“Acá te muerde un perro y te morís –dice Mirko Neuenschwander, secretario de la Comisión Directiva Wichí de Misión La Loma de Embarcación, Salta–. Se te infecta la herida y no hay antibióticos. En el interior de la provincia, la gente de las comunidades tiene que volver con sus hijos enfermos al hospital cada ocho horas porque el médico te mezquina el remedio, no te quiere dar el frasco o la caja de pastillas. Esos son los tratos que existen para nosotros. Casos como el de mi sobrina hay un montón”.
Briana Torres, la sobrina de Mirko de seis años, murió el pasado 9 de marzo, luego de descompensarse por falta de atención médica en el Hospital San Roque de Embarcación. La desgracia personal de Mirko y su familia es también una tragedia social: según la información entregada por la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud Pública de Salta solo en tres años murieron en la provincia norteña 217 niñas y niños de los pueblos originarios (108 en 2020, 64 en 2021 y 45 en 2022).
Ya la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes había advertido que a diciembre de 2021 había en las comunidades alrededor de 7500 niñas y niños con riesgo nutricional. Se sabe: a las cifras oficiales siempre debe sumarse un número igual o mayor en negro, es decir, aquellos casos que por acción u omisión se mantuvieron invisibles.
“Si nos regimos por los datos del censo de 2010, porque faltan los del último, el 70% de los miembros de los pueblos originarios de Salta no tienen prepaga ni obra social, lo que quiere decir que dependen de la salud pública y este acceso es muy limitado y deficiente”, explica Nahuel Arias Camacho, abogado del Programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien acompañó a la comunidad Misión La Loma en la presentación de las denuncias penales para que se investiguen las irregularidades cometidas con los turnos médicos, evidenciadas con la muerte de Briana.
“La venta de turnos –continúa– fue reconocida por el mismo gerente del hospital ante los medios. El personal reservaba y vendía los turnos. La gente de bajos recursos como la de las comunidades no puede pagar dos mil pesos por un turno porque es quitarle días de comida. Entonces se quedan sin atención médica”.
El domingo Briana se sintió mal, con fiebre alta. El lunes, ya en la guardia, una enfermera le dio de tomar algunas gotas de Paracetamol y la envió a su casa. Antes le aconsejó a la madre que sacara turno con el médico, que sería conveniente una consulta rápida. El martes la madre volvió al hospital en vano: los escasos veinte turnos que se dan por día estaban tomados por los “acomodados”.
El miércoles a la noche un vecino de Briana pasó la noche formando fila y así consiguió un turno para el jueves a las 9 de la mañana. Camino al hospital, Briana se descompensó. El médico llegó recién a las 10, una hora después del horario pautado para la atención. A esa altura la niña había entrado en shock. Lo que siguió fue el desmayo y una internación de apuro en la sala de Pediatría. Briana ya no reaccionó, era tarde.
Discriminación y violencia
Ubicada a 260 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, Misión La Loma es una comunidad fundada en 1962 por noruegos que agrupa a las etnias wichí, toba y guaraní. A cuatro kilómetros del Hospital San Roque y a casi 60 del que está en Orán, a la gente de la comunidad le cuesta conseguir los turnos médicos.
“Es difícil, tenés que ir un día antes a hacer fila y ni eso te asegura que vas a conseguir. Además, el hospital nos queda lejos para ir cargando una criatura. Los que tienen van en motos, nos tratamos de ayudar entre todos”, cuenta Mirko.
De acuerdo a la denuncia de ACIJ, la muerte de Briana, al igual que otras ocurridas en el pasado, “fue causada por los gravísimos déficits» del sistema de salud de la provincia: “Cuando llegan al sistema sanitario (en referencia a los miembros de las comunidades), se enfrentan a abordajes carentes de perspectiva intercultural y a prácticas de violencia y discriminación totalmente naturalizadas.”
Esta situación puede revertirse con el cumplimiento de la ley de Salud Intercultural que la provincia sancionó en 2014 (ver recuadro), la cual establece, entre otras medidas, la existencia de facilitadores interculturales y albergues encargados de recibir a las personas que abandonan sus comunidades en busca de atención médica.
“Hay un informe del Ministerio de Salud de noviembre de 2022 que enumera las acciones a implementar, entre las que está una Mesa Interministerial para la creación de un plan integral con expresiones del estilo ‘se van a designar tres personas para tal cosa’ pero no dicen cómo, ni cuándo, ni quién; es decir, son solo promesas que nunca cumplieron”, se queja Arias Camacho.
