosa (la guía presentada por el Ministerio de Salud brinda más de una opción en ese sentido) o mediante un procedimiento, al cual se accede cuando se pasa el segundo trimestre del embarazo.

En marzo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el comienzo de la cuarentena obligatoria en todo el territorio del país y si bien se fue avanzando y retrocediendo, aún hoy se combate la pandemia desde todos los frentes. Pero, ¿qué sucede a la hora de interrumpir un embarazo cuando todo el esfuerzo está puesto en combatir una pandemia?

Desde el ministerio de Salud de la Nación en conjunto con la Secretaría de Salud Sexual y Reproductiva, ante la abrumadora cantidad de consultas que recibió la línea de salud sexual y reproductiva, se emitió un folleto explicativo sobre la interrupción legal del embarazo con pastillas de manera segura.

Melina Ríos es socorrista desde 2013 cuando comenzó a militar por los Derechos Humanos en Rafaela, provincia de Santa Fe. “Las organizaciones donde militaba -Revuelo disidencia y Estación Esperanza- articulaban con socorristas en red. Es un dispositivo particular, es único en el mundo y no existe con estas características. Estamos en todas las provincias del país, cubrimos todo el territorio argentino. Somos 55 colectivas aproximadamente con independencia autogestiva pero que todas vamos generando nuevos acuerdos políticos que nos van manteniendo”.

“Me sumé a socorristas en red porque soy madre de una hija buscada y teniéndola desde tan chica, pensé mucho en cómo debe ser esa misma realidad en alguien que no lo haya buscado y me parecía terrible” y relata “la primera vez que socorrí a una persona gestante me ayudó la experiencia de haber estado con amigas que pasaron por un aborto”.

En relación a cómo se prepararon para no dejar de acompañar en este momento de aislamiento social, Melina dice que al equipo de Socorristas en red “nos agarró muy bien articuladas y armadas para que las mujeres no pasen angustia, recorriendo los pasillos del sistema público de salud. Tenemos aceitada esa articulación hace bastante ya, por lo que no nos quedamos con brindar información a las mujeres de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud sino también a cuáles profesionales acercarse y a los hospitales públicos donde se acepta la interrupción legal, así que no tenían que pasar ninguna angustia ni miedo, hemos estado muy bien preparadas. Todo esto se lo agradecemos al reconocimiento político y social de nuestra tarea voluntaria que por suerte nos hemos encontrado con personas justas en este territorio y hemos podido garantizar que las mujeres no queden desamparadas”.

El cambio más grande

“Nosotras creemos en la fuerza del abrazo, del acompañamiento cuerpo a cuerpo, acompañar a lar mujer en su casa, mirarla a los ojos. La potencia política de la escucha, y eso lo tuvimos que ir modificando. A algunas socorristas les ha costado más por diferentes edades, accesos y comodidades con la tecnología, pero en Santa Elena -provincia de Entre Ríos-, somos jóvenes, las integrantes son chicas entre 20 y 30 años, y no han tenido problemas en la accesibilidad, si no nos reunimos por un tiempo considerable, nos encargamos de hacer valer la tecnología lo más posible, hemos mantenido videollamadas y la escucha activa más atenta. La llamada telefónica, mantener el contacto y lo hemos logrado bastante bien y se nos han dado situaciones muy enriquecedoras en cuarentena también”, dice Eugenia, Socorrista en red, pero de la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires. Mientras en otras ciudades aumentó, en Necochea el nivel de consulta se mantuvo, y destaca que a pesar del distanciamiento y asilamiento obligatorio pudieron articular de manera eficaz entre la tecnología y los centros de salud.

Estefania Cioffi, médica generalista, quien forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir desde sus inicios y es quien articula con la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, cuenta que a partir de la cuarentena obligatoria “todos los servicios de salud se vieron modificados pero varían en todo el país, cada territorio es distinto y se maneja de manera diferente”.

