Pasó un mes y medio de la toma de escuelas porteñas realizadas por el movimiento estudiantil, con la intención de que la cartera educativa brinde solución a varias de sus reivindicaciones históricas. La lista de reclamos es extensa, pero no desconocida por las autoridades gubernamentales: urgente solución a la mala infraestructura edilicia de las escuelas, mejor calidad y cantidad en las viandas y que las decisiones unilaterales, como las polémicas pasantías laborales no pagas, puedan definirse de manera conjunta entre el ejecutivo local y el movimiento estudiantil; entre los principales puntos. La respuesta del gobierno porteño fue desoír esas demandas, siguió con su postura de no convocar al diálogo y, a cambio, comenzó a sancionar penal y económicamente a padres y madres de estudiantes que participaron de las tomas de escuelas; no abonó los exámenes de inglés para estudiantes de colegios bilingües que tomaron el edificio, también suspendió excursiones solidarias que realizan cada año los estudiantes del Normal 2; y ahora emprendió una sanción a integrantes de los equipos de conducción de las escuelas.

En las últimas horas, la ministra Soledad Acuña publicó un video aparentemente rescatado por el diario Clarín, donde se ve al vicerrector del Mariano Acosta hablando al alumnado que había decidido tomar la escuela: «Hay un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grande para que cuando toquen a un solo padre, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir», decía en la grabación Julio Pasquarelli, tras la amenaza de la administración de Rodríguez Larreta sobre posibles sanciones a las familias de estudiantes que tomaron el colegio.

«En la escuela educamos para formar ciudadanos libres, con capacidad de pensar y elegir su futuro, y no para bajar línea. Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio», amenazó la titular de la cartera educativa en sus redes sociales. En el mismo sentido, el jefe de gobierno porteño manifestó: «Hay límites que no se pueden cruzar. No vamos a permitir el adoctrinamiento; todo lo contrario: vamos a seguir trabajando para que los chicos puedan pensar libremente. La prepotencia y la violencia no son formas de diálogo y no las queremos para nuestro país».

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Foto: Télam

Rápidamente, referentes de la comunidad educativa y legisladores salieron a repudiar esta nueva persecución y a brindar su solidaridad a Pasquarelli. «Larreta quiso cerrar los profesorados y no pudo. Ahora, quiere sancionar a sus profesores por defender el derecho de los jóvenes a ser escuchados», señaló Eduardo López, secretario adjunto de la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación UTE-CTERA. «Tampoco va a poder. La docencia enseña, con el ejemplo y la palabra, que las leyes deben cumplirse», agregó.

Desde el bloque de legisladoras y legisladores del Frente de Todos (FdT) CABA, también se manifestaron sobre este nuevo ataque a la comunidad educativa: «Nuestra solidaridad con Julio Pasquarelli, vicerrector del Mariano Acosta, ante los ataques de Larreta y Acuña», dijo la diputada porteña Lucía Cámpora. «Lo que hizo Julio Pasquarelli, en todo momento, fue garantizar que se cumplan las leyes que a usted no le gusta cumplir, ministra», le respondió a Acuña la vicepresidenta de la comisión de educación de la Legislatura, Maru Bielli. Además, la legisladora del FdT sostuvo que «respetar la organización estudiantil y defenderla no puede ser motivo de persecución y sanción. ¿Cómo puede hablar de espacios de convivencia y diálogo democrático? Son la gestión que hace de la imposición de medidas inconsultas y del desprecio a la comunidad educativa una práctica sistemática», y terminó: «Una vez más, fuerte con los débiles».

Por su lado, docentes y profesores de diferentes establecimientos educativos dejaron plasmado su rechazo a este nuevo acto de persecución y hostigamiento sobre la comunidad educativa. «El sumario al director del Normal 2 de CABA tiene la chotada (sic) de ser al mismo tiempo marketing punitivo y joderle la vida a un docente que está haciendo un reclamo justo. A veces, se combinan las dos cosas y no se sabe realmente cómo salir», expuso en sus redes el profesor de Historia del Joaquín V. González, Manuel Becerra. «Persecución política y suma de votos, esta gestión es un infierno realmente».

El sumario lo definió la Junta de Disciplina del Ministerio de Educación porteño. Según el protocolo, antes de cualquier sanción, debe investigarse cómo fueron los hechos que ocurrieron durante la toma de la escuela. El ministerio de Educación interpreta que el comportamiento del vicerrector incumple el Estatuto Docente que el oficialismo porteño aprobó en soledad este año en la Legislatura, además del Reglamento Escolar (Resolución Nº 4776-MEGC/06 y modificatorias): «Propender a la armonía de las relaciones entre miembros de la comunidad educativa (…) con las normas de la ética” y «con la función educativa», así como «desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo», a la vez que prohíbe «desarrollar toda forma de proselitismo político partidario». Cabe destacar que, a priori, el vicerrector del Mariano Acosta no incumplió ninguno de estos puntos en los que se basa el ejecutivo porteño para sancionarlo. Desde la comunidad educativa aseguran que la ministra Acuña interpreta el Estatuto a su manera, dado que Pasquarelli lo único que hizo fue estar siempre cerca de sus alumnos y defender sus derechos. De hecho, Pasquarelli no está a favor de la toma, tal como lo señaló en septiembre a este medio.

La posición de Pasquarelli, desde el corte de luz en el Mariano Acosta

El pasado 23 de septiembre, cuando el centro de estudiantes del Mariano Acosta decidió tomar la escuela, las y los chicos fueron víctimas de un corte de luz del edificio, realizado por un empleado de una empresa tercerizada que trabaja para el gobierno de la Ciudad. En ese momento, el vicerrector Julio Pasquarelli, manifestó en diálogo con Tiempo cómo habían sido los hechos.

La persona desconocida que había ingresado al colegio estaba identificada como trabajador de la empresa MIG, que es la empresa tercerizada por el Ministerio que realiza tareas de mantenimiento en varias escuelas y que, tras el corte de luz, «nos dijo que él había venido a destapar los baños y, en ese momento, me percato que este hombre no traía los materiales para destapar baños, sino que tenía una caja de herramientas con cables y elementos de medidores de electricidad», contó Pasquarelli. «Le pregunté por qué, si venía a destapar baños tenía esa caja. Se puso nervioso. Un grupo de padres le preguntó lo mismo. Llamé a su jefe de la empresa y el señor me responde que no podían enviar ninguna guardia a esa hora y que la escuela se iba a quedar sin luz», había dicho en ese momento el vicerrector, al mismo tiempo que aseguraba que, si bien no estaba a favor de la toma, se iba a quedar al lado de sus estudiantes hasta que se reestableciera el suministro de luz.