Choque cultural
Todavía hoy, cerca de cumplirse un mes, la familia no conoce la real causa de muerte de Briana. En el certificado de defunción se puede leer “shock séptico” y “posible meningitis”, pero a nadie le presentaron un resultado de laboratorio que lo confirme. El hecho se agrava porque el Ministerio de Salud, en declaraciones a medios locales, aseguró que la niña murió por neumonía.
“Al cuerpo de mi sobrina –enfatiza Mirko– lo mandaron a la casa sin hacerle la autopsia porque no había médico forense. No le sacaron ni una placa, a la madre no le mostraron un solo papel. Encima después la gente del hospital la intimidó para que ella no hiciera la denuncia. Le dijeron que si la hacía, había que desenterrar el cuerpito y entonces ella dijo que mejor se quede así nomás, no quería sufrir eso”.
Como ya se dijo antes, lo particular es lo general. “Cuando llegás a la guardia –sigue Mirko–, si no estás volando de fiebre o con el hueso afuera, no te atienden. El médico te hace sentir que lo estás molestando, se enoja porque hay gente que no sabe leer y te empieza a discriminar. Te habla con palabras que no entendés, no te explica nada, el choque cultural es grandísimo”.
Las raíces del destrato son profundas. “La violencia y la expulsión –aporta Arias Camacho– son prácticas que las comunidades siempre sufrieron. No solo con la salud; no tienen agua, caminos, tampoco acceden a la justicia, se les niegan las tierras ancestrales. Sus reclamos son invisibilizados, ellos son perseguidos, nunca son noticias por sus virtudes o conquistas, siempre aparecen como algo malo”.
La Ley de Salud Intercultural que no se aplica
En noviembre de 2014, se sancionó en Salta la Ley 7856 de Salud Intercultural que impulsa la creación de una red de apoyo sanitario intercultural destinada a los pueblos originarios de la provincia. Sin embargo, al no reglamentarse, la provincia no avanzó en su aplicación efectiva. La ley, en concreto, contempla el trabajo de facilitadoras y facilitadores interculturales en los centros de atención médica y de profesionales formados en salud comunitaria e intercultural, entre otros aspectos, que apuntan a remover los obstáculos históricos que estas comunidades enfrentan para ejercer plenamente su derecho a la salud.
El objetivo es que el Estado garantice una adecuada y equitativa atención médica a pacientes indígenas -con especial interés en el cuidado de niñas y niños-, y que también provea contención económica, social, y acompañamiento integral a estas familias que viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. La reglamentación de esta ley es una responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial, algo que está pendiente desde hace casi diez años.
La denuncia ante la Corte provincial de Justicia
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma denunciaron frente a la Corte de Justicia de Salta “el grave incumplimiento por parte del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta a la medida cautelar ordenada el 18 de enero de 2022 que obligaba a contratar facilitadoras/es interculturales y a poner en funcionamiento los albergues de tránsito -arts. 2 y 3 de la Ley 7856”.
En tramos de la denuncia se puede leer que “al día de hoy no se han contratado a las/os facilitadoras/es interculturales en el Hospital de Embarcación, ni tampoco se ha habilitado el albergue, pese a que ambos componentes de la medida cautelar llevan más de un año y dos meses de incumplimiento y que el Ministerio de Salud Provincial expresó, en noviembre pasado, que iba cumplir con estos puntos de forma urgente”.
“El reciente fallecimiento de una niña wichí –continúa el texto– ha puesto en descubierto las muy perjudiciales consecuencias del incumplimiento total de las obligaciones y compromisos asumidos por la Provincia de Salta”.
La provincia con mayor población originaria
Según el censo realizado en el año 2010, en Salta viven la mayoría de los miembros de los pueblos originarios del país: 79.204 personas que representan el 6,5% de la población salteña. En total, son 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios. El 24,9% de esos 79.204 habitantes se autorreconoció perteneciente al pueblo Wichí, el 21,6% al Kolla, el 13,7% al Guaraní y el 13,5% al Ava Guaraní. A su vez, los indicadores de calidad de vida, educación y trabajo de la provincia expresan un acceso desigual entre la población indígena y no indígena a los bienes y servicios básicos.
