El decreto que prevé el soterramiento del Sarmiento, otro de los ejes del plan ferroviario anunciado, continúa su derrotero por el Congreso con más pena que gloria. En agosto pasado la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo rechazó la normativa que preveía destinar $ 76 mil millones para obra pública. De esa suma, $ 45 mil millones se utilizarían para enterrar las vías del tren que parte de Once hacia el Oeste. Gracias a un acuerdo entre el PJ, el FPV y el massismo, la comisión emitió un dictamen de mayoría para anular el decreto que ahora deberá ser tratado en el Senado y Diputados. 

Los argumentos fueron que la mayoría del dinero iba a utilizarse en obras para la Ciudad y la provincia en detrimento del interior del país. El soterramiento fue licitado en 2007 y los ganadores resultaron la firma italiana Ghella, la brasileña Oderbretch y la argentina Iecsa, de Angelo Calcaterra, el primo de Macri. Un viaje al exterior sirvió como excusa para que el presidente evitara otorgarle la millonaria obra a su pariente: fue Gabriela Michetti quien suscribió el millonario decreto. El oficialismo cambió un punto clave del esquema diseñado por el kirchnerismo: no son las empresas las encargadas de conseguir el financiamiento, sino el Estado argentino. 

El macrismo necesita que una de las dos cámaras vote a favor de la aprobación del decreto para validarlo. Si se mantiene la cohesión entre las bancadas opositoras, el proyecto tiene serias chances de fracasar.

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