Tras el informe “Basta ya” publicado en 2013, las entidades de DD HH en Colombia habían oficializado en 26 mil las víctimas de desaparición forzada por causa de la guerra interna. Sin embargo, una nueva estadística del Centro Nacional de Memoria Histórica divulgada esta semana, más que duplicó esa cifra llevando a 60.630 el número desaparecidos en casi 50 años. La amplia mayoría se debe a la acción de grupos paramilitares, y en un escalón inferior, a las guerrillas. En la mitad de los casos se desconoce el autor.

En días en que el gobierno de Juan Manuel Santos negocia en Quito con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentando seguir la senda lograda con las FARC, y cuando el Estado aún no puede controlar la crisis del paramilitarismo (ver aparte), estas nuevas cifras sacuden a las organizaciones por la paz, que auguran que con el avance del acuerdo pacificador y los procesos de la justicia especial (establecida en el pacto) por crímenes de lesa humanidad, esos números “pueden ser más”.

Según los datos actualizados de la CNMH –un organismo público que tiene como objeto reunir y recuperar todo el material documental y testimonios orales relativos a las violaciones de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras–, entre 1970 y 2015 fueron desaparecidas en promedio tres personas cada día. Estos nuevos 34.630 casos fueron documentados gracias a la inclusión de los registros que tiene la Unidad para las Víctimas y otras instituciones gubernamentales, ONG, declaraciones de los actores armados y bases de datos de 102 fuentes sociales e institucionales como periódicos, reportajes audiovisuales, sentencias judiciales, fotografías, entre otros. También se incluyeron casos que habían sido excluidos por falta de información “sobre el victimario o el perfil de la víctima y se extendió el criterio de inclusión a aquellos casos de secuestro que mutaron en desapariciones forzadas porque el perpetrador se negó a dar información de la víctima luego de que se cumplieran o no las exigencias por su liberación”, señala el informe “Hasta encontrarlos”. También aportaron a esta nueva cifra las exhumaciones realizadas por la Fiscalía en fosas comunes de todo el país. Al 1 de junio de 2016, el organismo realizó 6570 exhumaciones, de las cuales identificó 3.075 cuerpos. De ese total, solo 1334 personas habían sido reportadas como víctimas de desaparición forzada.

“La desaparición forzada en Colombia es un crimen de lesa humanidad, que en nuestro país se ha dirigido en primer lugar contra los campesinos, jornaleros, agricultores y obreros”, describe el informe del organismo. “La desaparición forzada asumió también la forma de ejecuciones extrajudiciales conocidas con el nombre de ‘falsos positivos’, que afectó a jóvenes de zonas vulnerables del país, detenidos ilegalmente, asesinados y hechos pasar como miembros de la insurgencia por la acción de agentes corruptos del Estado”, agrega.

El documento revela que en un contundente 51,4% de los casos se desconoce el autor de la desaparición. Del resto, 29.285 casos, el 46,1% corresponde a los grupos paramilitares (13.562); 19,9% (5849), a las guerrillas; 8,9% (2598), a grupos posdesmovilización; el 8% (2368), a agentes del Estado y el 15,9% (4686), a grupo armado no identificado.

De las 5849 desapariciones cometidas por las guerrillas, 4553 no identifican al grupo guerrillero, mientras que 1067 fueron atribuidas a las FARC, 157 al ELN, 21 al EPL y 21 a disidencias guerrilleras.

El avance de nuevos juicios podría arrojar datos sobre esa mitad nebulosa, algo que puede complicar a las fuerzas armadas así como al establishment, según Rodrigo Rojas, de Pax Colombia Sí. “Este país tiene mucho temor a la verdad, que puede conducir hacia sectores del Estado y empresariales que financiaron e instigaron acciones solo para obtener tierras o negocios”, dijo a Tiempo. Pese a que algunos medios locales reflejaron estas nuevas cifras, Rojas lamentó que la sociedad se mantiene apática frente a este drama. Esa indiferencia está señalada en el propio informe: “El reclamo de verdad y justicia de los familiares de las víctimas, no obstante, debería ser una exigencia de nuestra sociedad, que en su mayoría continúa siendo indolente frente a los daños y modos de esta forma de violencia”, dice. «

Paramilitares ocupan zonas abandonadas por las FARC

En su primer informe tras el acuerdo de paz, la Misión de la ONU en Colombia advierte que «algunos grupos armados, paramilitares o de otro tipo se mueven hacia zonas abandonadas por las FARC-EP, donde quizás puedan intentar establecer violentamente su control». El documento, presentado el miércoles por el secretario general, António Guterres, alerta sobre un grave problema que en los últimos meses cobró magnitud con la matanza de cientos de dirigentes sociales a manos de estos grupos. La Misión, instalada desde enero de 2016, reconoce la buena voluntad del gobierno y las FARC en el acuerdo alcanzado, pero no esquiva las «dificultades iniciales en la aplicación del protocolo de cese al fuego, entre ellas plazos incumplidos, fallas logísticas y grados insuficientes de cumplimiento».

El gobierno, en tanto, continúa en proceso de negociación de paz y cese del fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una mesa instituida en Quito, Ecuador, que aún no puede pasar a la fase pública por la condición impuesta por el presidente Juan Manuel Santos: que el ELN libere dirigente político chocoano, Odín Sánchez.