Hay una manera violenta, con incendios de ranchos, derribando el alambrado, robando o matando a los animales. Y hay otra, más silenciosa pero no menos feroz, que está en el aire y en el agua, enfermando a todos, especialmente a los chicos. Los terratenientes en Santiago del Estero fumigan sobre las comunidades indígenas y las merodean con sus bandas armadas para provocar miedo y destrozos. Son dos acciones distintas con el mismo propósito: echarlos de sus territorios.

Las once familias de la comunidad Yacu Kachi del pueblo originario Guaycurú, en la localidad de Bajo Hondo, viven en una suerte de isla. Rodeados de los campos del empresario Orlando Canido, conservan el único monte de la zona, que les provee sus medicinas ancestrales y les permite criar sus vacas, cabras, chanchos y gallinas.

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“Es un oasis en medio del desierto”, dice Deolinda Carrizo, referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI). “Esas familias han evitado que Canido termine de destruir el poco monte que ha quedado en pie por el avance de la soja transgénica”.

El sábado 12 de junio, Canido, oriundo de Buenos Aires y dueño de la gaseosa Manaos, llegó hasta la comunidad escoltado por unos 50 efectivos de infantería de la policía provincial, con el único propósito de expulsar a las familias de sus tierras. La jueza Rosa Falco había ordenado el desalojo a favor del empresario, incumpliendo la Ley Nacional 26.160, de relevamiento territorial de las comunidades indígenas, en especial, el artículo 2°, que “suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. Fue la intervención de Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la SAFCI la que evitó el cumplimiento de la orden judicial.

Después, con la policía en retirada, un grupo de matones a las órdenes de Canido derribó postes y alambrados y reiteró sus promesas de escarmiento. Nada distinto de lo que viene ocurriendo hace ya casi diez años.

Complicidad

En 2012, a través de la firma “La Omara”, Canido llegó a esa zona fronteriza con Chaco y Santa Fe alegando la compra de unas 4000 hectáreas y arremetiendo contra los pobladores originales para expandir su propiedad. Desde entonces, la comunidad Yacu Kachi ha resistido cada uno de los embates violentos del empresario: amenazas y disparos de patotas, bloqueo de caminos vecinales, incendio de ranchos y vehículos, robo y matanza de animales, envenenamiento del único pozo de agua y desmontes ilegales. El afán de Canido de echar a las familias ha contado con la complicidad policial y judicial a través de detenciones ilegítimas, torturas, imputación de delitos inexistentes y, como en el caso de la jueza Falco, con el aval para cometer un acto por fuera de la ley.

Si lo anterior no fuera suficiente para provocar el espanto, los campos de Canido son sistemáticamente fumigados y con ellos toda la comunidad de Bajo Hondo. “Tenemos chicos con vómitos, dolor de cabeza, erupciones en la piel. Valeria Araya, madre con ocho hijos, acaba de fallecer de cáncer. Los médicos le habían dicho que era por la exposición permanente a los venenos. Después de muchos pedidos a la justicia, en 2016 logramos un amparo ambiental para resguardar a las familias, pero él nunca lo cumplió, lo viola todos los días”, se lamenta Carrizo.

Canido no es el único terrateniente que se apropia de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas, desmonta y fumiga. Lo mismo ocurre en otros pueblos o parajes de la provincia como Quimili, Huachana o Vilelas. Sin embargo, el empresario que se propuso desbancar a Coca-Cola es sospechoso de algo más.

“No hay control de lo que está haciendo –dice Carrizo– y nosotros vemos volar avionetas durante la noche. La gente del lugar habla de pistas y de que ven cómo tiran cajas y paquetes sobre los campos. Pero a él la justicia nunca lo investiga. Solo se mete con las familias”.

“Matriz perversa del accionar policial y judicial”

“Bajo la legitimidad estatal y democrática, se siguen constatando modalidades estructurales de tortura, represión y persecución. Así, la violencia institucional y la violación de los derechos humanos son una problemática de antigua data, que constituyen una compleja trama que abarca la cultura política, la complicidad entre poderes del Estado o entre poderes del Estado y algunas élites, la formación de las fuerzas de seguridad, la ineficiencia de éstas para garantizar la paz social, como también la explotación de las vulnerabilidades de ciertos sectores sociales”.

En esos duros términos, los diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI Rubén Manzi y Maximiliano Ferraro presentaron el pasado martes un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Santiago del Estero, incluido el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.

El documento destaca que no se trata de episodios aislados “sino más bien de hechos que evidencian una matriz perversa de impunidad, injusticia y dolor causada por el accionar policial y judicial” y enumera como ejemplos el homicidio de Franco Nicolás Isorni (la policía había dicho que murió por un accidente de tránsito y en la autopsia le encontraron una bala alojada en el cuerpo) y la detención seguida de muerte de Mauro Coronel, entre otros.

“Las denuncias y los casos recopilados presentan serias fallas en torno a la ejecución del debido proceso judicial y dan cuenta de los hábitos delictivos de la elite judicial, política y económica de la provincia”, concluye el texto.