Un nuevo conflicto emerge en el ámbito educativo. Anunciado en abril, se implementará el próximo 18 de octubre. Se trata del “Operativo Aprender 2016”, una evaluación que es rechazada por gremios docentes y grupos de padres por considerar que las pruebas son iguales para todos, no tienen en cuenta las particularidades de cada chico ni los procesos de aprendizaje diversos; evalúan sólo rendimiento, y las tomará una persona ajena a la escuela. Sobre todo, denuncian que se busca establecer índices para elaborar un ranking de colegios.

Desde que arrancó la actual gestión de Educación, la energía está puesta en instalar la “cultura de la evaluación”, para alumnos y docentes. En ese contexto se implementa Aprender 2016, responsabilidad de la secretaria de Evaluación Educativa, Elena Duro. Será obligatoria para 1,4 millones estudiantes de 39.500 escuelas, que asisten al 6º grado del primario (se les tomará Lengua y Matemática) y a 5º y 6º año de los secundarios, donde sumarán Ciencias Naturales y Sociales. Ese día no habrá clases para que los chicos asistan a estas pruebas que se compondrán de cuestionarios multiple choice, similares a los aplicados en países como Chile y México, y sugeridos por organismos internacionales como la OCDE, a la que el presidente Mauricio Macri pidió ingresar.

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La Asociación Gremial Docente de la UBA denunció que detrás de estos exámenes estandarizados está la multinacional Pearson PLC (la misma que ideó las pruebas PISA), una firma inglesa que en 2013 “enfrentó juicios por conflictos de intereses al producir materiales educativos para estudiantes y diseñar a la vez sus exámenes”, apuntaron. Los resultados de Aprender serán comparados con los ahora extintos Operativos Nacionales de Evaluación ONE 2010 y 2013. Según confirmó este diario, serán procesados por una empresa privada.

Unos 140 mil docentes asumirán la responsabilidad de aplicar el Operativo en el rol de “aplicadores”, pero no en sus colegios: los chicos no serán evaluados por sus propios maestros. “El entrecruzamiento pone a los trabajadores en situación de vigilancia y control los unos a los otros”, reclama el gremio UTE-CTERA. También lo rechazan los docentes privados nucleados en SADOP, y en la web de SUTEBA ofrecen a quienes quieran negarse a ser aplicadores, respaldo legal para una notificación de renuncia. Desde Ademys-CTA agregan que las evaluaciones “pueden funcionar como dispositivo disciplinador de los docentes”, y dan el ejemplo de EE UU, “donde las maestras, un mes antes de la evaluación, comienzan a enseñar a sus alumnos para que respondan correctamente las preguntas de estas pruebas. Pero nada más”.

En los exámenes les preguntan a los chicos sobre las condiciones de vida familiar, su trayectoria escolar y la forma de enseñanza de su docente. Y se les entrega a profesores y directivos un cuestionario sobre su desempeño y el de sus pares. La información será anónima pero sólo para los alumnos, no para las instituciones adonde llegarán los resultados. En mayo de 2013, el actual ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, entonces en la Ciudad, graficaba que “si la escuela mejora un 10% con respecto al año anterior, podemos darle una nueva biblioteca. Si mejora un 20%, los chicos de 7º podrían viajar a Bariloche”.

En la Escuela Nº 6 DE 7º, de Villa Crespo, una cartulina colgada en el hall central marca las diferencias entre las evaluaciones de Aprender y las de la escuela. Valeria, docente de 6º de una primaria de Soldati, dice a Tiempo: “No seremos ni aplicadores ni veedores y las familias acompañan. Vamos a difundir producciones de los chicos para que se conozca todo lo que pueden estos pibes, y no que los estigmaticen por su rendimiento en una evaluación estandarizada”.

El gobierno pretende que entre un 85% y un 90% de los alumnos respondan la prueba, según manifestó Duró. Quienes no asistan deberán justificar la falta y dar la prueba el 25 de octubre. Hay familias que aseguran que no enviarán a sus chicos a la escuela ese día. Una carta de padres de escuelas públicas porteñas a Bullrich pide la anulación del operativo que “estigmatiza y conlleva la competencia entre escuelas”. Maestros de la escuela 19 Distrito Escolar 19 (Villa Soldati) también se negaron, por carta, a ser “aplicadores de esta evaluación a cambio del pago de $ 1000”. «

Recorte en el Progresar

Tal como reveló Tiempo el domingo pasado, el presupuesto 2017 para Educación sufrirá un recorte, del 7,16% en 2016 al 6,78% el año que viene. Algunos programas sufrieron más el ajuste. Es el caso del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar), que tendrá un 38% menos de presupuesto. La principal caída la padecerá la provincia de Buenos Aires: sería un 198% inferior. La única provincia que tendrá un aumento sostenido es Jujuy, con un incremento del 10 por ciento. Según las autoridades, es porque se dieron de baja a muchos becados que no cumplieron con el requisito de dos materias aprobadas por período lectivo. El monto de esta ayuda no se incrementa desde marzo del año pasado: 900 pesos por mes para 905 mil beneficiarios.