“La pandemia profundizó las viejas brechas y desafíos de las comunidades indígenas. La raíz de los problemas sigue siendo la misma. Y la respuesta de los Estados, también: la inacción, la falta de pensar políticas públicas con perspectiva indígena. Hay políticas que siguen perpetuando situaciones de discriminación y xenofobia”, denunció Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. En el marco del Día Mundial de los Pueblos Originarios, la organización alertó sobre la “vulneración de comunidades indígenas en el contexto de COVID-19”.

“Creemos que es momento de virar, de crear un paradigma nuevo para garantizar fehacientemente derechos de comunidades indígenas. Tienen un enorme marco jurídico en la Argentina para su protección de derechos, pero en los territorios la aplicación falta”, advirtió García Rey en diálogo con Tiempo.

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La referente de Amnistía Argentina contó que desde el inicio de la pandemia se llevó a cabo un seguimiento de la situación de pueblos originarios en el país. “Al inicio de la pandemia, cuando fue el cierre más estricto, se daban situaciones donde la dinámica de supervivencia indígena –que tiene que ver con lo colectivo: transitar de un lado a otro, poder intercambiar mercadería, etc.- por el cierre de circulación se vio especialmente vulnerada, lo que habla de una falta de perspectiva intercultural indígena en la forma en que se abordó la pandemia”.

Por caso, señaló que “el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) era imposible para las comunidades. Por accesibilidad y por los desafíos tecnológicos”. También apuntó a “la lengua en sí misma: mucha de esta información no estaba traducida”. Todo esto, en un marco en que “Argentina adeuda un censo sobre las comunidades”. En ese sentido, la organización destacó que es “fundamental” que continúe en vigencia la ley de emergencia territorial indígena 26.160, que suspende los desalojos y se propone relevar las tierras ocupadas por las comunidades originarias en todo el país.

Por otra parte, el informe alertó sobre casos de violencia institucional que afectaron a pueblos originarios durante la pandemia. Concretamente, el caso de Josué Lagos, de 23 años, quien el 11 de junio murió tras ser baleado en medio de la represión de las fuerzas de seguridad provinciales en la comunidad qom del barrio Los Silos, en la localidad de San Martín, Chaco. “La Justicia decidió dictar la ‘falta de mérito’ para el único imputado por el homicidio. El caso permanece impune”, advirtió Amnistía.

“Otro caso que se encuentra bajo proceso judicial es el que involucra a la fuerza de seguridad en Fontana, Chaco. La madrugada del domingo 31 de mayo del año pasado, un grupo de policías ingresó sin orden de allanamiento a tres domicilios en el Barrio Banderas Argentinas. De la causa surge que ingresaron violentamente a las casas y que se llevaron detenidos a cuatro jóvenes, una de ella denunció abuso sexual por parte de los agentes”, relevó la organización, que acompaña a las víctimas.

La pandemia también puso en evidencia las falencias en materia de acceso a derechos sanitarios para estas comunidades. “Acompañamos casos puntuales como la muerte de dos líderes y hablamos de eso: distancias de acceso a la salud y realidad de comunidades indígenas. Israel Alegre (en Formosa) murió sin ser atendido como correspondía. Fue internado por una dolencia y derivó en que era Covid. Eso también tiene que ver con cómo se acercan los servicios de salud a las comunidades y las históricas distancias de siempre”, resumió García Rey.