Claude Joseph es primer ministro de Haití desde el 14 de abril, tras la renuncia de Joseph Joute. Iba dejar su puesto el pasado jueves. A comienzos de esta semana así lo anunció Jovenel Moïse, pero unas horas después el presidente fue acribillado de 12 balazos en el dormitorio matrimonial de su casa. Ahora, el designado por el mandatario, Ariel Henry, le reclama a Joseph que se digne a correrse para sentarse él en el sillón, mientras el Senado designó como presidente provisional a Joseph Lamber.

Entre tanto, la cuestión es que luego del magnicidio, Claude Joseph tomó las riendas y no las suelta. Seguro que es una pelea menor ante la tragedia social, política económica que padece el país caribeño que tuvo más de 20 gobiernos en 35 años y es de los más azotados del planeta por desastres naturales, pobreza y violencia.

Así, Joseph impuso el estado de sitio, firmó más potestades para el Ejecutivo y advirtió que antes de dos semanas no se levantará de su trono. Tarde o temprano tendría que hacerlo. Aunque en las últimas horas dio un paso fundamental que cierra el círculo: les pidió a EE UU y la ONU el envío de tropas para proteger sus puertos, aeropuerto y otros sitios estratégicos. Una nueva vez. ¿Sabrá Joseph que el mismo fenómeno ocurrió en su país en 1915, cuando el entonces presidente Vilbrun Guillaume Sam fue arrastrado y golpeado hasta la muerte, y el «vigía del mundo», el vecino que tiene su costa de Florida a solo 1900 kilómetros, encabezó una ocupación en Haití durante 19 años y lo devolvió aun más devastado? ¿Sabrá Joseph que hay decenas de ejemplos de intervencionismo estadounidense y que todos acaban como va a acabar, por dar un ejemplo, el de estos días en Afganistán, donde EE UU entró con todo su fierraje para combatir a los talibán y tras 20 años la abandona justamente en manos de los que dijo combatir?

Claro que lo sabe. Su ministro de Elecciones, Mathias Pierre, realizó el pedido formal a EE UU “para proteger sus infraestructuras y asegurar la vida de la población”. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dejó traslucir que Washington ya prepara vuelos de agentes del FBI y otras reparticiones a Puerto Príncipe.

“Se pueden hacer muchas cosas para ayudar, pero debemos ser modestos y tener mucho cuidado de aprender de los errores del pasado”, sostuvo Brian Concannon, director de Project Blueprint, que promueve los DD HH en las políticas de EE UU y conoce profundamente Haití. Francois Pierre-Louis, quien participó del gobierno de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente haitiano electo democráticamente pero derrocado dos veces, anticipó que a pesar de la dramática crisis, el llamado es un “terrible error”. “Biden ya tiene mucho con lo que lidiar, pero no hubo una ruptura con la administración Trump. Si hubiera intervenido antes, Moïse no habría sido asesinado”, explicó.

A todo esto, la pregunta sigue vigente: ¿quién mató a Moïse? Por empezar, recordemos que el pasado 29 de junio fueron masacradas más de 20 personas en las calles de Puerto Príncipe. Entre ellas, la activista de DD HH Antoinette Duclaire, una feminista de 33 años que denunció corrupción e impunidad en el gobierno de Moïse: mientras manejaba su coche, recibió siete balazos. Otros disparos mataron a Diego Charles, periodista de Radio Tele Visión 2000.

Una masacre que quedó sumida en el olvido tras el magnicidio. Ahora cobra fuerza la teoría de que la propia seguridad del mandatario participó del crimen: lo sostiene el exsenador opositor Steven Benoit, aunque la policía insiste en que el ataque fue perpetrado por un comando compuesto por 26 colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano. Tres de ellos fueron muertos a tiros y hay ocho personas más fugadas. Varios de los apresados habrían sido interceptados por vecinos del barrio de Jalousie, que los llevaron a la comisaría, amagando lincharlos, y que serían miembros retirados del Ejército de Colombia.

¿Viejos conocidos? El primer ministro Joseph salió a sacar chapa, aunque no confirmó la versión de un juez haitiano, Carl Henry Destin, sobre que los atacantes hayan ingresado a territorio haitiano como pertenecientes a la DEA, sin que los hayan frenado, porque era recurrentes sus visitas a Puerto Príncipe. Y además, que habían sido contratados por el propio gobierno, por tres meses, con sueldos de 2700 dólares.

