“Una Asociación Civil, sin fines de lucro, con el objetivo de conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, recurso no renovable en peligro de extinción”. Así se define la Organización No Gubernamental Basta de Demoler, fundada en 2007 por vecinas y vecinos preocupados por la creciente destrucción patrimonial en CABA. El Gobierno de la Ciudad acaba de reflotar una demanda judicial por “daños y perjuicios” por 24 millones de pesos contra este grupo, al que acusa por haber paralizado las obras de lo que iba a ser la estación “Plaza Francia” de la Línea H de subtes. Pese a que la obra finalmente avanzó y se concretó la estación “Facultad de Derecho”, al tiempo que se logró resguardar la Plaza Alvear –donde habían comenzado las excavaciones, infringiendo la ley-, el Ejecutivo continuó con su denuncia. “Es intimidación, sin duda”, definió la presidenta de la ONG, Ana Bas.
La reanudación de la demanda iniciada en 2014 por el GCBA contra Basta de Demoler se conoció la semana pasada, en medio de la oleada de denuncias a familias de chicos y chicas que tomaban escuelas secundarias. Se trata de una demanda contra Basta de Demoler, Santiago Pusso y Sonia Berjman, amparistas en la causa judicial que llevó a frenar las obras de una estación de subte durante casi un año. Los denunciados habían acudido a la Justicia porque la plaza donde el Gobierno porteño estaba comenzando a trabajar –algo que incluía la tala de árboles añosos- estaba protegida por ley. El lugar en cuestión era la Plaza Alvear, donde habían comenzado los trabajos que el Ejecutivo pretendía hacer en Plaza Francia.
Por entonces, el Gobierno de la Ciudad consideró que la acción de amparo fue motivada por “cuestiones políticas con la sola intencionalidad de obstruir la gestión de gobierno y las obras en la Plaza Alvear”. La demanda recayó en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, secretaría 12, a cargo de la jueza Patricia López Vergara. Como repasó Basta de Demoler, el juicio estuvo suspendido durante 7 años, “por cuestiones procesales y el aparente desinterés del gobierno porteño en continuarlo. Ahora el GCBA insiste en su intención de amedrentar a todo ciudadano que recurra a la justicia para evitar decisiones abusivas que atenten contra el patrimonio arquitectónico o histórico de nuestra ciudad”.
“Insólito e inconstitucional”
“Fuimos notificados por el Juzgado donde está la causa. Esto lo han intentado en otros casos, pero sin llegar a tanto. Y campañas en contra de la ONG, todo el tiempo. Es intimidación, sin duda”, analizó Bas, en diálogo con Tiempo. Y citó un planteo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina”, sobre la responsabilidad internacional del Estado por la sanción judicial impuesta a Jorge Fontevecchia y Hector D’Amico por una publicación que supuestamente habría afectado la vida privada del expresidente Carlos Menem: “El temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces mucho más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una acción penal … con el resultado evidente y disvalioso de la autocensura”.
“Esta demanda es insólita por la gravedad de sus implicancias: no conocemos precedentes de un ataque semejante de un Gobierno contra una ONG cuyo objetivo es el bien común y el bienestar de los habitantes”, expresó Basta de Demoler mediante un comunicado. Y agregó: “Consideramos que es inconstitucional porque como ciudadanos estamos legitimados a interponer recursos de amparo en defensa del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural”. En su momento se puso en circulación una carta pública contra lo que era visto como “un ataque a la participación democrática”. El texto llevaba la firma de organizaciones como Greenpeace, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otras.
“Estamos preparando nuestra intervención en la causa”, anticipó Bas. Desde la ONG que encabeza alertaron que “esta demanda constituye además un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia”.
Amparo y relocalización
La obra para lo que iba a ser la Estación “Plaza Francia” de la Línea H comenzó hace poco más de una década, en febrero de 2012. Pero aquellos primeros trabajos de excavación no fueron en la plaza que daba nombre a la futura estación, sino en la Plaza Intendente Alvear.
Basta de Demoler y Sonia Berjman, historiadora especializada en paisajismo, presentaron entonces un amparo para detener esas obras. Porque esa plaza está declarada Área de Protección Histórica (APH 14 – Ámbito Recoleta), que prohíbe la extracción de árboles y especies vegetales y la modificación del diseño, caminos y senderos. Al mismo tiempo, la Ley 317 sobre la traza de la Línea H ubicaba la estación “en Plaza Francia, en inmediaciones de Av. Del Libertador y la Facultad de Derecho”. No donde habían empezado las obras de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), sino enfrente. El amparo fue concedido como una medida pre-cautelar por el Juez Guillermo Scheibler. Luego, la medida fue confirmada por el juez Hugo Zuleta.
Con la obra estaba paralizada, la Legislatura empezó a tratar un proyecto para relocalizar la estación en torno a la Facultad de Derecho, junto a las paradas de colectivos. La Ley 5233 modificatoria del trazado definitivo de la línea H se aprobó y SBASE relocalizó la estación “Facultad de Derecho”. “De esta manera, SBASE reconoce los errores cometidos”, señalaba la ONG en su momento. Junto con la relocalización se recuperó la Plaza Alvear, respetando la fisonomía que había diseñado el célebre paisajista Carlos Thays en su proyecto de 1895.
