El trampolín político que representa la Ciudad de Buenos Aires para cualquier jefe de gobierno escapa a la mala o buena gestión que realizan durante su mandato al frente de la jefatura. Hay dos claros ejemplos de esta situación: Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, ambos exjefes de gobierno convertidos luego en presidentes mediante el voto popular. Quienes analizan el caso de Horacio Rodríguez Larreta coinciden que, en la práctica, gobierna con la realización de obras vistosas, pero haciendo a un lado las necesidades de los sectores más empobrecidos de la Ciudad. Pero desde lo discursivo, más allá del marketing político, en cada intervención mediática refuerza la idea de autonomía e independencia de CABA, tratando de diferenciarse constantemente de las medidas del gobierno nacional, un hecho que pudo comprobarse, sobre todo, en la implementación de medidas para luchar contra la pandemia de Covid-19.

Pero la insistencia de Larreta en que la Ciudad debe funcionar al igual que una jurisdicción provincial, no se sostiene en la práctica misma de su gobierno. Un claro ejemplo de ello se refleja en el funcionamiento de las 15 Comunas porteñas, que deberían estar funcionando como unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, con patrimonio y personería jurídica propia. Esto no ocurre.

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Algunas de las competencias exclusivas que tienen las comunas son: el mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes; la elaboración de su programa de acción y un anteproyecto de presupuesto anual, así como su ejecución; la iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de decretos al Poder Ejecutivo; entre otras. O sea, las Comunas deberían actúar como gobiernos barriales dentro de la Ciudad, pero sin la capacidad de crear impuestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse financieramente. Por lo tanto, necesitan de un presupuesto propio, como lo establece la Ley 1777 de Comunas, pero que el jefe de gobierno porteño se niega a proveer.

“El funcionamiento de la comuna es similar a lo que serían las municipalidades en una provincia. Es decir, son gobiernos independientes del gobierno central de la Ciudad y que deberían tener un manejo autónomo”, explica a Tiempo Carlos Wilkinson, fundador del Movimiento Comunero y miembro del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 13. “Los municipios, para poder tener un manejo autónomo respecto de las provincias, tienen la capacidad de crear impuestos, cosa que las comunas no pueden. Cuando discutimos la ley de Comunas nos pareció muy lógico que cada comuna no tuviera sus propios impuestos, porque si no, habría comunas muy ricas, como las del norte de la Ciudad, mientras las del sur serían cada vez más pobres”.

La Ley de Comunas se sancionó en 2005 y tuvo un amplio debate ciudadano. Lo que se resolvió en ese momento es que las Comunas debían tener una jurisdicción presupuestaria diferente a la de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, en el presupuesto general de la Ciudad de Buenos Aires, así como se destina una partida presupuestaria para la Legislatura, otra para la justicia porteña y otra para la Jefatura de Gobierno, debe destinarse una cantidad determinada de dinero para cada comuna. “Esto está establecido en la Ley de Comunas, en la Constitución de la Ciudad y en la Ley 70, que es la de administración general financiera de la Ciudad. Pero en la práctica, desde que se pusieron en funcionamiento, jamás les destinaron un presupuesto propio”, agrega Wilkinson. Tanto Macri como Larreta manejaron durante 14 años “los recursos que deberían haber correspondido a las Comunas en forma centralizada y arbitraria. Por lo tanto, nunca las Comunas pudieron llevar adelante obras ni administrar sus propios recursos”.

Hasta esta última elección, la mayoría de las juntas comunales pertenecían al PRO, y es por eso que sus comuneros nunca tuvieron la voluntad de exigir el dinero que les correspondía. Cada una de las 15 Comunas tiene siete comuneros que se reparten proporcionalmente de acuerdo a los resultados de las elecciones. El oficialismo porteño tiene en las Comunas mayor cantidad de representantes. Para poner un ejemplo: en el caso de la 15, cuatro son del PRO y tres del Frente de Todos. “El gobierno de la Ciudad no solamente viola la Constitución y la ley de Comunas, sino que, además, por medio de un decreto creó las gerencias y las subgerencias, que determinan que sólo los presidentes de la juntas comunales, que son todos del PRO, monopolizan la toma de decisión frente a cualquier tema”, explica Nancy Bolaños, comunera del Frente de Todos de la Comuna 15.

Bolaños se refiere al Decreto N° 154/GCBA/18, firmado por Larreta, que viola la Ley de Comunas y la carta magna porteña: “Con esto, Larreta rompe con la idea principal de las Comunas, que era establecer una democracia directa, más participativa y una descentralización del gobierno local. De esta manera, el jefe de gobierno profundizó la centralización de su gobierno para avanzar contra todo lo que se interponga a su paso”.  «

El potrero del parque

Un caso emblema del modo en que el gobierno de Rodríguez Larreta pasa por encima de los Consejos Consultivos de cada Comuna, que por ley deberían definir de manera autónoma sus prioridades presupuestarias en materia de espacios verdes, es el del “potrero” del Parque Centenario. El presidente comunal de la Comuna 6, Federico Ballán, decidió unilateralmente que con el presupuesto que le asigna directamente el Ejecutivo porteño iba a pavimentar la canchita de fútbol.