Moïse, de empresario bananero a presidente

Si de empresarios bananeros se habla, Jovenel Moïse. Representante de la élite agraria a través de Agritrans, su empresa bananera del noreste, saltó a la presidencia de la nación casi sin experiencia política. En una nación con una democracia más que endeble, el ex músico Michel Joseph Martelly, la presidió hasta 2016: fue el primero que sucede a otro electo también democráticamente. Para continuar su tarea eligió a Jovenel Moïse, quien en 2015, con un 32,81%, ganó unas elecciones empañadas por fraudes, intimidaciones y protestas. Finalmente fueron anuladas.

A la crisis y la violencia social se le sumó la catástrofe del huracán Matthew. Tres intentos de restablecimiento institucional se frustraron hasta que en febrero de 2016 se estableció un gobierno interino liderado por Jocelerme Privert. Nueve meses después, convocó a nuevas elecciones y Moïse ganó en primera vuelta, esa vez con el 55,67%, aunque no sin la mancha de un nuevo fraude: sólo votaron 600.000 en un país de unos 12 millones de habitantes. La validación le llegó un mes después. Asumió en febrero de 2017 con escasa legitimidad y una fuerte oposición. Sus primeras decisiones fueron a la medida del FMI, mientras se sucedían cuatro primeros ministros que el Parlamente no validaba.

Haití nunca dejó de ser un polvorín, pero en 2019 el estallido pareció incontenible y el país cada vez más paralizado. Incluso postergó, con esa excusa las parlamentarias de otoño de 2019: ya en enero de 2020 declaró la caducidad del período legislativo y, desde entonces, gobernó por decreto.

Y luego llegó la pandemia. Justamente hace algo más de un año, llegó un acuerdo con Luis Almagro, para “fortalecer la lucha contra la corrupción en Haití”. Con la aprobación del secretario general de la OEA se lanzó a una reforma de la Constitución, que incluía la posibilidad de volver al sistema presidencial de la era Duvalier y revalidar su mandato. Se ceñía a aquélla primera elección que no le concedió la presidencia y afirmaba que este mandato terminaría en 2022, por lo que promovió una reforma constitucional. Originalmente programada para el 25 de abril, luego el 29 de junio, y ahora sería el 26 de setiembre, siempre fue pospuesta oficialmente por “razones sanitarias y políticas”, aunque la realidad marcaba el contundente rechazo de la población. Ese mismo día habrá legislativas y presidenciales, con una eventual segunda vuelta el 21 de noviembre.

Hace poco, Moïse declaró: “Los oligarcas corruptos acostumbrados a controlar presidentes, ministros, parlamento y poder judicial piensan que pueden tomar la presidencia, pero sólo hay una forma: las elecciones”.

Este lunes había nombrado a Ariel Henry como nuevo primer ministro, el quinto durante su mandato, en reemplazo de Claude Joseph. Pero el martes, Moïse amaneció acribillado. Ahora Henry le reclama el cargo a Joseph, quien asumió ante el magnicidio y decretó el estado de sitio. Haití no tiene paz.

Todavía no empezó la vacunación

El manejo de la pandemia fue otro de los temas muy criticados en los últimos tiempos de Moïse en el gobierno: Haití continúa siendo el único país de América Latina y el Caribe que aún no ha iniciado su proceso de vacunación, incluso cuando el Estado autorizó la importación y distribución privada de vacunas.

Resultó sintomático que el propio gobierno rechazara la oferta de vacunas del mecanismo Covax: le hubieran correspondido AstraZeneca, pero la ministra de Salud Pública y Población, Laure Adrien, argumentó que esa marca no tenía la suficiente confiabilidad. Por supuesto, que toda la oposición opina que fue una treta para beneficiar a los privados, aunque hasta ahora, tampoco pudieron realizar el mentado negocio. En un Haití de unos 12 millones de habitantes oficialmente se detectaron unos 26 mil casos desde que comenzó la pandemia, con el saldo de 471 casos, aunque se duda de las cifras que arroja el gobierno sean las reales.