«Nos ha dado mucho en qué pensar y nos tomaremos nuestro tiempo para tomar nuestra decisión». Las palabras de Ian Burnett, uno de los dos jueces de la audiencia de apelación de Estados Unidos sobre la extradición de Julian Assange, no debieron sonar tranquilizadoras para el creador de WikiLeaks. Porque pueden significar que la corte londinense espere la ocasión política más propicia para cumplir con la voluntad de Washington de tener entre rejas –sus rejas– al periodista que difundió millones de documentos que prueban crímenes de guerra cometidos en Irak, Afganistán y Guantánamo, actos de corrupción que involucran a dirigentes políticos de EE UU, entre ellos la excandidata Hillary Clinton, y las herramientas informáticas que utilizan ilegalmente agencias de inteligencia para la vigilancia global.
La audiencia había sido solicitada por el gobierno de Estados Unidos luego de que en un primer debate sobre la extradición, la jueza Vanessa Baraitser, en enero pasado, rechazara la demanda de extraditar al australiano de 50 años tras un informe psiquiátrico que determinó el peligro para su salud de padecer las inhumanas condiciones del sistema penitenciario estadounidense. El fiscal de ese país James Lewis dijo que no era creíble el informe médico y que EE UU se compromete a llevar a Assange a una cárcel con todas las garantías.


Si bien Assange es extranjero, los tribunales de EE UU lo acusan de 17 cargos por la Ley de Espionaje y sus abogados saben que en la práctica ya está condenado. Es que el llamado «Tribunal de Espionaje», en el que se juzgan delitos contra la seguridad nacional, está ubicado en Alexandría, Virginia, donde el 85% de los residentes trabaja en las agencias de inteligencia (CIA o NSA), o las secretarías de Defensa y de Estado. Según las normas estadounidenses, el jurado estará integrado abrumadoramente por personas que no podrían ser imparciales, aunque se lo propusieran.


Pero a medida que avanza el caso resulta más que claro que EE UU logró torcer el eje del debate en torno a WikiLeaks y Assange de manera asombrosa. Consiguió que los medios dominantes lo catalogaran de un simple hacker, que lo acusaran de haber violado a dos jóvenes –que nunca presentaron cargos en su contra–, de ser narcisista e inescrupuloso.

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Esos mismos medios que en noviembre de 2010 destilaron agua bendita en sus páginas publicando las revelaciones de WikiLeaks (El País de España, Le Monde de Francia, The Guardian de Gran Bretaña, The New York Times de EE UU, Der Spiegel, de Alemania), y que entonces habían incrementado sus tiradas con los secretos más incómodos que los gobiernos de Occidente querían ocultar, cambiaron el enfoque hacia la ética del periodista.


Un camino inverso busca el Tribunal de Belmarsh, que unos días antes de esta audiencia reunió a varios referentes internacionales para debatir los crímenes cometidos por el gobierno de EE UU en Asia y las torturas en la base de Guantánamo. Bautizado con el nombre de la prisión de máxima seguridad donde está alojado Assange, emula al tribunal impulsado por los filósofos Bertrand Russel y Jean Paul Sartre que en 1967 juzgó en Estocolmo y Copenhage a Washington por la guerra de Vietnam.


Reunidos en la Church House, el hogar de la iglesia anglicana, en el extremo sur de la Abadía de Westminster donde se congregaba el Parlamento durante la Segunda Guerra Mundial y se realizó la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el acto contó con la conducción del filósofo croata Srećko Horvat y la participación presencial del exlíder laborista Jeremy Corbyn, el escritor Tariq Ali, el periodista Ewen MacAskill, y de manera virtual el expresidente Rafael Correa, Daniel Ellsberg –quien en 1971 reveló los Papeles del Pentágono, la gran filtración sobre Vietnam– y el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, entre otros.


Hubo coincidencia en que Assange no solo no debe ser extraditado sino que debe ser liberado en forma inmediata. No fue él quien cometió crímenes, fue solo el mensajero de documentos que recibió de personas con acceso a esos archivos que no toleraban la forma en que su gobierno se maneja en el mundo. Y que una condena al periodista australiano es una condena a la libertad de prensa de funestas consecuencias para la declamada democracia occidental. «