La Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría opositora, rechazó por quinta vez la extensión del decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción que emitió el presidente Nicolás Maduro, en una áspera sesión que se produjo un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destacara que ese organismo no puede hacerle juicio político al mandatario porque esa figura no está contemplada en la Constitución.

El rechazo al decreto presidencial fue porque la oposición considera que en los diez meses que tiene de vigencia, la crisis del país empeoró y porque, supuestamente, la medida viola la Constitución.

La bancada oficialista alegó que la oposición tiene un discurso parlamentario contrario al que mantiene en la mesa del diálogo político que se inició el pasado 30 de octubre entre el Gobierno y sus adversarios.

“Maduro ha usado este decreto para hacer todo lo contrario: lejos de resolver los problemas, lo que ha venido es agravar la grave crisis económica que ha generado por su incapacidad y la corrupción de su gobierno”, dijo Alfonso Marquina, diputado de la Unidad Democrática en su intervención.

A su turno, el chavista Hugbel Roa afirmó que hoy más que nunca este decreto “es fortaleza para la batalla del gobierno y de todo el país para superar el fracaso del modelo rentista”.

Gracias al Decreto de Emergencia Económica hemos podido mantener la paz en el país”, acotó.El plenario tuvo su momento más tenso cuando el opositor Rafael Guzmán y el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, protagonizaron una disputa y estuvieron a punto de llegar a los golpes.El “encontronazo” se registró cuando Rodríguez subió a la tribuna de oradores para reclamarle a Guzmán, quien llamó “vampira” a Tania Díaz, diputada del oficialismo.

“Cálmate vampira, cálmate”, dijo Guzmán en medio del debate a Díaz, quien le gritaba durante su intervención. De inmediato, Rodríguez le increpó: “¿Qué fue lo le dijiste? Repite lo que le dijiste. Ella es una dama, respeta a las mujeres”.

Durante el impasse una persona que no pudo ser identificada le tiró agua a Rodríguez, mientras entre gritos y empujones, diputados de ambos bloques intentaban separar a sus colegas.

Maduro prorrogó el domingo pasado el decreto sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional.

El llamado Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica fue rechazado por el cuerpo desde que Maduro lo declaró en enero pasado, pero el TSJ ha ratificado su “constitucionalidad” tras cada prórroga.

La justicia venezolana prohibió este martes a la Asamblea Nacional hacer un juicio al presidente Nicolás Maduro bajo el cargo de ser responsable de la crisis política y económica, reavivando la pugna de poderes en el país.

La sentencia fue difundida tres días después de que delegados del gobierno y la oposición convinieran, en una mesa de diálogo sobre la crisis instalada con acompañamiento del Vaticano, trabajar por la “normalización” de las relaciones entre los poderes públicos.

La Sala Constitucional del TSJ ordenó al legislativo, de mayoría opositora, “abstenerse de continuar con el pretendido juicio político” contra el mandatario, según un fallo difundido en la página oficial del órgano estatal.

El TSJ recordó que la figura del “juicio político” no está establecida en la Constitución.

Minutos después del anuncio, Maduro lo celebró. “Excelente. El sistema constitucional e institucional de Venezuela esta funcionando muy, muy, pero muy bien; funcionando de manera fluida”, expresó el gobernante en su nuevo programa musical de radio, ‘La hora de la salsa’.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rompió 17 años de hegemonía chavista en el legislativo cuando tomó el control del hemiciclo en enero pasado, tras su triunfo en las elecciones de diciembre de 2015. Desde entonces, casi la totalidad de sus decisiones ha sido anulada por la justicia.

¿Regreso a las calles?

Al fallar sobre un recurso de amparo que presentó la Procuraduría, el TSJ prohibió también al parlamento “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos”.

La MUD puso fin a una tregua que dio al gobierno en el marco del diálogo y adelantó que retomará, en paralelo a las negociaciones, la estrategia de presión que lanzó tras la suspensión, el 20 de octubre, de un proceso de referendo revocatorio con el que buscaba sacar a Maduro del poder.

La alianza hizo el anuncio tras una lluvia de críticas de sus integrantes por no lograr en las conversaciones el compromiso de reactivar el referendo o un adelanto de elecciones como salida a la crisis. Una lluvia de críticas que pone de manifiesto las diferencias entre los distintos partidos que conforman la oposición y explica el hecho de que solo encuentran acuerdos cuando endurecen posiciones contra el oficialismo.

La MUD había suspendido una marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores y postergado el juicio parlamentario contra Maduro para establecer la responsabilidad del mandatario en la crisis y declararlo en “abandono del cargo”.

“¿En qué contribuye esto cuando dimos un paso atrás para diferir el punto, diferir la marcha y darle una oportunidad al diálogo?”, protestó en la red social Twitter el segundo vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla.

La oposición, que acusa al poder electoral y al TSJ de estar al servicio del chavismo, consideró que la decisión judicial es inconstitucional.

Es “absolutamente nula”, aseveró el presidente del parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, en Twitter. La Sala Constitucional del TSJ “podrá dar instrucciones a su pandilla de lacayos, pero no a la Asamblea Nacional electa por el pueblo”, agregó con su habitual verbo encendido.

Pero el TSJ ratificó que todas las acciones del legislativo son “nulas” tras haberlo declarado en desacato en agosto pasado por juramentar a tres diputados opositores, cuya elección fue suspendida por acusaciones de fraude del oficialismo.

En la sesión legislativa de este martes, los tres asambleístas pidieron ser desincorporados, con la condición de que el caso se resuelva con celeridad.