Desconocimiento, inoperancia o algo adrede. No se sabe aún qué motivó al juez Gabriel Di Giulio a emitir la “prohibición cautelar del restablecimiento del servicio de trenes de pasajeros” entre Plaza Constitución y Bahía Blanca como consecuencia del descarrilamiento ocurrido el martes pasado en Olavarría, pero lo cierto es que sus particularidades motivos técnicos derivaron en que las formaciones sigan sin circular, lo que produjo el reclamo de pasajeros y de los trabajadores, que están estudiando la posibilidad de ir a un paro.

Según narra el sitio especializado enelsubte.com, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Azul lleva adelante la causa caratulada como “Descarrilamiento, naufragio u otro accidente culposo” que investiga el siniestro. En ese marco, dispuso la prohibición de reanudar el servicio –que se estimaba para el próximo jueves 17– hasta tanto se eleve al juzgado “un informe técnico con el relevamiento e inspección del ramal completo, que detalle el estado de las vías, terreno y fundamentalmente especifique si el mismo garantiza la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario dentro de los estándares técnicos aplicables”.

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Lo curioso es a quién se lo pidió: la orden judicial se libró a “las empresas Trenes Argentinos, Ferro Pampeana SAC y SOFSE Roca”. Como explica el portal, no existe ninguna empresa llamada “Trenes Argentinos”: dicha denominación de fantasía es utilizada por cuatro empresas distintas: ADIF, SOFSE, DECAHF y BCYL, por lo que no se entiende a cuál de todas se refiere la orden judicial. Tampoco “Ferro Pampeana SAC”: es Ferroexpreso Pampeano SAC.

Mucho menos existe una empresa llamada “SOFSE Roca”: la línea Roca es apenas una gerencia de la SOFSE, no una compañía con autonomía funcional. “Por otra parte tampoco se entiende por qué ‘SOFSE Roca’ sería algo diferente de la ‘Trenes Argentinos’ que cita la resolución. La confusión del magistrado, desde luego, es incrementada por la inconsistente división de competencias entre las empresas ferroviarias estatales, que usan incluso marcas rivales”, agrega el artículo.

El magistrado ordenó a “las referidas empresas […] informar al Juzgado cuáles son las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de los pasajeros y personal ferroviario y remitir el plan de implementación con detalle de metas y en su caso de plazos”. Sin embargo, la medida se limita al servicio de pasajeros de la SOFSE, y no al tráfico carguero sobre el ramal.

Foto: @TrenesArg

Deterioro

Independientemente de esta instrucción judicial, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) se encuentra analizando las causas del siniestro. La disposición judicial también se entrecruza con la jurisdicción de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el organismo con facultad regulatoria y técnica sobre el transporte ferroviario, lo que refleja el complejo entramado de actores e incumbencias superpuestas de un sistema ferroviario atomizado. Y cuya necesaria inversión seguirá relegado ante este escenario de crisis y acuerdos por la deuda con el FMI.

De acuerdo con el informe básico publicado por el organismo, el incidente se produjo alrededor de las 5:20, cuando -por causas que aún están bajo investigación- descarrilaron la locomotora (la EMD GT-22 A916) y ocho de los 12 coches CNR que componían la formación. Uno de ellos, incluso, quedó volcado sobre su lateral.

El servicio circulaba a plena capacidad, con 479 personas a bordo, entre las que hubo varios heridos y contusos, aunque ninguno de gravedad.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 343 del ramal, entre las estaciones Olavarría y Pourtalé, y en proximidades del Empalme Querandíes. Según el reporte, los inspectores de la JST encontraron “daños estructurales” en dos pilares de una alcantarilla ubicada en el sitio del siniestro.

El accidente fue informado a la JST casi dos horas después de ocurrido, a las 7:01 de la mañana, por la Gerencia de Seguridad Operacional de Ferroexpreso Pampeano, la concesionaria que administra la infraestructura del tramo donde tuvo lugar el hecho. Los inspectores del organismo se hicieron presentes en el lugar a las 15:30 del mismo día, cuando los pasajeros y la tripulación ya habían sido evacuados.

“El período de administración privada se ve reflejado hoy en una fuerte degradación de las condiciones de la red ferroviaria, tanto en materia de infraestructura como de señalamiento –narra enelsubte.com–. Al margen del abandono de numerosos ramales secundarios, las concesionarias sólo mantuvieron aquellos sectores donde se concentraban sus principales clientes –a menudo sus respectivas controlantes– en condiciones mínimas para el transporte de cargas, cuyos requerimientos son menos exigentes que los necesarios para servicios de pasajeros. Esta perniciosa distinción entre vías ‘de carga’ y ‘de pasajeros’, inexistente hasta la década del 90, es una de las herencias más pesadas -y más difíciles de desandar- que deja el sistema de concesiones”.

Esta situación fue reconocida por la propia resolución ministerial que el año pasado puso punto final al esquema de concesiones integrales: “las concesiones ferroviarias arrojan, al cabo de 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura (velocidad y ramales cerrados)”.

Por el momento, desde el Ministerio de Transporte la idea es que los servicios que quedaron concesionados, sigan bajo esa figura, o como un sistema público–privado. Sostienen que la estatización completa, en el actual contexto económico y con el deterioro de infraestructura, es “complicado”.

Reclamos

Si bien ninguna de las tres empresas a las que alude el fallo del juez existen, desde SOFSE (“Trenes Argentinos”) hicieron saber a enelsubte.com que se encuentran elaborando el informe requerido por Di Giulio. Se desconoce la situación con las otras dos firmas citadas, que en la práctica no existen como tal.

En este marco, el sindicato de maquinistas La Fraternidad anunció la realización de una medida de fuerza gremial para el próximo martes 29 de marzo. El paro nacional será “en defensa de los servicios ferroviarios de larga distancia” y en repudio a “las medidas judiciales dispuestas en suspender los servicios ferroviarios” entre Buenos Aires y Bahía Blanca.

La Fraternidad también apuntó a “las irregularidades en la compra fantasma de pasajes en servicios ferroviarios que agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al autotransporte”. La lista de reclamos del sindicato se completa con el “asfaltado de vías, la negativa de intendentes a que los servicios ferroviarios se detengan en sus localidades como en Chascomús, las conductas de los gobernadores que, violentando la ley, se adueñan de territorios ferroviarios que son propiedad de la Nación” y el uso de terrenos ferroviarios “para distintos fines y no para viviendas de trabajadores ferroviarios, donde más del 60% no tiene vivienda propia”.