Con el pañuelo verde como bandera
El patriarcado se está cayendo. Y aunque el proceso sea largo, tenga avances y retrocesos, el camino de ampliación de derechos que viene recorriendo el movimiento de mujeres y disidencias es irreversible. Porque como lo resumió en el Congreso de la Nación Ofelia Fernández citando al Che Guevara: «Lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita».
Corría entonces mayo de 2018 y Ofelia concurría al anexo del palacio legislativo como representante estudiantil para promover la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Pocos días después la Cámara de Diputados se sentaba a discutir por primera vez la propuesta y la votaba positivamente en una jornada que ya forma parte de la historia de lucha por derechos en Argentina. Un mes después el Senado rechazaría el proyecto sin poder evitar que el pañuelo verde de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito se transforme en emblema de una generación y uniforme de buena parte de la sociedad que espera que una nueva composición del Congreso les permita a las personas con capacidad de gestar decidir sobre su cuerpo.
Si no se modifican significativamente los resultados de las PASO, cuando el proyecto vuelva a debatirse Ofelia será la legisladora porteña más joven de la historia. Una responsabilidad que, ella plantea, asumirá en nombre de un colectivo. Y una muestra de que la marea verde sube.
El hecho de que el proyecto IVE haya entrado al recinto por primera vez con Cambiemos tuvo más que ver con una coyuntura política que un apoyo genuino. De hecho la mayoría de su bancada rechazó la propuesta tanto en diputados (37 a 17) como en senadores (17 a 8). Y a pesar de concentrar el poder a nivel nacional aún no logra garantizar el acceso al aborto en los casos de violación y de peligro para la salud o vida de la mujer o persona gestante, tal como exige la Corte Suprema desde 2012. Adicionalmente todavía hay siete provincias que no adhirieron al protocolo nacional de aborto no punible (Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca).
Un femicidio cada 26 horas y un travesticidio cada 96
El 3 de junio de 2015 marcó un hito en la historia argentina. Ese día la marcha convocada bajo la consigna Ni Una Menos visibilizó los asesinatos cometidos por la violencia machista. Desde entonces la fecha quedó marcada en el calendario de la protesta social nacional. Su impulso forzó a mejorar el registro de los episodios de violencia, un hecho que permite dimensionar la situación que se vive en el país. Hasta el 17 de septiembre pasado, el Observatorio Ahora que Sí Nos Ven llevaba registrados 235 femicidios, lo que equivale a un asesinato cada 26 horas. Al menos 37 de las víctimas ya habían realizado una denuncia por un hecho de violencia y en el 66% de esos casos los victimarios incumplieron medidas dictadas por la Justicia.
Pero la violencia patriarcal no sólo afecta a las mujeres. En los últimos años cobró notoriedad el ataque hacia las disidencias sexuales. En ese sentido en junio de 2018 se vivió otro hito cuando la sentencia por el asesinato de Diana Sacayán incluyó el término travesticidio. Con muchos menos registros a mano, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans registró 11 asesinatos de trans en 2018, a los que se suman 43 mujeres trans que murieron por ausencia y/o abandono estatal y cinco suicidios vinculados. Por ende se consideran unos 59 travesticidios sociales. Lo que da un asesinato cada 96 horas. Pero a esto se suma la situación de vulnerabilidad en la que vive una persona trans cuya expectativa de vida ronda los 35 años.
El acoso más visibilizado pero sin políticas para frenarlo
A pesar de la mayor visibilidad que adquirió la situación de acoso que las mujeres viven en las calles cotidianamente, casi nueve de cada diez ofensas sexuales no son registradas por ninguna oficina del Estado, según se desprende de la Encuesta Nacional de Victimización del Indec, publicada en febrero de 2018. Del total de casos registrados, apenas el 27,4% fueron denunciados ante la policía y un 21,8% terminaron en denuncias judiciales.
Para poder dimensionar la situación, en marzo de este año el Indec publicó el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). Allí menciona 576.360 casos de violencia por razones de género entre 2013 y 2018. El número abruma, y aun así está lejos de reflejar la situación real: porque la mayoría de los casos no son denunciados y porque las estadísticas recién empiezan a sistematizarse.
