Pese a la vigencia de los Acuerdos de Paz y las restricciones por el Covid-19, Colombia vivió este 2020 uno de sus años más violentos con asesinatos casi a diario. Para Hasan Dodwell, director de la organización británica Justice for Colombia (JFC), “las cifras son muy alarmantes y muestran cuán extrema es la situación” en el país sudamericano. “La ONU habla de 66 masacres y de hasta 120 defensores de los Derechos Humanos asesinados este año. Y son cifras muy conservadoras. Indepaz, en cambio, ha registrado 90 masacres en las que fueron asesinadas 335 personas”, explicó.

El activista por la paz destacó además que se “puede hablar de 249 excombatientes de las FARC asesinados después del Acuerdo de 2016, es decir, que formaban parte del proceso de reintegración”.

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Dodwell, graduado en Estudios de Guerra por el King’s College de Londres, dijo que hoy “la violencia está más dispersa” que en la década de 1990, cuando “había un grupo unificado como las Autodefensas Unidas de Colombia, con vínculos muy claros con elementos del Estado”. De tal manera, aseguró que con “la firma del Acuerdo de Paz, las FARC se fueron de las zonas que controlaban. El Estado no hizo suficiente para entrar en estas zonas. Regiones muy amplias fueron descuidadas y ahí entraron grupos armados diferentes”, dijo.

Esta situación “ha aumentado las disputas” entre “grupos guerrilleros como el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares de derecha, más responsables por la violencia, como el Clan del Golfo”. Estos grupos “compiten por control del territorio y por negocios como el de la cocaína”. “Hay mecanismos dentro del Acuerdo de Paz para responder a los sucesores del paramilitarismo. Pero la respuesta del gobierno es insuficiente”, dijo Dodwell.

JFC fue creada en el año 2002 por el movimiento sindical británico y de Holanda. La idea es una campaña permanente para impulsar la paz y los DD HH en Colombia. “Establecimos contacto con parlamentarios de los dos países y así mantener al máximo la presión sobre el gobierno británico y el holandés para hablar con el colombiano de la violación a los DD HH”. La estrategia consiste en presionar a las instituciones colombianas. “Que no solo escuchen la voz del gobierno que dice que todo está bien, sino que se escuche la voz de Indepaz, de las organizaciones sociales, de los congresistas que defienden la paz. La idea es que los parlamentarios y sindicalistas puedan ver de primera mano lo que sucede en Colombia”.