En varios demasiados casos, el hombre termina asesinando a la mujer con el arma que el Estado, por tratarse de un funcionario público, le proporcionó para servir proteger a la comunidad. De acuerdo con la última estadística, el 8% del total de los femicidas pertenecía a una fuerza de seguridad. El número, a primera vista, parece marginal. Sin embargo, si se tiene en cuenta que desde 2008 ya son 130 los asesinos que en algún momento vistieron uniforme, el dato es alarmante. Por si queda alguna duda sobre la gravedad del fenómeno, Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires debió crear una división especializada en violencia de género: el 16,5% de los sumarios iniciados a los efectivos tienen que ver con esta problemática.
«Son personas que portan armas, que ejercen violencia y, en los casos más extremos, matan. A la vez son agentes del Estado que deben garantizar que no se vulneren derechos. Por supuesto que en la realidad están muy lejos de eso. La policía no solo es la fuerza de represión presente en cada movilización de mujeres, como ocurrió durante la última marcha del 8M, donde hubo una suerte de cacería, también las comisarías son muchas veces lugares hostiles para las mujeres a la hora de realizar denuncias por violencia de género. Son revictimizadas, sufren situaciones en las que se les plantea, por ejemplo, que vuelvan a la casa porque ya se van a arreglar con el agresor, o les preguntan si están seguras de hacer la denuncia. Esa falta de seriedad de los funcionarios públicos es otra manera de vulnerar nuestros derechos», afirma Raquel Vivanco, coordinadora nacional del Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá).
El jueves, con la firma de Vivanco; Claudia Acuña, editora de la Revista Mu; y Liliana Furió, activista de los DD HH, se presentó en la Justicia porteña «una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo», que tuvo como objetivo «garantizar la libertad de movilización y seguridad» para las mujeres que concurrieron ayer a una nueva marcha de Ni Una Menos. También se demandó a las fuerzas de seguridad que los efectivos abocados a la asistencia y control de la convocatoria fueran exclusivamente, o bien en su gran mayoría, mujeres, pedido que claramente no fue satisfecho. El procedimiento jurídico no fue caprichoso. Después de la marcha por el Paro Internacional de Mujeres, en diversos operativos, cuestionados luego por la Defensoría del Pueblo porteña y las organizaciones de mujeres, la policía detuvo violentamente a un grupo de mujeres, entre ellas activistas y periodistas, a las que se inició un sumario por atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones. «Debido a la represión y las detenciones arbitrarias consignó el texto del hábeas corpus padecidas por mujeres que se manifestaron el 8 de Marzo pasado es que nos es imperioso hacer uso de este derecho constitucional que insta al Estado a respetar y garantizar el ejercicio de nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente». El mismo documento exhortó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, a «abstenerse de realizar todo acto de persecución, hostigamiento y afectación a la libertad ambulatoria respecto de las mujeres que participen de la marcha mencionada ut supra, notificando a su vez a las autoridades de la Policía Federal Argentina, y/o Policía Metropolitana y/o Policía de la Ciudad, y/o cualquier otra fuerza de seguridad a su cargo, que se abstengan de portar armas de fuego, ni utilicen balas de goma ni gases lacrimógenos contra quienes participemos de la manifestación».
Sin formación ni capacitación
La nueva edición del Ni Una Menos mantuvo el fuerte reclamo al Estado por la falta de respuesta a los pedidos planteados desde la primera concentración, en 2015. «Cada 26 horas una mujer es asesinada en nuestro país, la mayoría de las veces por hombres de su círculo íntimo, y en muchos casos con denuncias previas. Por eso denunciamos la falta de decisión política del gobierno de Mauricio Macri y de los tres poderes del Estado en avanzar en la eliminación de la violencia machista», se leyó desde el escenario montado en Plaza de Mayo.
Esta vez, también, la iniciativa se centró en la denuncia contra la represión policial a las militantes que participan en las marchas feministas. Para Vivanco, el papel represivo de las fuerzas de seguridad está relacionado «con la falta de formación y capacitación a los efectivos, de parte de las distintas instituciones. El Estado tiene que aplicar las leyes, y una es capacitar y formar a los agentes públicos. Pero en la mayoría de los casos, estos funcionarios desconocen las leyes de protección de las mujeres. Por ejemplo, ignoran la existencia de la Ley 26.485, que habla de nuestro derecho a no sufrir violencia sexual, psicológica, obstétrica y de ningún tipo».