Para medir la dedicación del Ejecutivo para avanzar en el cumplimiento de la Ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia machista puede mencionarse que el presupuesto con el que contó el Instituto Nacional de las Mujeres estuvo este año 30 puntos porcentuales por debajo de la inflación.
Una paridad política por la que todavía se espera
El 23 de septiembre se cumplieron 72 años desde que se promulgó la ley que garantizó los derechos políticos de la mujer. Desde entonces sólo dos mujeres fueron presidentas: María Estela Martínez (que asumió tras la muerte de Juan Domingo Perón) y Cristina Fernández de Kirchner. A nivel provincial sólo ocho mujeres fueron gobernadoras, según relevó Economía Feminista (EF) en marzo de este año. O sea que hubo «más presidentes llamados Carlos que gobernadoras».
Pero más allá del máximo cargo ejecutivo, la diferencia se hace más notable cuando hablamos de puestos ministeriales a nivel nacional. Desde 1983 sólo hubo 16 mujeres que ocuparon ese rol en diferentes gobiernos con 154 ministros varones que se sucedieron (9%). Cuando asumió Macri, nombró a tres mujeres y 20 varones en su Gabinete. Luego redujo los ministerios a la mitad y Susana Malcorra dejó su cargo como canciller. Pero el problema es federal. Hoy sólo el 19% de los cargos ministeriales están ocupados por mujeres. Pero como destaca EF, «el 71% por ciento de ellas se ocupa de áreas que, en cierto modo, son una extensión de las tareas feminizadas y relativas a los cuidados».
Durante la gestión de Cambiemos se sancionó la Ley de Paridad (27.412) que establece que los integrantes de las listas que se presentan a elecciones tienen que intercalar varones y mujeres de manera tal que haya la misma cantidad de cada uno. Pero sólo 13 de las 23 provincias tienen leyes para que las listas estén conformadas por la misma cantidad de candidatos varones y candidatas mujeres.
La brecha se agranda como consencuencia de la crisis
La falta de políticas públicas efectivas para reducir la brecha entre hombres y mujeres se vuelve más notoria en contexto de crisis económicas. La tasa de empleo registrado hoy muestra una diferencia de 20 puntos de diferencia (un 43,9% para las mujeres vs. un 64% hombres). En términos de desempleo la distancia es de tres puntos. La diferencia está, principalmente, en el trabajo no registrado de las mujeres, lo que las expone a situaciones de mayor vulnerabilidad y menores ingresos. Una prueba es analizar los ingresos totales entre varones y mujeres. Según los últimos datos difundidos por el Indec la brecha es de 27,2 puntos porcentuales, dos puntos más en la comparación interanual. Y si se toman sólo los ingresos no registrados, la brecha crece hasta los 37 puntos porcentuales.
Otra manera de analizar la disparidad es mediante el acceso a cargos jerárquicos. Allí se ve que el 8% de los ocupados tienen cargos de dirección o son jefes, mientras que sólo el 5,5% de las mujeres ocupa ese tipo de cargos. Tomando en cuenta que el mercado de trabajo está masculinizado, el efecto real es que la mayoría de las mujeres tiene jefes hombres.
El desempleo afecta aun más a las menores de 29 años, lo que les da el segmento más perjudicado por el desempleo. El último dato del Indec señala que casi una de cada cuatro jóvenes busca infructuosamente trabajo (23,4%). La diferencia con los hombres en ese rango etario es de cinco puntos porcentuales.
LA MENSTRUACIÓN COMO FACTOR DE DESIGUALDAD
Casi siete de cada diez personas del sector de menores ingresos de la Argentina son mujeres y promedian un ingreso de $ 2566 pesos por mes. Para ellas, el costo estimado para gestionar la menstruación mediante el uso de toallitas o tampones representa casi un 10% de sus ingresos. Este gasto no es optativo para las personas que menstrúan. Por eso la carga que genera la menstruación resulta un factor de desigualdad.
Desde 2017, la campaña argentina #MenstruAcción de Economía Feminista busca visibilizar la problemática mediante tres reclamos: quita del IVA, provisión gratuita, y realización de investigaciones y socialización de datos que permitan tomar decisiones tanto públicas como privadas con respecto a la gestión menstrual. Esta campaña ya se hizo proyecto de ley y busca su aprobación legislativa.
