Los padres de Ariana Lizarraga, una de las jóvenes muertas por el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara en 2010, le comunicaron a los jueces que absolvieron a casi todos los imputados que no apelarán el fallo: “Pedimos disculpas a nuestra hija. Ella bien podría cuestionar nuestra decisión y calificarla como debilidad. Tendría Razón. Quizá pueda entender que el poder judicial también nos mató a nosotros”.
Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, mediante una tremenda nota de tres páginas dirigida a los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti, les dijeron: “En vuestras manos estuvo la última esperanza, el último intento de vencer a la violencia política que mató a nuestra hija”, y se despidieron confesándose “cubiertos en un manto de tristeza y desolación”.
“Hemos tomado la irrevocable decisión de no recurrir ante el tribunal de Casación la sentencia que consagró la impunidad de los funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómplices y máximos responsables de la muerte de nuestra hija y de su mejor amiga, Leticia Provedo”.
Ambas jóvenes, de 21 y 20 años de edad, murieron como consecuencia del derrumbe de un entrepiso en el local, que en los hechos funcionaba como una suerte de Cromañón en escala. El lugar estaba habilitado para fiestas privadas pero la investigación determinó que había shows en vivo, baile y se cobraba entrada a los concurrentes.
El 23 de junio pasado, el tribunal oral número siete condenó sólo a los empresarios que regenteaban el boliche, a tres años de prisión en suspenso. Los ex funcionarios del gobierno porteño que por entonces encabezaba Mauricio Macri y policías federales que llegaron imputados a juicio fueron absueltos.
“El juicio oral a vuestro cargo reiteró la vocación absolutoria. (…) Somos conscientes de nuestra fragilidad política frente a la prepotencia del poder que silenció el caso en los medios de prensa y logró homologar la impunidad en el veredicto”, sostuvieron los padres.
En ese contexto, explicaron la decisión de no apelar ni las condenas a penas de prisión en suspenso, ni las absoluciones de todos los funcionarios públicos, incluidos los policiales: “Ya no estamos en condiciones psíquicas de tolerar más injusticias. Hemos tomado la decisión de rendirnos ante una circunstancia claramente ineluctable”.
“No estamos dispuestos a seguir siendo cómplices de simulación de juicio, donde la tragedia de las víctimas continúe sucediendo como un acontecimiento menor frente al poder político de sus victimarios, funcionarios del gobierno de la Ciudad”.
La carta, que trasunta un dolor contagioso en cada una de sus palabras, muestra a dos padres que saben –y así lo dicen- que sólo les queda resignarse. “Sabemos que la resignación no implica vivir con plenitud sino sobrevivir, pero al menos no tendremos que padecer nuevas vejaciones. No nos han dejado otra alternativa”.
La carta fue enviada dos días antes de que se conozcan las razones por las cuales los jueces suscribieron aquel fallo. La lectura de los fundamentos está prevista para el 20 de agosto.
Condenados y absueltos en el juicio por el derrumbe de Beara
En el proceso fueron condenados los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Iván Fliess y Gustavo Amaru (maestro mayor de obras que avaló el entrepiso) a tres años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación. Resultaron absueltos el comisario de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, así como los funcionarios Martín Farrell, ex director General de Habilitaciones y Permisos; Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales; Norberto Cassano, ex jefe del Departamento de Esparcimiento e Isaac Rasdolsky, ex responsable de Verificaciones y Habilitaciones.
Maximiliano Fratino, co-organizador del espectáculo que se realizó la noche de la tragedia en el boliche; Agustín De Grazia, encargado de Beara; Leandro Camani y Matías Pantarotto, gestores de la habilitación, y Vanesa Ileana Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control, también resultaron exculpados.
El fiscal Andrés Madrea –a quienes los padres le agradecieron su trabajo en estos 12 años, al igual que al abogado querellante, Daniel Llermanos- llevó adelante una compleja investigación en la que secuestró documentación que hablaba de “cometas” y consignaba incluso montos presuntamente pagados a funcionarios públicos.
“El poder judicial también nos mató a nosotros”, insistieron.
