Los desarrollos inmobiliarios y las fumigaciones con agrotóxicos han convertido a Colonia Ensayo, muy cerquita de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en una zona de conflicto. Por un lado, vecinos que compraron lotes para hacer realidad aquello tantas veces fantaseado de mudarse al campo y que terminaron organizados para acudir a la justicia en reclamo de medidas de protección ante la presencia de “mosquitos” que, en palabras de ellos, los están envenenando. Por el otro, ruralistas decididos a no poner en riesgos los “rindes” y que acusan a los denunciantes de ser “bichos de ciudad” que llegaron para arruinar el perfil productivo de la comuna. Como era de esperar, el gobierno provincial ya eligió un bando: se alió con los productores en contra de los vecinos.
Pegado a la ruta 11, a unos tres kilómetros de Aldea Brasilera (un nombre que desorienta ya que la localidad fue fundada por alemanes) se levanta Tierra Alta, un barrio nuevo construido en tres etapas, ahí donde solo habían sembrados. Hoy ya son más de dos mil viviendas, cuadruplicando los 543 habitantes que había en el pueblo en 2010.
Esos lotes, cuentan los propios vecinos, fueron comprados por gente trabajadora, en su mayoría provenientes de Paraná, no solo por el gusto bucólico sino también por sus precios accesibles, ya que se tratan de urbanizaciones públicas aprobadas por el gobierno provincial para su explotación inmobiliaria. No tuvo que pasar mucho para que el sueño se convierta en pesadilla.
“A nosotros nos separa solo una calle del campo sembrado y nos fumigan encima; cuando realizan las pulverizaciones tenemos síntomas agudos como broncoespasmos, sangrados nasales, inflamación en las vías respiratorias. Empezamos a denunciar estas situaciones hace dos años en la policía, en la Secretaría de Agricultura, en la Defensoría del Pueblo, nos pasearon por distintos despachos y nunca nos dieron una solución. Los productores no respetan la ley, ni las distancias de protección ni las alertas que tienen que darnos cuando van a fumigar. Mi hijo de cinco años estuvo con puff y comprimidos por sufrir espasmos continuos. Ahora, cuando veo un mosquito, agarro el auto y me llevo a mi hijo a Paraná”, cuenta Ximena Rosso, presidenta de la comisión vecinal de Colonia Ensayo y responsable de presentar la acción de amparo judicial dirigido contra el dueño de uno de uno de los campos linderos al barrio, Cesar Haberkon, “con el objeto de que se ordene se abstengan de fumigar de forma terrestre a una distancia menor a los 1.100 metros contados desde el límite del Loteo”.
“Exigimos como ciudadanos corrientemente expuestos a químicos nocivos –fundamentaba la presentación–, y en virtud de los graves y ya comprobados efectos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y, en consecuencia, en la salud de quienes vivimos en sus adyacencias, se prohíban las fumigaciones aéreas en un radio de 3 km de los límites del mencionado Loteo Urbanístico”.
El grupo de vecinos autoconvocados celebró cuando el vocal de Cámara, Guillermo Federik, resolvió una cautelar con “la suspensión inmediata de las fumigaciones terrestres o aéreas a menos de mil cien (1.100) metros en todos los límites linderos del Loteo Tierra Alta, ubicado en Colonia Ensayo, Departamento Diamante”. Pero se sabe: lo bueno no suele durar demasiado.
Conflicto social
En un fallo fechado el 22 de diciembre pasado, el vocal de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral, Emilio Luján Matorras, desestimó las distancias de protección impuestas por su colega (argumentando que no estaba “en condiciones técnicas de efectuar dicha determinación”) y resolvió aplicar para el reclamo el decreto Nº 2.339/19 que rige para las fumigaciones lindantes en escuelas rurales, y que establece distancias de 100 metros para las aspersiones terrestres y 500 para las aéreas. “Hasta que el Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos aborde esta cuestión”, justificó. Sobre este fallo que habilita las fumigaciones a 100 metros de viviendas, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, opinó que es “perfectamente lógico, importante y razonable”.
“El gobierno provincial objetó la medida cautelar aliándose al productor y en contra de los vecinos del barrio. Hoy estamos en medio de audiencias, pero con un lobby totalmente manifiesto y con funcionarios reuniéndose con productores para dar una contraofensiva. Lo que más tememos es que puedan influir en la justicia provincial”, advierte Rosso.
Haberkorn, el dueño del campo denunciado, dijo que el loteo “dinamitó toda actividad agropecuaria” y agregó: «Estos bichos de ciudad contaminan y tiran sus desechos en caminos vecinales, pero se escandalizan por la aplicación de productos autorizados que no demostraron daño ambiental».
Sobre el enfrentamiento, Rosso reflexiona con tono amargo: “Es un conflicto social. Nosotros los denunciamos porque nos están enfermando y envenenando y ellos nos dicen que nos vayamos, que, si no nos gusta, nos tenemos que ir. Nosotros no les decimos que no produzcan, solo les pedimos que no nos fumiguen en nuestros patios”.
