Ni siquiera hay que pensar en un diagnóstico funesto (los hay y son demasiados). Algo trivial, que no provoque intranquilidad, frecuente. Una erupción en la piel, por ejemplo. El pediatra prescribe una crema, y luego, todavía confiado, aunque persistan la picazón y el enrojecimiento, ordena las previsibles muestras de orina y sangre. Los estudios salieron bien, pero la afección no mejora; los padres se inquietan y el médico aconseja la derivación a un especialista. La visita a uno y otro consultorio puede volverse habitual y, al mismo tiempo, seguir sin saber qué está sufriendo el paciente, que encima es un chico. Si en ese derrotero alguien hubiera preguntado por la actividad productiva cercana a la familia, si hubieran confirmado que en los alrededores de la casa o la escuela se siembra soja, recién entonces sabrían que están frente a uno –con seguridad, uno leve– de los efectos de la exposición a agrotóxicos. Para los pueblos fumigados, la incorporación de una historia clínica ambiental en las consultas médicas se ha vuelto un reclamo urgente.

“Las instituciones de salud aún siguen sin considerar el daño que produce este modelo tóxico. Pedimos la incorporación de una historia clínica ambiental en la consulta médica, atención inmediata y estudios acordes a las actividades productivas cercanas al entorno del paciente”, reza el video colaborativo difundido por un grupo multidisciplinario de activistas que reúne a profesionales de la salud, realizadores audiovisuales, comunicadores y damnificados directos.

“Surgió de un intercambio ante la necesidad de denunciar y mostrar que la emergencia socioambiental y sus consecuencias no están siendo atendidas como un tema de salud pública, cuando la gravedad actual lo hace prioritario”, explica Anabel Pomar, periodista e integrante de Exaltación Salud.

La demanda del grupo se basa en la carencia de protocolos unificados frente a la niñez expuesta a la batería de plaguicidas que aplica el agronegocio o a los contaminantes que pueden provenir, por ejemplo, de una fábrica cercana. Salvo excepciones, los médicos no preguntan por la forma de producción ni las industrias presentes en el entorno del paciente.

“Es un vacío que se produce en la consulta. Tres décadas de este modelo productivo que esparce millones de litros de tóxicos en la tierra y en el aire y seguimos atendiendo la enfermedad o el síntoma, pero en ningún momento se asocia con la cuestión ambiental. Es urgente visibilizar esta problemática. Lo que dicen los pacientes y los familiares es inapelable. Y sin embargo, son los más silenciados”, dice Mercedes “Meche” Méndez, enfermera de Cuidados Intensivos del Hospital Garrahan y testigo invariable de las enfermedades y muertes provocadas en niñas y niños que llegan desde los territorios fumigados de todo el país.

“Desde el año 2010 –continúa–, desde mi lugar muy chiquito, vengo planteando esta problemática en el hospital, pero nunca me dieron bolilla. Parece que ahora, como lo dice la SAP (en referencia a un informe elaborado por la Sociedad Argentina de Pediatría), el tema existe. Capaz a muchos les sirva para convencerse de algo que las poblaciones damnificadas, con la evidencia en sus cuerpos, venían denunciando a gritos”.

Evidencia contundente

Celebrado, aunque también señalado como tardío, la SAP publicó el informe “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, que compila el trabajo de varios años de información científica generada local y mundialmente sobre los pesticidas que impulsan el agronegocio, y que evidencia el fuerte impacto en la salud de la población.

Encabezado por la pediatra María Gracia Caletti, el equipo multidisciplinario reconoce que, “si bien hay múltiples publicaciones que dan cuenta de diversos efectos perjudiciales sobre la salud, no disponemos en el ámbito pediátrico nacional de un documento que resuma los hallazgos sobre los efectos de los agrotóxicos en la población infantil ni aborde esta problemática de modo integral, aun cuando existe una gran cantidad de pediatras que atienden pacientes que viven en zonas agroproductivas que están expuestos en forma directa e indirecta a los agrotóxicos”.

En un sentido más amplio, el informe advierte que hay en el país “escasa información epidemiológica sobre la salud de pueblos sometidos a fumigación sistemática producida por instituciones sanitarias”, lo que llevó a algunas comunidades afectadas a desarrollar proyectos locales que involucran estudios epidemiológicos comunitarios y mapeos colectivos para dar cuenta de la degradación de su salud, casi todos impulsados por grupos de investigadores independientes.

“La declaración de la SAP es importante porque es una institución científica de más de cien años y nos sirve cuando salimos a discutir ordenanzas de protección en los municipios y cuando presentamos amparos en la Justicia. Antes íbamos con los trabajos que hacíamos nosotros en los territorios, pero ahora vamos a poder ir con el informe de la SAP”, destaca Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

“La red de la SAP –insiste Ávila– llega a 50 mil pediatras, y este informe permite plantearles la mirada ambiental, para que no se queden solo con atender a los chicos ya afectados. Los médicos no tenemos que luchar solo contra la enfermedad, sino también cuidar la salud. Además de buscar que el chico no se nos muera o que no le queden secuelas, tenemos que evitar que les suceda lo mismo a sus hermanitos, a sus vecinos. Para eso tenemos que conocer el contexto, entender cuál es el problema y reclamar medidas de protección para toda la comunidad. Por eso, ya desde el título, el informe termina con la discusión. No habla de fitosanitarios ni de protectores de los cultivos, sino de agrotóxicos. La evidencia científica es contundente. Son tóxicos y dañan el desarrollo neurológico de los niños, les causa malformaciones, asma y cáncer. Lo que queda es disminuir su uso, pero para lograrlo necesitamos una decisión política”.

Sin límites

Hay 107 agrotóxicos prohibidos en al menos un país que hoy se utilizan en la Argentina. Si bien la Ley Nacional de Ambiente prevé la estipulación de presupuestos mínimos de protección, aún no existe una normativa que regule su uso en todo el territorio nacional. Así, salvo localidades donde se han dado intensas luchas por parte de los vecinos afectados y se obtuvieron ordenanzas municipales restrictivas, casi no hay límites al uso de estos productos.