Desde la Auditoría de Asuntos Internos de la Bonaerense reconocen que los «sorprendió» la cantidad de denuncias por violencia de género entre sus filas. «Lo que llama la atención confía una fuente es que no se trata solo de casos de violencia contra las esposas o exparejas, sino también contra compañeras de trabajo».
Para Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, la violencia que ejercen los miembros de las fuerzas de seguridad no solo la sufre la mujer que es su víctima directa, sino también el resto de la familia o círculo íntimo, como producto del temor que infunde la portación de un arma. «A los integrantes de cualquier fuerza deberían hacerles estudios psicofísicos, no solo en el ingreso: deberían ser obligatorios cada tres o cuatro meses. También luchamos concluye Rico para que en los casos en que exista una denuncia por violencia de género contra un agente, se le prohíba el uso del arma reglamentaria». «
Tres casos recientes y flagrantes
Son muchos los casos de femicidios cometidos por uniformados. Aquí, tres de los más recientes y flagrantes. El 6 de abril de 2016, Ricardo Díaz, comisario retirado de la policía de Santiago del Estero, irrumpió en una casa de La Banda. Sin mediar palabras, disparó y asesinó a su exesposa, Silvia Santillán, y a dos hermanos de esta. Todo fue presenciado por los dos hijos que Díaz tuvo con Santillán, de siete y ocho años. Ya había sido denunciado por su exmujer por violencia de género, y detenido. Luego se le dictó una orden de restricción de acercamiento, que incumplió del peor modo.
Una semana antes, Jessica Leticia Sarapura, de 25 años, recibió un disparo fatal proveniente del arma reglamentaria de su pareja, el policía de Salta Víctor Leonardo Sánchez, luego condenado a la pena de cinco años de cumplimiento efectivo por el delito de homicidio culposo e inhabilitado para integrar cualquier fuerza de seguridad y portar armas.
El 21 de marzo de 2016, un disparo interrumpió la calma del barrio Villa Estela, en Salta Capital. La agente de la policía provincial Delia Socorro Lamas, de 32 años, fue hallada muerta en su departamento. Si bien se pensó en un suicidio, la investigación posterior derivó en la imputación de su pareja, el también oficial de esa fuerza Héctor Leonardo Pérez, con quien había discutido minutos antes del balazo fatal.
Una batería de proyectos legislativos que es un homenaje a Micaela García
Diputadas de la oposición presentaron esta semana un paquete con 13 proyectos de ley para prevenir y combatir la violencia machista. En la conferencia que brindaron en el Salón Delia Parodi del Congreso, las legisladoras le recriminaron al Ejecutivo no reforzar el presupuesto para mantener a flote las leyes de Educación Sexual Integral y Protección Integral a las Mujeres, dos normativas que atienden la problemática de género.
Los padres de Micaela García, la estudiante de 21 años violada y estrangulada en abril, también participaron de la convocatoria y anunciaron que la Fundación «La Negra» como apodaban a la joven militante será una de las sedes donde se formarán promotores territoriales en problemáticas de género. «Este lugar que estamos ocupando era de mi hija, ella se preparaba para esto. Pero nosotros no nos podíamos quedar de brazos cruzados», expresó la madre de Micaela, Andrea Lescano.
La diputada Victoria Donda (Libres del Sur) presentó dos proyectos: uno para incluir contenidos sobre temática de violencia contra la mujer en la Ley de Educación Nacional y otro para penalizar el acoso sexual callejero. Su par Cristina Álvarez Rodríguez (FpV) redactó un proyecto que establece la reparación económica para hijas e hijos de madres asesinadas por violencia de género. Graciela Camaño (Frente Renovador) pidió incorporar la licencia por violencia de género en la Ley de Contrato de Trabajo. Y su compañera de bancada Carla Pitiot elevó una iniciativa que modifica la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Todos los proyectos apuntan a la prevención y no a una mirada punitiva. «La idea es prevenir los femicidios y no pensar en penas luego de cometido el delito», explicó la diputada Lucila De Ponti (Movimiento Evita).
