Lleva al cuello un pañuelo con flores turquesas. Pero podría haber sido uno blanco, sobre la cabeza. Porque la historia militante de Bertha Oliva de Nativí la emparenta con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es una de las doce fundadoras y hoy coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que está cumpliendo 40 años. Desde esa perspectiva y de paso por Argentina para un evento global de derecho a la protesta –que se realizó en Buenos Aires, organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con organizaciones de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este–, la dirigente humanitaria conversa con Tiempo sobre la actualidad de Honduras, a seis meses de la asunción de Xiomara Castro y tras los 13 años del régimen autoritario de Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por los delitos de tráfico de drogas y armas.

«En Honduras hasta el momento no tenemos un Estado de derecho. No tenemos un Estado de hecho, sino un Estado desecho. Por lo tanto tenemos que iniciar un proceso de reconstrucción del Estado democrático de derecho», dice la referenta de Derechos Humanos que milita desde la desaparición de su esposo, Tomás Nativí, en 1981.

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Destaca la «voluntad política» de la nueva gestión para impulsar cambios en Honduras, pero alerta sobre el poder del sistema judicial y los medios hegemónicos y advierte que «la estructura que apoyó la dictadura sigue intacta».

–¿Permanecen vigentes estructuras del gobierno anterior?

–Es el talón de Aquiles de nuestro país. La cabeza de la dictadura salió, está enfrentando juicio ante los tribunales de Nueva York y cada vez se están encontrando mayores pruebas que lo vinculan a uno de los carteles más criminales. Eso creo que en ningún otro país se había dado tan fuerte como en Honduras y nos obligó a ver que se llevaron la cabeza. Pero la estructura que apoyó todos estos 13 años de dictadura está intacta. La más peligrosa, la más nociva, la que tenemos que luchar para que se vaya desandando es todo el sistema de justicia. Porque fue el brazo fundamental para que la dictadura se sostuviera y sometiera a la población con todo lo que significan los requerimientos fiscales, enjuiciamientos injustos, encarcelamientos. Todo lo que conlleva una dictadura.

–¿Hubo cambios en ese sentido desde la asunción de Xiomara Castro?

–En cuanto al cambio de la dictadura a la democracia (con comillas gesticuladas en el aire), era necesario un hálito, un aliento de esperanza y respiro. Hemos tenido ese aliento. Uno de los primeros que mandó Xiomara es interponer ante el Congreso Nacional la solicitud para que se discutiera y aprobara el decreto de amnistía que daba paso a la liberación y a borrar los expedientes de todas las personas que fueron enjuiciadas por oponerse al golpe. Ese fue el instrumento letal que usó la dictadura: el sistema de justicia. En las calles era la represión con bombas lacrimógenas y tiros: una vez que la gente era sometida, estaba el sistema legal. Todo confabulado. Doña Xiomara en los primeros días logra que se apruebe el decreto de amnistía y en un acto de reconocimiento para COFADEH puso a nuestra organización como garante. Hasta ahora no han podido, por más campaña que han hecho en contra de la amnistía, deslegitimar las certificaciones que extendemos. Pero sí hay toda una tendencia, han hecho un trabajo los poderes fácticos, con todo el poder que les dio el golpe, para descalificar el sentido de la amnistía. Están generando una dinámica para que el decreto sea anulado y generar una impunidad absoluta.

La militante de Bertha Oliva de Nativí.

Foto: Diego Martinez

@ildieco_diegomartinezph

–¿Por qué se arremete especialmente contra esa política?

–Porque no sólo es la liberación de los presos, sino limpiar sus expedientes en los que tienen enjuiciamiento, la mayoría campesinos y campesinas, ciudadanos comunes, estudiantes universitarios y de secundaria. También, los sindicatos de maestros y grupos gremiales. No es un trabajo fácil para nosotros como COFADEH y es mucho más difícil para la presidenta. Que por un lado tiene la voluntad política expresada en un decreto de amnistía y habla clarísimo de que es para la no repetición; se reconoce que ha habido un golpe de estado y que hubo una persecución. Pero eso indica que, si hay un sistema de justicia independiente, abrirá causas y juicios en contra de los perpetradores de la violación de derechos más grande, a la Constitución de la República. A eso le tienen miedo.

–La presidenta habló días atrás de la continuidad de los escuadrones de la muerte. ¿De qué forma se manifiestan?

–Lo dice Xiomara, lo dice (el expresidente, Manuel) Zelaya. Han estado operando de tal manera que durante la gestión de Xiomara ya son 30 masacres que se han generado en el país. Por eso decía que se llevaron la cabeza, pero la estructura criminal está operando en todo el país. Desmontar eso no es fácil. En Honduras nadie le puede garantizar la vida a nadie. Si al hijo de un expresidente, viniendo de una fiesta, que anda con guardaespaldas y vehículos que van bien resguardados, lo están esperando sicarios con una capacidad y entrenamiento policial militar y luciendo indumentaria policial, entonces ¿ante qué estamos? (NdR se refiere al crimen de  Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente nacionalista Porfirio «Pepe» Lobo Sosa, acribillado el mes pasado). Estamos ante una situación insegura, incierta y hay toda la intencionalidad de provocar una inestabilidad política que pudiera convertirse en una crisis mayor que la que se generó en 2009. –¿Por qué?

 Porque las fuerzas sociales, los movimientos sociales, en este momento están desarticulados como tales.

–En este marco, ¿qué rol están teniendo los medios masivos de comunicación?

Los medios corporativos son el primer talón de Aquiles que enfrenta la presidenta. Son los que han generado cambios brutales como fue la pérdida de la democracia formal en nuestro país. Desde ahí se impulsó el golpe y una vez que se dio lo mantuvieron con su descalificación. Quitan y ponen presidentes. Me parece que debemos pedir a la comunidad internacional, solicitar que cada vez sea más atenta, más solidaria, y que tenga mayor presencia en Honduras. Lo que hemos estado viendo, también por el impacto de los medios, es que la misma gente le está exigiendo demasiado a la presidenta. En seis meses quieren que recomponga todo. Y la gente sabe que el país fue saqueado. Yo no soy una activista de la presidenta, pero la economía de honduras está como nunca antes. Fue saqueada.

–Más allá del cambio de gobierno en Honduras, ¿hay un cambio a nivel regional que cuestiona el rol de poderes como el judicial y el mediático?

-Hay pequeños alientos de esperanza. Y debemos estar atentos para repensar cómo aprovechar esos hilos. Uno es la reconstrucción del tejido social, que está destruido en casi todos nuestros pueblos y nuestros países. Otro es aprovechar y ver cómo interactuar con los gobiernos que tienen una mirada diferente a la que han tenido quienes han querido una América Latina deprimida. Debemos buscar una estrategia que nos unifique, buscar el hilo conductor. El debate que se está generando acá va por este camino. Pero sí considero que debemos repensar nuestro accionar como defensores y defensoras de derechos humanos. Y cuando hablo de repensar, es porque Latinoamérica tiene para mí aliento de esperanza.