Protagonistas de un gran salto en las regionales del domingo en Castilla y León, el partido de extrema derecha Vox exige entrar en el gobierno regional, un hecho inédito que podría alterar el tablero político en España, a menos de dos años de las elecciones generales.

«Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno», sentenció con solemnidad la noche del domingo el líder nacional de la formación ultranacionalista, Santiago Abascal. Los electores «han hablado y nosotros exigimos respeto al veredicto del pueblo soberano», prosiguió.

El Partido Popular (PP, conservadores) ganó los comicios anticipados, con 31,4% de los votos, pero fracasó en su intento de obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Con 31 de los 81 escaños del Parlamento regional, el PP depende de Vox -que pasó de 1 a 13 escaños al obtener 17,6% de los votos- si quiere conservar el poder en este feudo que dirige desde hace 35 años.

Los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quedaron en segunda posición con 30% de los votos y 28 escaños.

Laboratorio

En este país muy descentralizado donde las regiones poseen amplias competencias, la entrada de Vox en un ejecutivo regional por primera vez tendría fuertes implicaciones políticas a menos de dos años de las próximas legislativas, previstas como muy tarde para principios de 2024.

Castilla y León podría servir de «laboratorio» a Vox, que promueve la derogación de leyes contra la violencia machista o rechaza medidas para rehabilitar a víctimas de la dictadura franquista, en palabras de Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Marginal hasta ese momento, Vox generó en 2018 un terremoto  político cuando entró con fuerza en el Parlamento de Andalucía (sur), bastión histórico de la izquierda y la región más poblada del país.

Era la primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y el restablecimiento de la democracia que un partido de extrema derecha obtenía escaños en un Parlamento regional.

Pero en Andalucía y en la región de Madrid, Vox se contenta con apoyar los gobiernos regionales del PP sin formar parte de ellos.

A nivel nacional, Vox se convirtió en la tercera fuerza política en el Parlamento español en las legislativas de 2019, con 52 de los 350 diputados.

Sondeos recientes muestran que sigue subiendo y dibujan la posibilidad de que en las próximas legislativas PP y Vox sumen una mayoría absoluta que les permita formar gobierno.

En las manos de Vox

El actual presidente regional de Castilla y León, el conservador Alfonso Fernández Mañueco, había convocado las elecciones anticipadas del domingo tras romper con sus aliados centristas de Ciudadanos, con la esperanza de reforzar su mayoría en el Parlamento regional.

«El PP ha ganado las elecciones pero ha perdido la posición, quedando en manos de Vox», resumió la politóloga Cristina Monge. Una idea repetida este lunes por periódicos españoles como El País.

«Al PP no le queda más remedio que dar espacio a su principal rival dentro de la derecha», estimó a la AFP Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Una perspectiva que en principio parece querer evitar a toda costa la dirección nacional del PP, si bien Alfonso Fernández Mañueco descartó este lunes hablar de «líneas rojas» ante la perspectiva de un posible acercamiento a Vox.

«El objetivo es tener un gobierno del PP» en Castilla y León porque los «gobiernos de coalición no han traído más estabilidad, sino todo lo contrario», dijo el número 2 del PP a nivel nacional, Teodoro García Egea.

Asociarse con Vox podría convertirse en un problema para el PP ya que no le permitiría «tejer alianzas a su vez con los partidos nacionalistas moderados», tanto a nivel regional como nacional, opinó Pablo Simón.

Y para Paloma Román, un eventual gobierno regional de PP y Vox podría tener como efecto que los propios electores apliquen un «cordón sanitario» contra la extrema derecha, cuando vean que su programa comienza a aplicarse.