A cinco años del virulento ataque al edificio donde funcionaba la redacción de Tiempo y las instalaciones de Radio América, la Justicia avanza –luego de varios meses de letargo– en la producción de pruebas sobre la presunta complicidad entre la policía y la patota que aquella madrugada del 4 de julio de 2016 intentó despojar de su fuente laboral a unos 400 trabajadores de prensa del diario y la emisora, que habían formado parte del denominado Grupo 23, vaciado por los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

El Juzgado Criminal en lo Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó el pasado 28 de junio a la Jefatura de la Policía Federal que tome las medidas necesarias para dar con los datos personales y el destino de todos los efectivos que se encontraban cumpliendo servicio en la ex Comisaría 31, de Colegiales, entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de julio de ese año.

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El juez quiere saber qué funciones tenía cada policía en ese momento y que se establezcan los móviles que estaban asignados a esa seccional con sus respectivos choferes y acompañantes. Del mismo modo, busca determinar los números de teléfonos celulares que había en cada patrullero y si poseían un sistema de rastreo satelital que “permitiera conocer su ubicación en tiempo real y si al día de la fecha resulta posible obtener los datos registrados sobre la ubicación de esos móviles durante la noche en cuestión”, según se desprende de la solicitud.

Esta información, bastante básica por cierto, ya había sido pedida hace cinco años por la querella, representada por la abogada María del Carmen Verdú. Sin embargo, el planteo fue sistemáticamente rechazado. Sin dudas, dar con esos datos habría sido más simple en 2016 si se tiene en cuenta que, en el tiempo transcurrido, la Comisaría 31 dejó de existir para dar paso a la Comisaría Vecinal 14-B, y que gran parte de la Policía Federal se fusionó con la Metropolitana, creando así la Policía de la Ciudad.

“Desde ese 4 de julio venimos sosteniendo que el ataque de la patota de Mariano Martínez Rojas a la redacción de Tiempo fue posible por la connivencia de la Policía Federal, que lo acompañó y le dijo al cerrajero convocado que tenía que forzar el ingreso porque se trataba del ‘dueño’”, explica la abogada que defiende los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa Por Más Tiempo.

Según se pudo reconstruir a través de testimonios de los testigos y los propios sospechosos, aquella noche el supuesto comprador de Tiempo Argentino y Radio América, el estafador Martínez Rojas –en la actualidad preso por otra causa– irrumpió por la fuerza en el edificio de Amenábar 23, en el barrio porteño de Colegiales, donde pernoctaban tres trabajadores que resguardaban los elementos laborales gracias a un permiso del Ministerio de Trabajo. Tras golpearlos y echarlos, los intrusos tomaron las instalaciones y destruyeron parte del mobiliario.

El copamiento, tal como se desprende del expediente, fue encabezado por Martínez Rojas, que contó con los servicios de Juan Carlos Blander, un experimentado empresario que brindaba seguridad en grandes eventos musicales, quien se encargó de reclutar a una patota de más de una docena de hombres, muchos de ellos con antecedentes penales. Dicho por el mismo Blander, el comisario Jorge Guillermo Azzolina fue quien recomendó su nombre a Martínez Rojas para realizar este particular trabajo, porque, por obvias razones, la policía no podía participar activamente de la maniobra ilegal.

Sin embargo, los agentes no tuvieron mayores inconvenientes en darle cobertura en el territorio a la fuerza parapolicial. El lugarteniente de Azzolina, el subcomisario Gastón Aparicio, sí estuvo en el lugar de los hechos y jugó un rol clave en favor de los violentos, ya que intentó en todo momento que los trabajadores no ingresaran al edificio, filtrándole información a la fiscal contravencional Verónica Andrade, quien esa noche intervino desde su casa.

Lo que no esperaban tanto Andrade como la patota y los policías es que en cuestión de minutos, el sitio se colmara de otros trabajadores y organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron inmediatamente con los cooperativistas de Tiempo y, a pesar de la fuerte tormenta, en la calle comenzaron un fuerte reclamo para recuperar el lugar.

“El procesamiento del comisario Azzolina fue revocado por la Cámara Criminal y Correccional Federal, que lo reemplazó por una falta de mérito, argumentando que faltaba producir prueba a su respecto. Pasaron casi dos años, y recién ahora el juzgado empezó a producir las medidas necesarias para establecer cuál fue la intervención policial, que no solo incumbe a Azzolina, sino también al subcomisario Aparicio, que fue el hombre de azul en el lugar”, continúa Verdú.

A pesar de intentar desvincular por el momento a Azzolina, el fallo de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, emitido a mediados de 2019, ratificó la imputación que pesa sobre los otros 15 sospechosos, que ya habían sido procesados por el juez Martínez de Giorgi, entre los que se encuentran Martínez Rojas, Blander y el resto de la patota. Todos ellos quedaron formalmente acusados de “usurpación, daño, interrupción de la comunicación y robo”.

“Una vez que logramos superar el larguísimo tiempo insumido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para confirmar que los delitos cometidos eran de carácter federal, porque se dirigieron a impedir la libre circulación del diario y constituyen un atentado a la libertad de prensa, fue relativamente simple lograr el procesamiento de la patota y de su jefe, Martínez Rojas. Pero el aparato judicial trató de relativizar la participación necesaria de la policía, entonces integrantes de la Policía Federal, hoy policías de la Ciudad”, resume Verdú.

“Martínez Rojas y su patota nunca hubieran podido forzar su ingreso al edificio sin la cooperación policial”, insiste la abogada de la cooperativa y referente de Correpi, y concluye: “Desde la querella queremos llegar al juicio oral con todas las imputaciones completas. Sin los policías, no lo vamos a permitir”.

Multimillonarios embargos

En la última diligencia, el juez Martínez de Giorgi también embargó a Martínez Rojas por ocho millones de pesos; a Blander por dos millones de pesos; y al grupo de violentos integrado por Gabriel Moraut, Henry Castro Vargas, Carlos Ruiz Díaz, Carlos Antivero, Marcelo Caña, Pablo Batista, Diego Chávez, Esteban Díaz, Rodrigo Roldán, Juan Moreno, Ovidio Ramírez, Omar Ontivero y Alejandro Marostica Spahn, por la suma de 250 mil pesos cada uno.