La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, establecía que el Estado debía destinar el 10% del presupuesto sanitario a ese ámbito y apuntar a un tipo de abordaje comunitario. Más de una década después, las metas que fijó están lejos de cumplirse. Para 2021, el porcentaje del presupuesto destinado a salud mental es del 1.47%. “Está muy por debajo de lo que la ley establece y lo que preocupa es que gran parte de ese escaso porcentaje se destina al sostenimiento de lo que la ley se propone cambiar”, advirtió Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Es decir, se mantiene el encierro en instituciones psiquiátricas como abordaje principal de la salud mental.

Así se desprende del nuevo informe de ACIJ“Salud mental: recursos insuficientes y concentrados en el manicomio”. El estudio señala que a nivel nacional hay cuatro entidades con gasto en salud mental: el Ministerio de Salud (en particular la “Actividad Apoyo y Promoción de la Salud Mental”), los 2 hospitales monovalentes nacionales (Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. “Laura Bonaparte” y Colonia “Dr. Manuel A. Montes de Oca”), y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). “Durante el año 2021, la suma de los recursos totales de estos organismos representará tan solo el 1,47% del gasto total de salud, lo que se encuentra muy por debajo del mínimo dispuesto en la ley 26.657”.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

“Es un porcentaje que, si bien este año es el más bajo desde 2012, más allá de la pandemia siempre se encontró por debajo el 2%. El año pasado fue del 1.9%, el anterior 1.6%. Previo a la pandemia el porcentaje ya era menor al 2%, no habría variado por eso”, explicó Quiroga a Tiempo. De todos modos, aclaró que si se incluyera la variable ‘pandemia’ habría que tener en cuenta que “la mayoría de los organismos internacionales recomendaron la externación de los hospitales psiquiátricos en este contexto porque en estos lugares las personas se han visto expuestas al virus por la forma en que viven, por la imposibilidad del aislamiento. A pesar de estas recomendaciones, no se destinaron recursos a la creación de opciones que permitan la externación en este contexto”. Entre ellas, la habilitación de áreas de salud mental en hospitales generales y centros de atención primaria.

Los plazos que disponía la ley ya están vencidos. De acuerdo a la normativa, debía promoverse el cierre de los psiquiátricos hacia 2020. “En 2013 la reglamentación de la ley había puesto como fecha para el cierre 2020. Los hospitales deberían presentar planes de adecuación al Ministerio de Salud que impliquen el cierre de los servicios de internación para la transformación de estas instituciones. Hay algunos ejemplos aislados, pero hasta el año pasado eran muy pocas las que habían presentado esos planes: siete sobre 162 espacios públicos y privados”, detalló Quiroga.

Pensar en la externación de pacientes psiquiátricos implica la necesidad de “crear una red de dispositivos que pueden ser servicios de atención ambulatoria o domiciliaria, viviendas o residencias para personas con déficit habitacional, dispositivos de inclusión social y laboral. La vida en comunidad también ha sido negada por muchos años a estas personas. Entonces hay que pensar dispositivos, cooperativas de trabajo, servicios de asistencia financiera. Para que puedan vivir y hacerse cargo de sus propios gastos”.

Desde ACIJ remarcan la necesidad de que el Estado promueva esos planes de adecuación y que fomente que las provincias también lo hagan. Quiroga recalcó además que “los recursos son necesarios para el cumplimiento de la ley, pero eso solo no alcanza para el cumplimiento, sino que tienen que dirigirse al abordaje comunitario”. En algunas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, por caso, “hay un porcentaje (de presupuesto) más elevado, pero igualmente el 80% de recursos se sigue destinando a psiquiátricos”.

El relevamiento expuso también un alto grado de subejecución de las partidas destinadas en los últimos años a programas vinculados a la salud mental. Y señala que este panorama no sólo incumple la ley 26.657 sino también la sentencia judicial dictada en diciembre del año 2015 por la Justicia Nacional en la causa ‘S.A.F y otros c. Estado Nacional y otros’, a través de la cual se condenó al Ministerio de Salud a proveer dispositivos comunitarios para garantizar la externación de las personas que se encuentran encerradas en hospitales psiquiátricos en condición de alta.