Siempre nos hemos opuesto a la privatización del encierro, porque la seguridad no puede constituirse en un negocio. Con la privatización no se exaltarían principios de la ley vigente, sino todo lo contrario: es delegar el control de las cárceles a empresas privadas, cuando en realidad el responsable de la pena es el Estado. Así estaría delegando el ejercicio del poder que implica el uso de armas, la aplicación de sanciones, la potestad de reprimir. Eso no está previsto en la Constitución y en ningún otro lugar. El otro punto crítico es que lo único que va a generar una posible privatización es el negocio económico de algunas empresas. Tampoco es cierto que la carrera contra el hacinamiento y la superpoblación se gana con la construcción de nuevas cárceles. Nosotros tenemos índices de superpoblación muy elevados en la provincia, y también en el sistema federal, pero construyendo más prisiones no se va a descomprimir esta situación, porque al tener plazas vacías lo que van a hacer es detener más gente para ocuparlas. 

Si se transforma en un negocio, el sistema carcelario cambia, no solo en espíritu, sino también en la lógica entre el Estado y las personas que están dentro del sistema penal. Por si todo esto fuera poco, la experiencia comparada no da buenos resultados. Al convertirse en un negocio, a las empresas a cargo de las cárceles les va a interesar tener las plazas ocupadas, con lo cual, el proceso de resociabilización, que prevé el trabajo y el estudio, las salidas transitorias y todo lo demás va a quedar de lado. « 

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*Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, coordinador de la mesa ejecutiva.