Al Estado argentino le quedan poco más de 25 días para cerrar todos los manicomios y reemplazarlos por dispositivos que permitan a las miles de personas que continúan encerradas en hospitales psiquiátricos vivir en comunidad, de acuerdo a un sistema de salud mental que respete su dignidad humana. Tal cosa no ocurrirá de aquí al final de 2020, la fecha límite para el cierre de los establecimientos de internación monovalente, que son todavía 162 en todo el país, fijada por la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, de cuya sanción se cumplieron diez años el pasado 25 de noviembre.

¿Qué pasó en el medio? Hubo avances pero, también, muchos obstáculos y no pocos prejuicios que impiden que la ley se aplique plenamente.

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“Observamos que, a diez años de la sanción, si bien se lograron algunas cosas, como la creación del Órgano de Revisión nacional y de algunos órganos provinciales, o la creación de la unidad de letrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, además de la implementación de algunas prácticas de abordaje comunitario de la salud mental en distintas jurisdicciones, todavía estamos muy lejos de un cambio de paradigma y de la sustitución definitiva del modelo de atención manicomial, que es el objetivo de la ley”, sostiene Eduardo Quiroga, abogado del Programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Esta asociación civil creó un sitio web (argentinasinmanicomios.acij.org.ar) que funciona como una especie de cuenta regresiva. “Nuestra idea con este reloj es marcar el vencimiento de ese plazo legal, que obviamente no ha sido cumplido. El censo de 2019 evidenció que todavía existen en el país 162 hospitales psiquiátricos públicos y privados, con más de 12 mil personas internadas, con un promedio de 8,2 años de tiempo de internación. La iniciativa busca también informar sobre la ley, transmitir los relatos de personas que han atravesado una internación psiquiátrica y tratar de desarticular los prejuicios que persisten sobre el tema”, explica Quiroga.

Los datos de ese censo (que en teoría debía hacerse cada dos años desde la sanción de la ley y tardó nueve) indican que quedan 162 instituciones psiquiátricas de encierro (el 25% son públicas), donde hay 12.035 personas internadas (entre ellas 266 niñas, niños y adolescentes), y que el 60,4% no prestó consentimiento para estar allí. De ese total, solo el 36,4% está en una situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, y son más (el 37,2%) los que permanecen internados por falta de dispositivos comunitarios o vivienda. Hay un 25% que lleva entre once y 90 años encerrados.

“Hospitales generales y centros de atención primaria de la salud deberían contar con equipos interdiscplinarios de salud mental y la verdad es que hoy muchas veces se rechaza la atención de las personas y se las deriva a hospitales monovalentes, algo que la ley prohíbe”, agrega Quiroga, y señala el principal obstáculo, el presupuestario. La ley establecía que el 10% del presupuesto total de salud debía destinarse a salud mental, y hoy a ese ítem no se destina mas del 2%, una infranqueable barrera para diseñar políticas públicas en el área. «