Y agrega que si bien desde el Ministerio de Salud, específicamente desde la Secretaría de Salud Sexual y Reproductiva, se emitió un comunicado donde se pide que se garanticen todos los accesos a los métodos de Interrupción legal del embarazo porque son atenciones de prioridad, sólo en algunos lugares fue posible. “En la Ciudad de Buenos Aires se sigue garantizando igual que antes pero en otros lados se vieron modificados. Centros de salud donde se garantizaba la ILE se convirtieron en centros de Covid y los equipos se pusieron a cargo de esa situación por lo que se volvió más complejo acceder a los acompañamientos. Además, en aquellas provincias donde de por sí era difícil acceder a una ILE y esas personas debían realizar trayectos más largos, como irse a otras provincias donde sí se garantizaba, el traslado se vio imposibilitado por lo que se les complicó mucho”.

Tiempo Argentino intentó comunicarse por diferentes medios con la Secretaría de Salud Sexual y Reproductiva pero no se obtuvieron respuestas por el momento.

Cioffi remarca que desde la Red notaron que lo que más se vio dificultado fueron las interrupciones del segundo trimestre, porque son aquellas que se realizan en hospitales. “Es donde más se ejerce violencia a la hora de garantizarlo y donde hay menor garantía, porque el hospital está más reacio a realizar la interrupción”.

“Desde la Red de Profesiones de la Salud lo que hacemos es mantener actualizado el recursero de la web (http://www.redsaluddecidir.org/) para que las personas puedan acceder de la manera más oportuna y que en los lugares donde cambiaron su atención a otro lugar, como los días de atención, la mantenemos actualizándola todas las semanas y contestando a través de las redes sociales de la red, todas las consultas lo más pronto posible para que no haya muchas limitaciones”, explica.

El trabajo en conjunto con otros espacios de socorristas y diferentes colectivos de acompañamiento del aborto está planteado hace muchos años, pero con la pandemia se estrechó aún más, ya que varias integrantes se vieron limitadas a la hora de acompañar de manera presencial a quienes lo requerían. En este punto, aclaran que se  profundizó en términos de derivación y contacto con el sistema de salud.

Sobre hechos de vulnerabilidad y violencia hacia personas que accedan a la ILE, Estefanía cuenta que la red mantiene un constante contacto con abogadas feministas como también del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

Las regionales más afectadas y donde más se dificulta  acceder a una ILE son Santiago del Estero, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco, este último además por la cantidad de casos de Covid. También la provincia de Buenos Aires, que al ser más amplia es mucho más complejo de acceder o en territorios donde simplemente no se garantiza la ILE, muchas personas se terminan exponiendo a situaciones de violencia.

Por último, Cioffi adelanta que se empezó a trabajar en un proyecto, “un observatorio”, remarca, para identificar y visibilizar distintas situaciones de vulneración y violencia a la hora de garantizar las interrupciones.

En cuatro años, el misoprostol aumentó 1280%

El Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio) publicó el informe “El costo del Misoprostol, monitoreo de precios”, según el cual el precio del misoprostol registró una “aceleración descomunal” entre 2015 y 2019 que dejó a 1,2 millones de mujeres fuera de la posibilidad de acceder al medicamento. Entre 2015 y 2019 la suba del Oxaprost se disparó un 1280%, al pasar de $ 611,48 a 8441,43.

La coordinadora general del MISObservatorio, Candela García, afirmó: “lo que queremos es que se democratice el acceso a abortos seguros y para esto el misoprostol tiene un rol central porque es la forma más utilizada y la más segura de abortar”. En la Argentina hay dos medicamentos que contienen misoprostol habilitados para su comercialización en farmacias: Oxaprost, que está combinado con diclofenac, indicado para patologías gástricas y Misop 200, que es la presentación más económica de misoprostol.

Se puede acceder al informe completo en este link: https://www.misobservatorio.or…