La pretendida imposición por parte de WhatsApp de nuevas condiciones de uso para la aplicación de mensajería no cayó bien entre sus usuarios, generando una migración masiva en los últimos días hacia otros sistemas similares como Telegram o Signal, y casi de inmediato, la postergación de la implementación de estas medidas para el 15 de mayo, cuando debían entrar en vigor el 8 de febrero. Para comprender esta resistencia global, Tiempo dialogó con tres especialistas en la temática que dan sus perspectivas sobre si este “empoderamiento” de los clientes puede llegar a torcer las voluntades de las multinacionales que monopolizan ciertos resortes tecnológicos.

Primero, hay que aclarar que la estampida se dio por un malentendido: que la información de los mensajes iba a ser violada. “Es un cambio que solo va a impactar para quienes van a hacer las compras a través de un proveedor o un comercio que vende sus productos o servicios utilizando cuentas corporativas de WhatsApp”, explica el abogado Luciano Gandolla, cofundador y secretario de Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP). Agrega que la idea de la empresa era blanquear que compartiría “esa información con Facebook o Instagram para que la publicidad fuera mejor dirigida y más acorde a los gustos, consumos e intereses de los usuarios”.

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“Técnicamente, no es tan grave como la gente sostenía, que iban a espiar los mensajes o identificar con quién chateás. Sin entrar en detalles técnicos, es cierto que en cuanto a seguridad y privacidad, WhatsApp es la empresa que menos protege los datos en comparación con Telegram o Signal, que es una fundación y no perseguiría intereses comerciales”, continúa Gandolla, quien prefiere poner el énfasis en la “ética y la falta de normativas que regulen a estas empresas, sobre todo en la Argentina. Europa y el Reino Unido no le permitieron a WhatsApp hacer este cambio”.

El gigante Facebook compró WhatsApp en 2014 y dos años más tarde cambió los términos y condiciones para que estas empresas, todas bajo la tutela de Mark Zuckerberg, pudieran compartir los metadatos de los usuarios, que por cierto muchas veces resultan más importantes que la propia información privada, ya que establecen las interacciones en las redes o la ubicación de sus clientes.

La periodista Natalia Zuazo, especialista en política y tecnología, explica que “hasta ahora estas empresas compartían esta información, pero con un comportamiento relativamente por separado, para que no se las considerara un monopolio. Ahora parece que perdieron ese miedo ya que en EE UU pueden hacerlo, y decidieron avanzar en ese sentido y unificar todo. Además de esta actitud de los usuarios, se encontraron con la resistencia de Europa, que desde 2018 tiene una nueva Ley de Datos Personales con la que los clientes pueden negarse a compartir esos datos”.

Este no es el primer revés que sufre Zuckerberg. Unos años atrás, la consultora Cambridge Analytica fue acusada de haber obtenido de manera ilegal información de millones de usuarios de Facebook, que fue utilizada para favorecer la campaña presidencial de Donald Trump o el Brexit. “Se dieron varias migraciones masivas y después la gente volvió a utilizar estas plataformas, incluso hasta las acciones de la empresa se habían desplomado y luego crecieron más que antes. Si queremos un cambio en serio, debemos tener otros hábitos de consumo”, analiza Zuazo.

“Internet funciona según un modelo de negocios basado en la recolección, acopio y comercialización de los datos personales. El objetivo somos nosotros, nuestros gustos y preferencias”, expresa el director nacional de Ciberseguridad, Gustavo Saín, y advierte que “si uno lee los términos y condiciones de uso o las políticas de privacidad de la mayoría de los servicios o aplicaciones, todas dicen más o menos lo mismo: las empresas nos brindan gratuitamente sus plataformas tecnológicas para que nosotros podamos opinar, compartir noticias, subir fotos, producir videos y contactarnos con gente de todo el mundo a cambio de un uso comercial de ese material”.

El funcionario puntualiza que “todo eso que legalmente es un dato personal, haga o no referencia en forma directa a la identidad real de la persona, es propiedad del usuario, pero la empresa proveedora puede hacer uso comercial de los mismos en forma discrecional, ya que no sabemos que hacen con ellos concretamente”.

Saín, que además está a cargo del Posgrado en Ciberseguridad y Cibercrimen de la UBA, concluye que si bien se trata de “un acuerdo entre particulares”, la ley está “por encima aún cuando un usuario suscriba su consentimiento y el mismo contenga cláusulas contrarias a la legislación de protección de datos personales. Hoy las políticas internas de las plataformas tienen mayor relevancia que las leyes locales a nivel global. Existe un problema de soberanía”.

El temor a que nos perfilen

“Se dice que los datos personales serán el petróleo del siglo XXI, pero así como hubo que buscar otras energías renovables porque si no todo se va al tacho, con los datos pasa lo mismo”, razona Luciano Gandolla, quien considera que “en algún momento habrá que ponerse de acuerdo en administrar mejor esta información, porque si tiene tanto valor que motoriza la economía global, va a terminar siendo improductiva si la gente desconfía y deja de interactuar o de opinar porque detecta que la van a ‘perfilar’”.


Es clave, dice, actualizar la Ley de Protección de Datos Personales. “Nuestra normativa se está quedando atrasada respecto de las decisiones que tomó Europa. Nosotros siempre nos adecuábamos a sus legislaciones. Allá sancionan con fuertes multas a las empresas por lo mismo que hacen acá”.