LA EDUCACIÓN SEXUAL NO FUE PRIORIDAD GUBERNAMENTAL
Si bien la Educación Sexual Integral (ESI) es ley desde 2006, en los hechos todavía hay muchas provincias en las que no se aplica. Pero aún en aquellos distritos donde hay contenidos producidos, todavía se registran muchas resistencias. De hecho, en la encuesta complementaria de las pruebas Aprender en 2017, el 79% de los chicos señalaron que su escuela no brindaba educación sexual y el 76% que no tenía abordaje en violencia de género. La fundación Huésped realizó un relevamiento entre docentes en marzo de 2018 donde concluyó que la mitad de ellos no había recibido capacitación al respecto.
La voluntad del gobierno nacional de aplicar la ESI puede leerse en la falta de inversión en el área. En el primer año de Macri los fondos del área cayeron más de la mitad, de 55 a 27 millones de pesos. Eso era durante la gestión de Esteban Bullrich, un abierto militante antiderechos. Con la asunción de Alejando Finocchiaro el monto subió hasta 43 millones. Pero volvió a bajar en 2018 hasta los 21,9 millones. Entonces la discusión por el aborto llegó al Congreso y Macri hizo una declaración pública sobre la importancia de la educación sexual. El presupuesto subió hasta los 102 millones de pesos. Por primera vez el monto durante su gestión superó el de 2015. Pero si nominalmente aumentó un 85% respecto de 2015, la inflación en su gestión fue del 295 por ciento.
La ley de cupo trans aguarda su sanción nacional
No hay estadísticas que den cuenta de la situación de la comunidad trans. Recién en el censo 2020 se los incluirá en el cuestionario. Por lo tanto la información disponible es parcial. Según datos de 2014 relevados por la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTA), sólo el 18% de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal. Además, al menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución.
Actualmente un proyecto de ley nacional de cupo laboral travesti-trans duerme en el Congreso desde julio de 2018. Propone que el 1% de los empleos de la administración pública nacional sean ocupados por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Mientras tanto, según un relevamiento de la Agencia Presentes, en todo el país sólo cuatro provincias aprobaron legislaciones para incluirlo (Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Chaco), pero ninguna lo reglamentó ni lo cumple todavía.
las licencias que faltan para achicar la brecha
La disparidad de licencias entre hombres y mujeres también es un factor de desigualdad. No sólo porque en el caso del nacimiento de un hijo la diferencia incide en la posibilidad de las mujeres por conseguir empleo, sino porque también recargan en ellas buena parte de trabajo no remunerado. En Argentina la licencia de paternidad es de 2 días corridos por ley, mientras que la maternidad es de 90 días. En la inauguración del año legislativo el presidente anunció que presentaría un proyecto para ampliar la licencia de los padres, pero no ocurrió.
Según un relavamiento de Cippec, en 2017 había 32 proyectos de licencia de paternidad, pero ninguno avanzó. Este año, el legislador porteño Carlos Tomada presentó en la Ciudad de Buenos Aires la propuesta de creación de un Sistema Integral de Cuidados destinado a la infancia y a las personas con discapacidad y adultos mayores en situación de dependencia. El planteo restituye la responsabilidad estatal en el cuidado de la población más vulnerable pero además «reconoce el valor económico, social y cultural de las tareas de cuidado, su impacto en la distribución desigual entre los géneros del mercado laboral, y su importancia en el camino hacia el pleno goce de la ciudadanía y el bienestar de la población».
Las jubilaciones de las amas de casa, en riesgo
En 2005 se modificó la ley de moratoria provisional que permitió que entre ese año y 2016 unas 1.796.439 mujeres entre 60 y 65 años puedan jubilarse a pesar de no tener los aportes correspondientes. Esto consideraba que las mujeres destinan 6 horas promedio por día a tareas domésticas y de cuidados que no son remuneradas. El gobierno de Macri puso en duda ese derecho cuando creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Según detalla el Cels, «la PUAM puso un piso arbitrario de 65 años –incluso para mujeres–; representa un 80% del haber mínimo de aquellas personas que sí pueden acceder a una jubilación –es decir 20% menos del mínimo legal y además no puede trasladarse al/la cónyuge luego de fallecida la persona beneficiaria». Un mes antes de que la PUAM reemplace la moratoria previsional la Anses decidió por prorrogar el sistema previo hasta julio de 2022.«
