Los teléfonos del presidente de España, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron hackeados con el software Pegasus, una noticia que se dio a conocer después de que dirigentes catalanes denunciaran un esquema de espionaje masivo a figuras del independentismo con el mismo programa. El gobierno catalán, los partidos que respaldan a Sánchez en el Congreso y sus socios de coalición de Unidas Podemos pidieron la renuncia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia y de la propia Robles, que había llegado a justificar el llamado Catalán Gate.

Pero Sánchez blindó a Paz Esteban, número uno del CNI, y a su ministra, bloqueó la creación de una comisión parlamentaria para investigar el caso Pegasus y el gobierno se limitó a señalar un “ataque externo”, sin precisar si se refería a un país o a una red clandestina dentro del Estado. Lo que sí confirmó es que el teléfono del presidente fue infectado dos veces en mayo de 2021, el mismo mes en que se hackeó el de la entonces canciller Arancha Gonzáles Laya, y el celular de Robles, en junio. La poca información oficial alimentó las especulaciones.

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La plataforma de medios Forbidden Stories, Amnistía Internacional, la organización por los derechos digitales Access Now y Citizen Lab, un proyecto de la Universidad de Toronto, vienen revelando desde julio pasado una serie de presuntas intervenciones a los teléfonos de miles de políticos y periodistas en decenas de países. Todos usaron el software espía desarrollado por la empresa israelí NSO. Y uno de los compradores de Pegasus es Marruecos, que al momento del espionaje a Sánchez y sus ministras estaba al borde de la ruptura con España.

De hecho, Forbidden Stories y Amnistía señalaron que los teléfonos de Emmanuel Macron y políticos y militares argelinos fueron interceptados con Pegasus, capaz de acceder a mensajes de texto, mails y fotos, y de activar a distancia las cámaras y micrófonos de los celulares, y apuntaron a Marruecos. “La diferencia es que el gobierno español ha admitido que se le ha espiado. La confusión genera la posibilidad de marcar distancias con el PSOE y con el gobierno, desde un punto de vista electoral”, asegura Jaime Ferri Durá, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, sobre los efectos políticos del caso.

“Esto explica que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pida un adelanto de elecciones. Otros partidos piden dimisiones. Todo para marcar posiciones. El gobierno también, que ahora dice que se ha producido un agujero en la seguridad”, continúa. Es que Unidas Podemos, socios de Sánchez en el gobierno, sospecha de las “cloacas del Estado”, como se conoce a los organismos o células estatales que operan al margen de la ley. 

Esteban admitió el jueves ante la comisión de Gastos Reservados del Congreso que el CNI espió de forma “legal” a algunos de los catalanes del informe de Citizen Lab y encendió la furia de los partidos independentistas. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, uno de los espiados, pidió a Sánchez que asumiera responsabilidades. Se trata de un escenario complicado para el presidente, porque una de sus promesas era acercarse a Cataluña después del fallido referéndum secesionista de 2017.

Los socios de Sánchez “saben que si se adelantan las elecciones y gana el PP es mucho peor para ellos, pero en ocasiones se va a estrategias de cuanto peor mejor, que habían sido abandonada por líderes independentistas”. “Lo que hacen ahora es apretar para que su electorado no se distancie. Todo es especulativo”, indica Ferri Durá en relación con Esquerra Republicana (ERC), el partido de Aragonès y también un aliado clave del PSOE en el Congreso.

El caos beneficia al PP, que se recuperó en tiempo récord de la crisis interna que terminó con la renuncia de su anterior líder, Pablo Casado, y esta semana repuntó en las encuestas. Si las elecciones se celebraran hoy, los populares podrían formar gobierno con la ultraderecha de Vox y otros partidos menores. Sánchez apenas tiene margen para perder apoyos en el Congreso y seguir profundizando las diferencias con Unidas Podemos. Además, el 19 de junio se celebran elecciones regionales en Andalucía, donde el PP se haría más fuerte y acordaría con Vox en caso de necesitar sus votos.

“Toda la situación desmoviliza al votante del PSOE, UP y los partidos independentistas, nacionalistas, de distinto origen y lugar, que han apoyado al gobierno. Eso crea un mar de confusión, donde solo salen ganando los que menos responsabilidad tienen”, sostiene el profesor. “Entre el PP y Vox suben ambos. El PP tiene un líder con el que su electorado tradicional se puede identificar mejor”, agrega.

La especulación en torno a elecciones anticipadas es una costumbre en España, o un “constante revival electoral”, según Ferri Durá, ya que “se pone en tela de juicio todo para deslegitimar al otro y ganar adeptos”. Pero dada “la estructura social y territorial” del país los gobiernos deben ser de coalición, apunta. Mientras todo esto ocurre, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, busca organizar un espacio progresista alternativo al PSOE, aunque con resistencias dentro de Unidas Podemos.  

El académico de la Complutense ve viable el proyecto de Díaz, pero aclara que “es dentro de UP que deben ponerse de acuerdo sobre el liderazgo del futuro frente de izquierda”. “Esta guerra tiene que ver también con las posiciones de cada uno. A Pablo Iglesias no le parece bien que Díaz intente construir un proyecto más personal donde UP tenga menos peso y él tenga un protagonismo más indirecto. Debieran ser cuidadosos, porque se han cargado mucho ese proyecto”, advierte. En todo caso, el espionaje parece haber acelerado las tensiones que recorren desde hace años la política española.